Puestas en relación con los datos del primer trimestre de 2019, las cifras de estos tres primeros meses del año ponen de manifiesto que también se redujeron, en un 2,8%, el número de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y ante los juzgados de guardia. Sin embargo, se ha apreciado un aumento del 2,21% en las que fueron acordadas por los órganos judiciales, que representan el 71,68% del total de las solicitadas en el trimestre.
En cuanto a las sentencias, entre enero y marzo los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales dictaron un total de 11.515. Pese a la disminución en un 12,67% del número de sentencias, el porcentaje de resoluciones condenatorias ha sido del 70,13%, un punto y medio más alto que en el primer trimestre del año pasado, que fue del 68,58%, y muy próximo al 70,54% del conjunto de 2019, que marcó un máximo histórico.
Los juzgados registraron 36.185 denuncias por violencia de género
Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron en el primer trimestre de 2020 un total de 36.185 denuncias, un 10% menos que en el mismo trimestre de 2019, en el que sumaron 40.208. Dos de cada tres denuncias (70,82%) fueron presentadas por la víctima, bien directamente en el juzgado (1.094, 3,2%) bien en comisaría (24.534, 67,8%), una proporción que se viene manteniendo estable cada trimestre.
Los familiares de la víctima presentaron 612 denuncias, lo que equivale al 1,69% del total. Si bien sigue siendo una cifra baja, ha experimentado un leve aumento respecto al mismo trimestre de 2019, en el que las denuncias interpuestas por el entorno de la víctima representaban el 1,59% del total.
Desciende el número de víctimas
En el periodo analizado, el número total de víctimas fue de 34.837, un 9,8% menos que en el mismo trimestre del año pasado. La tasa de víctimas de la violencia de género en toda España fue de 14,4 por cada 10.000 mujeres, mientras que hace un año fue de 16,11.
Por comunidades autónomas, la tasa más alta es la de las Islas Baleares, con 20,3 víctimas por cada 10.000 mujeres. También por encima de la media nacional se sitúan Murcia (19,8), Canarias (18,5), Andalucía (15,9), Madrid (15,5) y Cantabria (15,2). Los territorios con una ratio más baja han sido Aragón (8,9), Galicia (9,8) y Extremadura y Castilla y León, ambas con 9,9.
El 10,69% de las víctimas se acogió a la dispensa
Las mujeres víctimas de la violencia machista que se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar fueron 3.723 (10,6% del total), una cantidad muy similar a la del primer trimestre de 2019, en el que fueron 3.759 y representaron el 9,73% del número total de víctimas.
De ellas, 2.319 eran españolas (9,97% del total de víctimas españolas registradas entre enero y marzo de 2020) y 1.404 (12,12% del total de víctimas extranjeras) tenían otra nacionalidad.
Órdenes de protección
Siguiendo la tendencia de este primer trimestre del año, las órdenes de protección tramitadas por los órganos judiciales también han experimentado un descenso. El número total de órdenes de protección solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados de guardia ha ascendido a 10.611, 311 menos que en el primer trimestre de 2019 o, expresado en términos porcentuales, un 2,8% menos. Sin embargo, las órdenes de protección acordadas sumaron 7.607, cifra que representa el 71,68% del total. En el periodo analizado se adoptaron un 2,21% más de órdenes de protección que hace un año.
Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 6.453 órdenes de protección, un 70,7% de las 9.121 que les fueron solicitadas. Por su parte, los juzgados de guardia recibieron 1.490 solicitudes y acordaron 1.154 órdenes de protección (el 77,44%).
En el 52% de los casos, la víctima mantenía una relación afectiva con el agresor (su cónyuge o pareja) en el momento de solicitar la orden de protección.
Memento Experto Violencia Machista
Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección
Los juzgados adoptaron también un total de 18.952 medidas civiles y penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares. De las 15.215 acordadas en el ámbito penal, el 71% (10.862) derivaban de la orden de protección mientras que el 29% restante (4.353) se acordaron como medidas cautelares.
Las medidas penales más frecuentes han sido las órdenes de alejamiento (5.904) y las prohibiciones de comunicación (5.586), que representan, respectivamente, el 76,04% y el 63,43% de las medidas adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer. Las primeras aumentaron un 3,5% respecto a las acordadas en el primer trimestre de 2019; las segundas disminuyeron un 6,9%.
Las medidas civiles acordadas sumaron 3.737, de las cuales 3.557 (el 95%) se acordaron en el ámbito de la orden de protección y las 180 restantes (el 5%), como medidas cautelares. El 19,28% del total de medidas civiles adoptadas estaban relacionadas con la prestación de alimentos y el 16,05%, con la atribución de la vivienda. El 3,44% supusieron la suspensión del régimen de visitas y el 3,36%, la suspensión de la guarda y custodia.
Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron durante el trimestre 28 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio, un 41,6% menos que hace un año.
Siete de cada diez sentencias dictadas terminaron en condena al maltratador
El porcentaje de sentencias condenatorias se ha mantenido en el 70,13%, un nivel muy próximo al del conjunto de 2019, que con un 70,54% alcanzó un máximo histórico. Respecto a hace un año, la proporción ha aumentado un 1,55%.
Los datos aportados por todos los órganos judiciales al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género indican que el total de sentencias dictadas por juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales fueron 11.515. De ellas, 8.075 fueron condenatorias y 3.440, absolutorias.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 87,26% del total de las dictadas (casi un punto porcentual más que en el primer trimestre de 2019); el 73,97% de las dictadas por las audiencias provinciales (un 8,55 menos que hace un año) también fueron condenatorias.
El porcentaje más bajo se dio en los juzgados de lo penal, con un 58,54% de condenas (un 1,21% más).
• Juzgados de Violencia sobre la mujer
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron un total de 1.576 juicios sobre delitos leves entre enero y marzo, 311 menos (16,4%) que en el mismo periodo de 2019. El 41% del total de juicios celebrados fueron de enjuiciamiento inmediato y en el 84% de los casos, por delitos de injurias y vejación injusta.
Estos juzgados ingresaron en el trimestre 49.331 asuntos penales, un 4% menos que entre enero y marzo de 2019, cuando recibieron 51.568 asuntos. Los delitos que centran la mayor parte del trabajo en estos juzgados vuelven a ser los de lesiones y malos tratos del art. 153 del Código Penal, que representan el 50,9% de los delitos instruidos, y los de lesiones y malos tratos del art. 173 del Código Penal, que representan el 12,5% del total.
Un total de 4.652 personas fueron enjuiciadas por estos órganos judiciales. De ellas, 4.642 fueron hombres y 10, mujeres.
El número de sentencias dictadas por estos juzgados asciende a 4.606 (un 8,3% menos que hace un año). De ellas, 4.019 (87,26%) fueron condenatorias y las 587 restantes, absolutorias.
Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan también demandas civiles –en su mayor parte divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el trimestre analizado, estas demandas sumaron 5.248, una cantidad muy baja en relación con el número de asuntos penales instruidos por estos mismos órganos judiciales.
• Juzgados de lo Penal
Los juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, recibieron en el trimestre 6.968 asuntos (un 9,5% menos que en el mismo periodo de 2019) y resolvieron un total de 7.046.
Estos órganos dictaron 6.836 sentencias, de las que 4.002 (el 58,54%) fueron condenatorias. Si se ponen en relación estos datos con los del primer trimestre de 2019, el número total de sentencias ha descendido en este comienzo del año un 15,1%.
• Audiencias Provinciales
Las audiencias provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas de prisión superiores a cinco años, dictaron 73 sentencias, de las que 54 (el 73,97%) fueron condenatorias. Respecto al mismo trimestre de 2019, el número total de sentencias disminuyó un 29,1%.
• Juzgados de menores
Finalmente, los juzgados de menores enjuiciaron entre enero y marzo de este año a 75 menores de edad por delitos relacionados con la violencia sobre la mujer. La cifra es casi idéntica a la del primer trimestre de 2019, en el que fueron 74 los menores enjuiciados por este tipo de hechos.
Se impusieron medidas (equiparable a una sentencia condenatoria) en 71 casos (el 94,67% del total), de los cuales 62 eran relativos a menores españoles y 9, a menores extranjeros.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
Los datos estadísticos de este primer trimestre de 2020 empiezan ya a reflejar las consecuencias de la declaración del estado de alarma decretado en nuestro país. El descenso de las denuncias interpuestas por violencia de género demuestra la dramática situación que muchas mujeres han tenido que vivir como consecuencia del encierro causado por la crisis sanitaria del COVID-19. Un encierro junto a su maltratador en un lugar -el domicilio- donde se producen habitualmente los hechos delictivos; un escenario del miedo donde se consuman tres de cada cuatro asesinatos y que la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo ha descrito en recientes sentencias.
El confinamiento impuesto ha podido ser la causa que ha hecho aún más difícil para las víctimas poner los hechos en conocimiento de las autoridades.
El descenso de las solicitudes de órdenes de protección y demás medidas cautelares se corresponde lógicamente con la disminución de denuncias interpuestas; y el menor número de sentencias dictadas en esta materia encuentra su explicación en la suspensión de los plazos procesales, aun cuando la actividad jurisdiccional en esta materia fue declarada actividad esencial por el CGPJ.
Ángeles Carmona asegura que, con todo, hay datos que permiten acreditar que el sistema institucional funciona y es cada vez más eficaz: el porcentaje de órdenes de protección acordadas por los órganos judicial sube en relación al mismo trimestre del año anterior y el número de sentencias condenatorias es sensiblemente superior.
