Según consta en el orden del día, la Comisión de Calificación ya ha elevado al Pleno una serie de acuerdos, que se espera que sean ratificados, para seguir aprovisionando dichas vacantes.
Se trata, en concreto, de 16 puestos en el Supremo: 11 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y 5 en la Sala de lo Social, las dos más afectadas por la imposibilidad legal del CGPJ de realizar nombramientos discrecionales estando en funciones.
En la Audiencia Nacional, el CGPJ prevé comenzar por la Presidencia, las presidencias de las salas de lo Penal, lo Social, lo Contencioso-Administrativo y Apelación.
En cuanto a los TSJ, la Comisión de Calificación envía 20 acuerdos para la provisión de plazas, incluidas varias presidencias, en los de Aragón, Asturias, Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia, País Vasco, La Rioja, Castilla La-Mancha y Castilla y León.
Por último, se propone convocar una decena de plazas para cubrir vacantes en las audiencias provinciales de Teruel, Murcia, Lugo, Huesca, Girona, Guipúzcoa, Burgos, Barcelona, Ávila y Álava, incluidas presidencias.
Las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press indican que se trata de un primer gran bloque destinado a ir proveyendo las 111 vacantes que la reforma legal aprobada en 2021 para impedir que un Consejo en funciones hiciera nombramientos discrecionales dejó en los altos tribunales.
Cabe recordar que el CGPJ dio el primer paso para cubrir las vacantes en la cúpula judicial al convocar las plazas para las presidencias de cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo.
Son las presidencias de las salas de lo Civil, lo Contencioso-Administrativo y lo Social, actualmente ejercidas en funciones por Francisco Marín Castán --que se jubila el 10 de noviembre--, Pablo Lucas y Antonio Sempere, respectivamente. También se incluye la de lo Penal, que dirige Manuel Marchena y cuyo mandato expira el 8 de noviembre. Él y Jacobo Barja de Quiroga, de la Sala de lo Militar, son los únicos que ejercen como presidentes titulares tras la crisis de vacantes.
Procesos pendientes
El Pleno del miércoles también estudiará el informe de la Comisión de Calificación sobre la reanudación de la tramitación de los procesos de nombramientos que estaban en marcha y quedaron congelados precisamente por la referida reforma legal.
Según las fuentes consultadas, el informe propone reactivar los procesos pendientes con las ternas de candidatos que ya había y sin que éstos puedan presentar nuevos méritos. Solamente deja abierta la puerta a repetir la entrevista personal.
No obstante, las fuentes del órgano de gobierno de los jueces indican que esto último podría dar lugar a la valoración de nuevos candidatos si ninguno de los ya propuestos se percibe como idóneo.
Asimismo, el informe contempla la obligación de aplicar la Ley de Paridad, que impone que las personas de cada sexo no superen el 60 por ciento ni sean menos del 40 por ciento.
Cómo aplicar la regla de paridad está siendo objeto de debate en el seno del CGPJ, ya que en función del ámbito de acción que se fije --todos los nombramientos pendientes, salas concretas o el conjunto de un tribunal, por ejemplo-- puede quedar diluida.
Las "discrepancias" entre los vocales han llevado a encargar un informe a los letrados del órgano de gobierno de los jueces para arrojar luz sobre este asunto en la convocatoria de las cuatro presidencias de sala del TS.
Sin embargo, las fuentes avanzan que lo decidido para estas cuatro plazas podría marcar el camino para las demás designaciones. Algunos vocales abogan por aplicar el 60-40 en el global de los nombramientos a realizar, mientras que otros creen que debe tenerse en cuenta a pequeña escala.
