1. Hechos.
Sanoma, empresa editora de la revista Playboy, tenía la exclusiva para la publicación en su edición on line de unas fotografías cuyos derechos había adquirido previamente. La empresa GS Media explota una página web (GeenStijl) con formato de blog/revista digital en la que se publican “novedades, revelaciones escandalosas e investigaciones periodísticas sobre asuntos divertidos y en tono jocoso”. Con carácter previo a la publicación de las fotografías en la página de Playboy, se colgó un link en la página de GeenStijl que conducía a otra página (Filefactory) desde donde se podía acceder a las fotografías en cuestión. Sanoma se dirigió a GS Media advirtiéndole de la ilicitud del contenido al que su página estaba enlazando y requiriéndola para que retirara el enlace, pero la requerida hizo caso omiso. Por el contrario, las fotografías fueron suprimidas en Filefactory.
Sanoma interpuso una demanda contra GS Media alegando que la colocación de enlaces al contenido ilícito, así como una vista parcial de las fotografías, constituía una vulneración de los derechos de autor del fotógrafo – Sr. Hermés- y de la editorial. Las pretensiones de Sanoma fueron estimadas en primera y segunda instancia. El Tribunal de Apelación de Amsterdan consideró que aunque las fotos en cuestión ya se habían difundido con anterioridad en Filefactory, la colocación de los vínculos, unida a la publicación de una vista parcial de las fotografías, incitaba a los visitantes de GeenStijl a tomar conocimiento de las mismas. A falta de estos enlaces, no hubiera sido fácil encontrar dichas fotos.
GS Media recurrió en casación y el Tribunal Supremo de los Países Bajos suspendió el procedimiento para plantear cuestión prejudicial ante el TJ al considerar que no era posible deducir con la suficiente certeza, ni de la sentencia Svensson C-466/12, ni del auto BestWater C-348/13, si existe «comunicación al público» cuando la obra ha sido efectivamente publicada anteriormente, pero sin consentimiento del titular de los derechos de autor.
2. Pronunciamientos.
A través de tres cuestiones prejudiciales el órgano remitente solicita del TJ se pronuncie sobre si el hecho de colocar en un sitio de Internet un enlace que remite a obras protegidas, disponibles libremente en otro sitio de Internet sin la autorización del titular de los derechos de autor, constituye una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE y si el conocimiento por parte del sujeto que coloca el vínculo de que el contenido enlazado no fue autorizado por el titular es relevante para dilucidar tal cuestión.
Pues bien, el TJ llega a la conclusión de que tal conocimiento es determinante para establecer la existencia de un acto de comunicación al público. Para valorar este “conocimiento” el Tribunal distingue dos situaciones que han de recibir diferente tratamiento y que dependen básicamente de si la colocación del hipervínculo se hace o no con un ánimo lucrativo. Cuando se persigue un fin lucrativo, cabe esperar que el sujeto enlazador lleve a cabo las “comprobaciones necesarias” para asegurarse de que la obra enlazada no ha sido puesta a disposición de forma ilegal, estableciendo en tales casos una presunción de conocimiento que deberá ser desvirtuada por el enlazador. Sin embargo, cuando el sujeto que coloca el hipervínculo carece de ánimo de lucro (fundamentalmente particulares) se invertiría la carga de la prueba, ya que puede resultar especialmente difícil y costoso para estos sujetos realizar tales comprobaciones.
En el litigio principal, consta que GS Media actuó con ánimo de lucro al colocar los enlaces a las fotografías de Filefactory y que, en todo caso, fue advertida por Sanoma de la ilicitud de su actuación. En consecuencia, el TJ considera que la colocación de los enlaces por parte de GS Media constituye una comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29.
3. Comentario.
Si en la sentencia Svensson C-466/12 el TJ sorprendió con la introducción del concepto de “público nuevo” como elemento determinante a la hora de calificar un enlace como un acto de comunicación pública, ahora lo hace sin duda con las nociones de ánimo de lucro y conocimiento de la ilicitud. Desde un punto de vista técnico, la resolución es criticable por la vaguedad con que se introducen estos nuevos conceptos y las evidentes dudas interpretativas que surgen a partir de ellos. Sin embargo, quizá era esta la única manera de salvar situaciones injustas sin salirse de la senda previamente marcada en Svensson y evitar que herramientas tan fundamentales para el buen funcionamiento de internet y el libre intercambio de información y opiniones como son los enlaces puedan ser utilizadas, al amparo de la ley y de la jurisprudencia, para beneficiarse ilícitamente del trabajo intelectual de otros.
(Fuente de la información: ANUARIO ELZABURU 2016, recopilatorio de comentarios de jurisprudencia europea en materia de Derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que realiza Elzaburu).
Documento citado:
-Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de febrero de 2014, asunto C-466/12
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
ENGLISH VERSION
Awareness of the unlawful nature of a link as a deciding factor in classing it as an act of communication to the public. Judgment of the Court of Justice of 8 September 2016, GS Media (C-160/15).
1. Background.
Sanoma, the publisher of Playboy magazine, was exclusively authorised to publish a number of photographs in the online edition of the magazine. It had previously acquired the rights to those photographs. GS Media operated a website (GeenStijl), presented in the style of a blog/digital magazine which publishes “news, scandalous revelations and investigative journalism with lighthearted items and wacky nonsense”. Before the photographs were published on the Playboy website, a hyperlink to a website (Filefactory) from which the photographs in question could be accessed was posted on the GeenStijl website. Sanoma warned GS Media that the content to which its website was linking was unlawful and asked it to remove the hyperlink. GS Media nevertheless disregarded that demand. On the contrary, the photographs appearing on the Filefactory website were removed.
Sanoma filed proceedings against GS Media claiming that posting hyperlinks to unlawful content, as well as a cutout of one of the photographs, infringed the copyright of the photographer – Mr. Hermés – and the publisher. Sanoma’s claims were accepted at first and second instance. Amsterdam Court of Appeal considered that even though the photographs in question had already been made public on the Filefactory website, the inclusion of the hyperlinks and the publication of a cutout of one of the photographs encouraged visitors to GeenStijl to view the photographs. Had those hyperlinks not been posted, it would not have been easy to find those photographs.
GS Media lodged a cassation appeal, and the Supreme Court of the Netherlands stayed the proceedings and referred questions to the ECJ for a preliminary ruling on the grounds that it could not be inferred with sufficient certainty from the Svensson judgment C-466/12 or the BestWater order C-348/13 [no English version available] whether there is a ‘communication to the public’ if the work has indeed previously been published, but without the consent of the rightholder.
2. Findings.
By means of its three questions, the referring court asks the ECJ whether the posting on a website of a hyperlink to protected works which are freely accessible on another website without the consent of the copyright holder constitutes a “communication to the public” within the meaning of Article 3.1 of Directive 2001/29/EC, and whether the hyperlinker’s awareness of the fact that the linked content was not authorised by the rightholder is important for the purpose of elucidating that issue.
The ECJ concludes that such awareness is decisive for the purpose of establishing that there is an act of communication to the public. In order to evaluate that “awareness”, the Court identifies two situations that must be addressed differently, basically depending on whether or not the hyperlink is posted for commercial gain. Where a profit-making purpose is pursued, the hyperlinker can be expected to make the “necessary checks” to ensure that the linked work has not been made available illegally, and in such cases there shall be a presumption of awareness that must be disproved by the hyperlinker. Nevertheless, where the hyperlinker does not pursue a profit-making purpose (essentially, where that party is an individual), the burden of proof will be reversed, since it can be particularly difficult and costly for such persons to conduct those checks.
In the main proceedings, it was established that GS Media had pursued a profit-making purpose by posting the hyperlinks to the photographs on the Filefactory website and that, in any case, Sanoma had warned them of the unlawful nature of their conduct. Consequently, the ECJ considers that the posting of the hyperlinks by GS Media constitutes a communication to the public within the meaning of Article 3.1 of Directive 2001/29.
3. Remarks.
If the ECJ had surprised us in the Svensson judgment C-466/12 by introducing the concept of “new public” as a deciding factor when classing a link as an act of communication to the public, it has certainly done so again with the notions of profit-making purpose and awareness of illegality. From a technical standpoint, the decision can be criticised for its vagueness regarding these new concepts and the obvious interpretive uncertainty arising in their regard. However, that might have been the only way in which to put unfair situations right without leaving the path that had previously been set out in Svensson, and to prevent tools such as links, which are essential for the smooth operation of the Internet and the free exchange of information and opinions, from potentially being used, under the law and case-law, to illegally benefit from the intellectual work of others.
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