Adriana Vergara: "El futuro de la abogacía no será 100% humano ni 100% artificial, será una colaboración inteligente entre ambos"
Voces legaltech: conversamos con Adriana Vergara de Ecolegalia
Hola Adriana, para todos aquellos de nuestros lectores que no conocen Ecolegalia ¿podrías presentárnosla? ¿Qué valor ofrece y a qué perfil de cliente se dirige?
Ecolegalia es un proyecto con triple dimensión que busca integrar tecnología, sostenibilidad y acceso a la justicia ambiental en una sola plataforma. Desde la dimensión tecnológica, busca aplicar IA y tecnología IoT para facilitar la consulta ambiental especializada; realizar automatización de trámites ambientales; generar documentos y procesar datos ambientales en tiempo real. En su dimensión ambiental, promueve el cumplimiento riguroso de la normativa y fortalece la calidad de los estudios ambientales, impulsando un desarrollo más sostenible. Y desde lo jurídico, busca reducir barreras de acceso a la información legal especializada, democratizar el cumplimiento regulatorio y evitar sanciones, contribuyendo a una gestión ambiental más eficiente, transparente y justa.
De esta forma, Ecolegalia tiene el propósito de optimizar la gestión de permisos y licencias ante las autoridades de forma costo-eficiente, reduciendo tiempos y errores humanos que suelen ralentizar los procesos, prevenir la paralización de proyectos por falta de cumplimiento ambiental, y minimizar los costos derivados de incumplimientos normativos o devoluciones de estudios por parte de las autoridades, aplicado en diferentes tipos de sectores como infraestructura, construcción, energía, hidrocarburos, carbono, agroindustria, así como a consultoras y despachos judiciales especializados. Con esta tecnología, buscamos cerrar la brecha entre desarrollo y sostenibilidad, impulsando la materialización de proyectos con una visión responsable y protectora del medio ambiente.
¿De qué manera consideras que la IA puede revolucionar el oficio de los abogados?
Con la irrupción de los sistemas de inteligencia artificial, la transformación de la práctica cotidiana del derecho no solo es inminente y útil: es extremadamente necesaria. Esta revolución tecnológica se traduce en la optimización del recurso más valioso que poseemos los seres humanos: el tiempo. Poder dedicar tiempo de calidad a tareas jurídicas complejas, mientras automatizamos procesos rutinarios como la investigación legal, la redacción de documentos, la revisión y clasificación de expedientes o la transcripción de audiencias, marca un antes y un después en nuestra profesión.
Más aún, la posibilidad que un abogado pueda programar, codificar o entrenar modelos de IA con sus propios datos —de manera sencilla— para obtener resultados precisos en su área del derecho, en la gestión de casos o en el análisis normativo, representa una disrupción profunda. Esto no solo potencia de manera determinante nuestro ejercicio profesional, sino que añade un valor impensado al derecho tradicional, muchas veces estático, petrificado y resistente al cambio. Y, sobre todo, democratiza el acceso a la justicia y a los servicios jurídicos. Pero la revolución y la evolución no pueden ir por caminos separados en el derecho: transformar la profesión con IA exige innovar sin perder la esencia, ni los valores y principios que deben acompañar nuestro ejercicio.
¿Hasta qué punto la IA potencia el conocimiento de los abogados? ¿Los convierte en "abogados aumentados"?
Es una reflexión profunda. En principio, es claro que la IA tiene el poder de transformar al abogado en un “abogado aumentado”, ampliando sus capacidades cognitivas, estratégicas y operativas, en otras palabras, podemos ser más rápidos, más estratégicos, con acceso a información en segundos, capaces de personalizar servicios y de incluso llegar a más personas.
Pero también hay un riesgo real que terminen existiendo muchos “abogados disminuidos”, que dependan ciegamente de la tecnología, pierdan el criterio jurídico, dejen de pensar por sí mismos y se desconecten del sentido humano del derecho. Debemos aprender a sacar el máximo potencial de la IA sin renunciar a nuestra esencia, entendiendo la tecnología como una herramienta al servicio del pensamiento jurídico, no como su reemplazo. No se trata de competir con la máquina, sino ser mejores gracias a ella, sin perder -nunca- el alma de nuestra profesión.
¿Consideras que la IA pone en riesgo el ejercicio de la abogacía? ¿Por qué?
En lo personal, no creo que IA ponga en riesgo el ejercicio de la abogacía como tal, pero sí representa un riesgo real para aquellos profesionales que deciden no incorporar la tecnología a su práctica. El problema no es la tecnología, sino la actitud con la que la enfrentamos. Y esto no es nuevo: ha pasado en todas las revoluciones. Pensemos en la Revolución Industrial: las máquinas no llegaron a eliminar el trabajo humano, pero sí transformaron radicalmente la forma de producir. ¿Qué hicieron los obreros? Aprendieron a usar las máquinas, se adaptaron, y con eso nacieron nuevos oficios.
Con la IA pasa lo mismo. No viene a reemplazarnos —como muchos temen equivocadamente—, sino a potenciarnos. Nos libera tiempo, nos permite enfocarnos en lo realmente importante y abre la puerta a nuevos roles y formas de ejercer el derecho. Viene a transformar desde lo más profundo nuestra profesión. El desafío está en asumir el cambio con apertura mental, responsabilidad y ética. Porque si algo está claro, es que el futuro de la abogacía no será 100% humano ni 100% artificial: será una colaboración inteligente entre ambos, en el cual prevalecerá siempre nuestro rol como intérpretes de la normatividad con sensibilidad humana y agentes éticos en un mundo automatizado.
¿Qué desafíos resaltas sobre la incorporación de IA a la práctica legal?
Uno de los principales desafíos de incorporar IA a la práctica legal es la ausencia de marcos normativos claros y uniformes que regulen su uso en contextos jurídicos sensibles. Mientras la tecnología avanza rápidamente, la normatividad aún no ofrece respuestas contundentes sobre los límites de estas herramientas, especialmente en áreas donde están en juego derechos de rango fundamental.
Otro reto crucial es el de la supervisión detallada de los sistemas de IA y el manejo de datos sensibles y personales de los clientes. En el ejercicio legal, la información que se procesa es altamente confidencial y, sin controles adecuados, su tratamiento automatizado puede vulnerar el deber de reserva profesional, el habeas data o incluso el derecho al debido proceso. A esto se suma el desafío técnico de comprender cómo funcionan los modelos algorítmicos y garantizar su trazabilidad, transparencia y control humano efectivo.
Estos desafíos nos exigen repensar a fondo nuestra práctica profesional. Ya no basta con conocer el derecho sustantivo o procesal: es necesario incorporar criterios de supervisión tecnológica, pensamiento crítico y sensibilidad ética, sin perder de vista habilidades humanas como la asertividad, la comunicación empática y la inteligencia emocional. La incorporación de la IA al mundo jurídico debe garantizar que prevalezca el rostro humano de la abogacía.
¿Qué consejos le darías a nuestros lectores abogados que dudan si incorporar o no la IA en su práctica laboral?
Mi principal consejo es: no le teman a la IA, abracen el cambio. La IA no es una amenaza para nuestra profesión, sino una herramienta poderosa que nos permite liberar tiempo para pensar estratégicamente y aportar valor jurídico con mayor profundidad. En un mundo donde la información es poder, capacitarse en estas tecnologías ya no es opcional, es indispensable. Hoy existen recursos de todo tipo —muchos de ellos gratuitos— que vale la pena explorar.
Las dudas, por supuesto, son comprensibles. Venimos de una tradición jurídica muy conservadora y arraigada a modelos culturales particulares de cada país. Sin embargo, quedarse al margen de esta transformación solo nos aleja de la realidad de algo que ya está cambiando radicalmente la abogacía frente a nuestros ojos. No se trata de delegar el juicio legal a un algoritmo, sino de entender cómo funciona la tecnología para saber cuándo usarla, cómo supervisarla y cuáles límites éticos no debemos cruzar.
La invitación es a asumir un rol activo. Porque los abogados que comprendan la IA y la integren a su práctica con una mirada estratégica, no solo seguirán siendo relevantes: estarán mejor preparados para liderar el derecho del futuro.
En materia de regulación legal de IA, ¿Qué buenas prácticas se están impulsando en Colombia?
Colombia ha avanzado con buenas prácticas en la regulación de la IA, destacándose recientemente con la aprobación del CONPES 4144 de 2025, que establece la Política Nacional de IA basada en seis ejes: ética y gobernanza, datos e infraestructura, investigación, formación de talento, mitigación de riesgos y adopción sectorial. Esta hoja de ruta busca una implementación ética, sostenible e inclusiva de la IA en el país.
En el ámbito legislativo, el Congreso debate más de 10 proyectos de ley sobre IA, y se espera consolidar un proyecto de ley unificado en 2025 para brindar coherencia y seguridad jurídica frente al tema. Además, Colombia adoptó las Recomendaciones de la UNESCO sobre Ética de la IA y firmó la Declaración de Cartagena junto a 15 naciones, reafirmando su compromiso con una IA inclusiva, centrada en el ser humano y en el respeto de los derechos fundamentales.
Además, la Corte Constitucional a través de jurisprudencia se ha pronunciado sobre el uso de IA en la justicia -Sentencia T-323 de 2024- y en línea con esto, el Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PCSJA24-12243 de diciembre de 2024, además de guías y programas de capacitación para fomentar un uso responsable, ético y transparente de la IA en la administración de justicia.
¿Debería existir un marco regulatorio único a nivel internacional en materia de uso de la IA?
Considero que sí, debería existir un marco regulatorio común a nivel internacional sobre el uso de la IA, especialmente en lo que se refiere a principios éticos, protección de derechos humanos, transparencia y gobernanza algorítmica. La IA no reconoce fronteras, y su impacto trasciende jurisdicciones: decisiones automatizadas, uso de datos personales, sesgos algorítmicos, entre otros, son desafíos comunes que requieren mínimos globales compartidos para garantizar un uso y desarrollo responsable.
Sin embargo, ese marco debe ser flexible, adaptativo y respetuoso de las particularidades de cada país, permitiendo que cada Estado lo implemente conforme a sus contextos sociales, económicos y jurídicos. Organismos como la UNESCO, la OCDE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas ya han dado pasos importantes con recomendaciones y principios orientadores. Un marco común ayudaría a evitar vacíos legales, promover la cooperación internacional, y prevenir tanto el abuso de la tecnología como la fragmentación regulatoria que puede afectar la competitividad y los derechos fundamentales.
¿Cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia en caso de hacer uso de la IA? ¿Llegará a sustituir la IA a los jueces?
Uno de los principales retos que enfrenta la Administración de Justicia al incorporar IA es garantizar que su uso no vulnere derechos, no sustituya el juicio humano, no se reemplace la interpretación del derecho y la valoración de las pruebas de acuerdo al contexto, ni ignore el análisis del contexto social, político o económico de cada caso particular. La IA debe ser una herramienta -soporte- para agilizar la penosa congestión judicial que afecta a casi todos los sistemas de justicia en el mundo, clasificar expedientes, priorizar casos, realizar investigaciones jurídicas de precedentes jurisprudenciales aplicables, detectar patrones en decisiones, apoyar en la redacción de textos jurídicos y demás tareas operativas. Es tratar de lograr de forma asertiva y ética con la tecnología que la justicia llegue más rápido a quienes más lo necesitan.
Además, es clave resaltar que muchos sistemas judiciales tienen infraestructuras tecnológicas obsoletas, y los funcionarios no están capacitados para garantizar un uso idóneo de estas herramientas. También está el riesgo del sesgo algorítmico, que puede perpetuar desigualdades -historicas- si no se hace una curación y verificación adecuada de los datos con los que se entrenan estos sistemas.
En cuanto a si la IA llegará a sustituir a los jueces, la respuesta es clara: no debemos permitir que eso ocurra -nunca-. La IA puede complementar su labor, pero nunca podrá reemplazar el razonamiento jurídico, la ponderación de principios constitucionales o la sensibilidad humana que requiere cada decisión judicial.
¿Goza de buena salud el ecosistema legaltech colombiano? ¿En qué situación se encuentra?
El ecosistema legaltech colombiano está en crecimiento, aunque aún enfrenta desafíos importantes para consolidarse como un sector maduro y competitivo a nivel regional. En los últimos años, ha aumentado notablemente el número de emprendimientos jurídicos basados en tecnología, muchos de ellos centrados en la automatización de documentos, la gestión de procesos legales, soluciones para cumplimiento normativo (compliance), marketplaces de servicios jurídicos y el uso de IA aplicada al derecho. Organizaciones como la Asociación Colombiana de Legal Tech (ALTCO) han contribuido a visibilizar y amplificar estas dinámicas, promoviendo alianzas entre el sector legal, tecnológico, académico y empresarial.
No obstante, persisten retos estructurales que limitan su expansión: el acceso restringido a financiamiento para startups legales, la baja adopción tecnológica en firmas tradicionales y entidades públicas, la escasa inclusión de competencias digitales en los programas de formación jurídica y la falta de un marco normativo que impulse y regule la innovación legal.
A pesar de estos obstáculos, la digitalización progresiva de la justicia, el impulso de políticas públicas en la materia, y el interés de las universidades por fomentar la innovación jurídica, ofrecen condiciones favorables para que Colombia se convierta en un referente legaltech en América Latina.
España y Colombia han compartido durante siglos un mismo marco regulatorio ¿debería propiciarse un derecho iberoamericano en materia de regulación de la IA? ¿y en otros ámbitos como la protección de datos personales?
España y Colombia, al igual que muchos países de Iberoamérica, comparten raíces jurídicas comunes heredadas del derecho civil continental. Esa afinidad histórica y lingüística facilita enormemente el diálogo regulatorio. En ese contexto, sí, debería propiciarse la construcción de un marco común iberoamericano en materia de regulación de la IA, al menos en torno a principios fundamentales: ética, transparencia, rendición de cuentas, protección de derechos humanos, y supervisión humana de los sistemas automatizados.
La IA plantea desafíos globales que requieren respuestas coordinadas. Si Iberoamérica logra generar estándares compartidos, no solo ganaría coherencia jurídica, sino también peso internacional en la definición de buenas prácticas tecnológicas.
Esto mismo aplica a áreas como la protección de datos personales, donde algunos países de la región —como España o Brasil— cuentan con marcos más avanzados y autoridades fuertes de supervisión, mientras que otros, como Colombia, operan con normativas en esta materia que aún no están adaptadas ni actualizadas al auge de la IA. Una armonización progresiva permitiría cerrar esa brecha, facilitar la interoperabilidad normativa, proteger mejor a los ciudadanos y fortalecer la competitividad digital y de datos de Iberoamérica.
¿Qué consejos podríamos dar a nuestros lectores abogados españoles que tengan que aplicar el Derecho Colombiano en materia de nuevas tecnologías?
A los abogados españoles que deban aplicar Derecho Colombiano en nuevas tecnologías, les recomendaría partir de una premisa clara: el marco normativo vigente no está plenamente alineado con los desafíos de la IA y la transformación tecnológica actual. Normas como la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales —parcialmente reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto 1081 de 2015—, o la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, siguen vigentes, pero fueron concebidas para contextos analógicos.
Existen otras normas útiles, como la Decisión Andina 486 de 2000 en propiedad industrial, la Ley 1341 de 2009 sobre TIC, o la Ley 2108 de 2021, que declara el internet como servicio público esencial. Sin embargo, el país aún requiere una actualización integral que responda a las exigencias del entorno digital.
Colombia tiene un sistema jurídico constitucionalista, basado en la Constitución de 1991, lo que exige que toda aplicación tecnológica respete derechos fundamentales como el habeas data y el debido proceso. Por ello, es recomendable generar alianzas con expertos locales y seguir de cerca la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, el CONPES 4144 de 2025 y los avances sobre el proyecto de ley unificado sobre IA, que buscan adecuar el marco jurídico a los retos actuales.