![Igualdad](https://elderecho.com/wp-content/uploads/2019/04/shutterstock_297258089-p297750-m920938-768x334_w100.jpg)
El texto negociado tiene 68 medidas articulada en seis ejes de actuación. El primero, presenta medidas innovadoras y de calado para promover un cambio estructural favorable a la igualdad entre mujeres y hombres, como la realización de estudios y boletines informativos con perspectiva de género; el fortalecimiento de la red de Unidades de Igualdad y su coordinación; o la inclusión efectiva de la perspectiva de género en la producción normativa; mientras que el segundo eje trata sobre la formación de los trabajadores en esta materia.
El tercer eje tiene como fin captar y retener talento femenino, promoviendo el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres; y el cuarto pretende avanzar en la materia ya iniciada en planes anteriores, apostando por la corresponsabilidad. El quinto, consta de medidas de gran potencia para erradicarla violencia contra las mujeres y el sexto incorpora, según el Ministerio, por primera vez, una propuesta de actuación frente a diferentes formas de desigualdad o discriminación contra las mujeres que pudiera darse en el seno de la AGE.
Avance en la homogeneización
Como elemento esencial del III Plan respecto a los anteriores, la ministra Darias ha subrayado la incorporación de indicadores de impacto y ejecución para conocer tanto el grado de ejecución como la eficacia. Además, ha destacado que este documento, representa la voluntad firme, ambiciosa y progresista de lograr la igualdad de género en la AGE en términos reales.
Así, ha señalado que, a diferencia de planes anteriores, este incluye medidas de carácter transversal, de aplicación al conjunto de la AGE, para avanzar en la homogenización y disponer criterios y acciones comunes, lo que no excluye, según ha indicado, que los diferentes departamentos ministeriales y sus organismos dependientes puedan desarrollar medidas específicas en base a estas medidas transversales.
En el acto, la responsable de Función Pública ha estado acompañada por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, el secretario general de Función Pública, Javier Rueda, y la directora general de Función Pública, Isabel Borrel.
Sindicatos
Por su parte, los sindicatos han estado representados por Eva Fernández (CSIF), Victoria Carrero (UGT) y Rubén Méndez (CIG).
En las negociaciones de este Plan también ha participado CC.OO como miembro de la Mesa de Negociación de la Administración. Sin embargo, el sindicato ha decidido no firmar este acuerdo porque, dice que "no respeta los criterios exigidos a las empresas" y que la Administración, por tanto, está "negando a su personal" lo que se exige en la Ley de Igualdad.
Del mismo modo, cree que no se ha realizado un diagnóstico real de la situación de la AGE, lo que impide "detectar los problemas en este ámbito y permitir la aplicación de soluciones". El secretario general de CC.OO en la AGE, José Manuel Vera, cree que este es un plan que nace "destinado a fracasar".