El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, inocoó un total de 39 expedientes a lo largo de 2014 -alguno de los cuales se han resuelto en las últimas semanas- que concluyeron con tan sólo 11 sanciones a jueces y magistrados, la mayor parte por retrasos injustificados. La plantilla alcanza los 5.200 efectivos en toda España.
Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, a los que ha tenido acceso Europa Press, la sanción más grave derivada de la actividad del promotor disciplinario durante el pasado año fue la de 3 años de suspensión impuesta el pasado 26 de febrero al juez de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal. El Pleno le castigó como responsable de una falta disciplinaria muy grave relacionada con su participación en los trabajos de redacción de una Constitución para Cataluña.
El resto de sanciones lo han sido por falta muy grave de retrasos, y de este tipo se han impuesto sanciones de un año de suspensión (en dos casos diferentes), una de seis meses, y otra de cinco días de suspensión más una multa de 301 euros, según las mismas fuentes.
Por la misma falta por la que se sancionó a Vidal, la de ignorancia inexcusable en el ejercicio de sus funciones judiciales también se impuso, consecuencia de investigaciones abiertas el pasado año, otra sanción a otro juez aunque de tan sólo tres días de suspensión.
Por lo que se refiere a las multas, el CGPJ impuso un total de cinco a otros tantos jueces y magistrados también por retrasos sen sus juzgados, de 1.200 euros, 600, dos de 500 -una de ellas con advertencia al magistrado- y 150 euros respectivamente.
Ocho aún pendientes
Del total de los expedientes incoados por el promotor, a lo largo de 2014 se concluyeron 31: 11 con sanción, 14 con resolución de archivo firmada por el propio Fonseca-Herrero y otros 6 ara los que éste propuso sanción pero a los que dio carpetazo la Comisión Disciplinaria del órgano.
Los expedientes restantes, que son ocho, aún están pendientes de llegar a su conclusión dentro del plazo de seis meses con los que cuenta el órgano de gobierno de los jueces para tramitar estos asuntos.
La mayoría de investigaciones disciplinarias se han abierto contra jueces de órganos unipersonales, un total de 32 que se reparten entre 8 de Primera Instancia (Civil), 6 de Primera Instancia e Instrucción, 4 de Instrucción (Penal), tres de Juzgados de lo Penal, otros 3 perteneientes a lo Contencioso-Administrativos, 3 de lo Social, 2 de lo mercantil, dos jueces de Paz y un juez de Registro Civil.
A magistrados pertenecientes a órganos colegiados únicamente se les abrieron 7 investigaciones, cinco en audiencias provinciales y dos en tribunales superiores de justicia.
Finalmente, las mismas fuentes señalan que los motivos de dichas investigaciones fueron mayoritariamente retrasos (25 de los expedientes), desconsideración o abuso de autoridad (4), ejercicio de actividades incompatibles con la función de juez (3), inobservancia del deber de abstención (2), ausencia injustificada de su puesto de trabajo (2), ignorancia inexcusable 82) y por dirigir censuras o felicitaciones a otros poderes o autoridades (1 caso).
