En la iniciativa, que recoge Europa Press, se defiende la subcontratación porque permite un mayor grado de especialización, un mejor y más frecuente uso de los medios técnicos, más inversión en nueva tecnología, mayor participación de las pymes y una mayor eficiencia empresarial.
Sin embargo, el texto señala que la generalización de la subcontratación en ciertos sectores de la economía, como el de servicios, obliga a regular jurídicamente la contratación y subcontratación de la propia actividad empresarial para establecer "garantías" para los trabajadores.
Primera propuesta reguladora
La propuesta normativa presentada tiene como objetivo "garantizar que los trabajadores que son subcontratados para realizar servicios comprendidos dentro de la propia actividad del empresario principal tengan las mismas condiciones que tendrían de ser contratados directamente por éste", explica la iniciativa, insistiendo en que la finalidad última es "evitar el agravio comparativo y la desigualdad".
Y, para conseguirlo, se propone obligar a los empresarios que subcontraten servicios que se corresponden con su actividad principal, incluyendo la aportación de mano de obra, a garantizar a dichos empleados que durante el tiempo que dure dicha relación contractual sus condiciones laborales y de empleo serán las previstas en el convenio colectivo de aplicación o, en su caso, las que "tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por el empresario principal".
Entre las condiciones "esenciales", se mencionan las remuneraciones, la cuantía salarial, las condiciones de contratación, el tiempo de trabajo y descanso, la igualdad y la protección de la maternidad, lactancia y paternidad, y frente a riesgos laborales.
