Coinmotion lanza el ‘Observatorio Coinmotion de Criptoactivos’ en el que, uno de sus primeros estudios, se centra en analizar la trasposición de la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España, así como su implementación en otros países de Europa.
La regulación de la industria de las criptomonedas ha sido uno de los grandes hitos del sector durante el primer semestre del 2020, principalmente gracias a su inclusión en la Quinta Directiva o AMLD5 contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. Esta ha entrado en vigor en los 28 Estados miembros de la Unión Europea y se ha convertido en Ley desde el pasado 10 de enero.
Esta directiva tiene sus inicios en el año 1991, cuando la Comisión Europea creó la Primera Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (anti-money laundering) y en el 2005, incluyó la financiación al terrorismo. No fue hasta la quinta versión, cuando se mencionó y reguló a los proveedores de servicios de "Moneda virtual" por primera vez. Esta nueva actualización tiene como objetivo principal acabar con el anonimato en el mercado de las criptodivisas y así evitar que se utilicen para actividades ilícitas.
La Quinta Directiva introduce el primer marco regulatorio común para las plataformas de servicios de criptomonedas en Europa y elimina algunos de los arbitrajes regulatorios que han existido entre los Estados miembros en el pasado.
La respuesta de Europa para regular la industria de las criptomonedas está recopilada en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la inclusión del sector de la criptomoneda en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
y financiación del terrorismo. Además, incluye la identificación de los clientes (Know your client) para evitar acciones ilícitas, como el lavado de dinero. Esta nueva obligación no tomó por sorpresa a los Estados miembros, ya que en su momento la Comisión Europea había anunciado nuevas medidas tras los “Papers de Panamá” en el 2016.
Sin embargo, esta no es la primera vez que se implementan estándares similares en países como Estados Unidos y Japón. Muchos exchanges globales como Bitfinex y Coinbase ya han implementado un estándar basado en el modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional y en algunas de las legislaciones regionales. El alcance global del GAFI abarca los países y bases de datos más grandes en la industria de las criptomonedas.
Algunos de los proveedores de servicios aún realizan ventas a domicilio, pero el margen de maniobra para la prestación de servicios transfronterizos desde jurisdicciones offshore está disminuyendo a medida que las normas regionales se están unificando gradualmente dentro de los Estados miembros del GAFI.
¿Cómo afecta la Quinta Directiva al sector cripto?
La AMLD5 afecta a dos tipos de proveedores de servicios en este sector. Por un lado, aquellos que permiten el intercambio entre criptomonedas y monedas fiduciarias (divisas tradicionales). Y, por el otro, los que facilitan monederos de custodia de monedas virtuales, donde se incluye servicios para guardar-proteger las claves privadas en nombre del cliente, que permiten almacenar, recibir y enviar criptomonedas.
En definitiva, todos los proveedores de servicios de criptodivisas con sede en la Unión Europea o que ofrezcan servicios transfronterizos a los Estados miembros están obligados a cumplir con la Normativa 3 de la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales (AML) y con la Identificación de los Clientes (KYC). Además, se debe solicitar un registro nacional de acuerdo con las normativas y estándares establecidos por los reguladores y la legislación nacional de cada país.
La mayoría de los Estados miembros de la UE ya han presentado las normas específicas para los períodos de registro y transición como Finlandia, Países Bajos, Alemania, Francia, Noruega, Estonia y el Reino Unido. Sin embargo, durante el 2020 se llevarán a cabo la mayoría de los cambios en toda Europa. De hecho, estos cambios ya están teniendo algunas implicaciones para la industria, ya que algunos de los pocos servicios domiciliados en Europa han anunciado el cierre de sus servicios.
Mientras que la legislación establece requisitos más estrictos para este tipo de empresas, la creación de un marco legal en torno a las criptomonedas también aporta muchos beneficios.
La aparición de ciertos estándares en el sector brinda seguridad a los usuarios finales ya que las empresas necesitan cumplir con altos requisitos para poder ofrecer sus servicios. Además, la nueva situación legal facilitará potencialmente la colaboración entre los proveedores de servicios de criptomonedas y los bancos.
En el pasado, muchos de estos proveedores han tenido problemas para abrir y mantener cuentas bancarias, ya que los bancos se han referido a la naturaleza no regulada del sector y a conceptos erróneos relacionados con las criptomonedas. Como resultado, para muchas empresas era casi imposible poder operar con normalidad.
El marco regulatorio permitirá a los institutos burocráticos confiar en las empresas de criptomonedas de la misma forma que cualquier otro negocio legal y abrirá la puerta a una mayor colaboración entre los diferentes operadores financieros.
Radiografía de la Quinta Directiva en Europa
A continuación, explicamos la situación de la Quinta Directiva en algunos países destacados de la UE:
ESPAÑA: a día de hoy, en España todavía no se ha aplicado. De hecho, hasta que no salga adelante el nuevo Anteproyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales no se sabrá si la entidad competente será la CNMV o el propio Banco de España.
FINLANDIA: la Ley de Proveedores de Servicios de Moneda Virtual (572/2019) entró en vigor el 1 de mayo de 2019 y a finales del mismo año ya había varias empresas registradas oficialmente a través de Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) como proveedores de servicios de criptomonedas, entre ellas, el grupo Coinmotion.
Finlandia fue uno de los primeros países de Europa en implementar la directiva en la legislación nacional de proveedores de servicios de criptomonedas a partir del 1 de noviembre de 2019, solo los VASPs (Virtual Asset Service Provider) que cumplan los requisitos previstos podrán realizar actividades en el país.
Los VASP deben tener, entre otras cosas, prácticas y políticas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, realizar el KYC, un monitoreo continuo y salvaguardar los fondos de los clientes de manera fiable.
Según FIN-FSA, en noviembre de 2019, cinco proveedores de servicios de criptomonedas se habían registrado con la autoridad: LocalBitcoins, Northcrypto, Coinmotion, Prasos Cash Management y Tesseract Group.
FRANCIA: la entidad encargada de regularlo es la France Autorité des Marchés Financiers (AMF). 4
En este país el regulador está desarrollando un marco de licencias con una serie de características opcionales de acuerdo con su proyecto de ley PACTE (Plan de Acción para el Crecimiento y la Transformación Empresarial).
El registro AMF es obligatorio para los proveedores que ofrecen servicios de custodia a terceros o realizan transacciones en exchanges de cripto a fiat.
ALEMANIA: la entidad de supervisión financiera encargada de regularlo es el BaFin. Las empresas de cripto que operen en el país deben estar registradas desde el 1 de enero de 2020. Sin embargo, el dinero electrónico no se define como un criptoactivo.
En Alemania, los requisitos para obtener la licencia son: contar con un capital inicial de 125.000€, el equipo directivo debe tener suficiente experiencia y ser responsable, la empresa debe tener una organización estructura adecuada (esto incluye las normas aplicables a la subcontratación y la gestión de riesgos, así como la seguridad informática que se aplican a los bancos y otras empresas de inversión) y ciertos requisitos de notificación (si el capital cae por debajo de ciertos umbrales o si los directores generales renuncian o son nombrados).
En cuanto a cierres de empresas debido a la nueva normativa, cabe destacar que BaFin cerró los cajeros automáticos de criptomonedas de la empresa polaca Shitcoins Club.
PAÍSES BAJOS: el Banco Central Holandés propuso una tarifa de licencia por país para los proveedores de wallets de custodia o para empresas que actúan como exchanges de cripto en o desde los Países Bajos.
Esta licencia podría costar hasta 150.000€ para cumplir con la WWFT (ley AFT/CFT holandesa).
El 21 de abril de 2020, el Senado holandés adoptó una propuesta legislativa que implementaba la Quinta Directiva y que entró en vigor el 18 de mayo, fecha antes de la cual los proveedores de servicios cripto del país debían solicitar el registro en el Banco Central Holandés.
Un ejemplo de empresa que se vio afectada por la nueva normativa fue Deribit, que trasladó sus operaciones desde los Países Bajos hasta Panamá para ahorrar costes, tiempo y para proteger la privacidad de sus usuarios.
Simplecoin, un grupo de minería creado para descubrir de forma colaborativa nuevas criptodivisas; Chopcoin, una plataforma de juegos de Bitcoin; o Bittr, un servicio de ahorro con Bitcoin, son otros ejemplos de empresas que cerraron debido a la Quinta Directiva.
AUSTRIA: la entidad encargada de regular las criptodivisas y todo lo relacionado con dicho sector es la FMA (Autoridad del Mercado Financiero de Austria).
Desde enero de 2020, todas las empresas que emiten, venden, transfieren e intercambian criptomonedas, deben estar registradas. Las empresas que se registren deben cumplir el due dilligence y presentar informes para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Aquellas plataformas que operen sin licencia podrían enfrentarse a multas de hasta 200.000€.
REINO UNIDO: La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) asumió el 10 de enero de 2020 el papel como principal supervisor de criptoactivos y negocios y actividades relacionados de Reino Unido.
Las empresas del sector que ya estén operando deben registrarse antes del 20 de octubre de 2020 y el coste para obtener la licencia ronda los 6.500$.
Ahora son los responsables de regular los exchange de cripto, los proveedores de servicios de custodia y wallets, los cajeros automáticos de Bitcoin y los emisores de tokens.
En cuanto a empresas afectadas por la nueva normativa, el caso más sonado en Reino Unido fue el de Bottle Pay, empresa de pagos en criptomonedas, que tras cerrar una ronda de financiación inicial de 2M$, anunció que el 31 de diciembre dejaría de operar debido a la presión regulatoria de la UE.
Coinmotion se preparó para los cambios regulatorios con mucha antelación, con el objetivo de evitar cualquier tipo de problema a la hora de adaptarse a los nuevos estándares de cumplimiento europeos. De hecho, antes que entrara en vigor la legislación nacional sobre proveedores de servicios de criptomonedas, Coinmotion obtuvo la Licencia de Institución de Medios de Pago de FIN-FSA y ahora además también está incluida en el nuevo registro VASPs.
Entre sus obligaciones está cumplir con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y realizar un proceso de evaluación y conocimiento del riesgo de los clientes (KYC), anteriormente mencionado, que, a su vez, también requiere identificar correctamente a un usuario para evitar robos o suplantaciones de identidad. De igual forma, se debe realizar una Diligencia Debida de Cliente (del inglés, “Customer Due Diligence”), para protegerse de criminales y personas corruptas políticamente expuestas.
Siguiendo esta normativa, las empresas del sector se convierten en “guardianes” de los puntos donde se convierte la divisa tradicional en criptomoneda o viceversa, lo cual obliga a toda compañía que quiera ofrecer esos servicios a registrarse en las
autoridades competentes de cada estado miembro de la UE donde quieran operar.
Como el servicio principal de Coinmotion es el intercambio bidireccional de fiat a criptomonedas, además de la custodia de criptodivisas y fiat, la Licencia de Institución de Medios de Pago nos permite ofrecer una forma económica para depositar y retirar moneda fiduciaria en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) a través de nuestros socios proveedores de servicios financieros locales.
Coinmotion es ahora el único operador en Europa que ha obtenido tanto la licencia de la entidad de medios de pago como un registro VASP local. Lo cual nos permite proporcionar servicios de criptomonedas locales de confianza y transparentes a todos nuestros clientes.
Una aproximación a la AMLD6
Cuatro meses después de la promulgación de la Quinta Directiva de la Unión Europea, el 12 de noviembre del 2018, el Parlamento Europeo aprobó una nueva normativa adicional para fortalecer la batalla contra el lavado de dinero.
Entre los principales elementos clave de la AMLD6 están la mayor cooperación entre los estados miembros de la Unión Europea e imponer sanciones más severas a quienes se dediquen a estas actividades ilícitas. Además, establece reglas mínimas sobre las responsabilidades penales, normas y pasos a seguir por las instituciones judiciales para aplicar las sanciones necesarias a quienes no la cumplan.
Aunque ahora mismo la prioridad principal es incluir el AMLD5 en todos los países de la Unión Europea, también es cierto que, para el 3 de diciembre del 2020, deben haber realizado la transposición de este nuevo
6 reglamento en los correspondientes ordenamientos jurídicos.
Son pocos los países que han acogido ya el AMLD5, por lo que los departamentos legales y de compliance están luchando con dos grandes desafíos: cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero que
cambia de manera constante y, minimizar los gastos para su correcta implementación.
Esta nueva medida está centrada básicamente en las monedas virtuales, entre las que se encuentran incluidas las criptomonedas, ya que las empresas dedicadas al intercambio de cifrado tienen que seguir todas las regulaciones AML
