En el documento, de unas 700 páginas, el Gobierno asegura que el sistema fiscal español recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros países europeos, situación que se agravó a partir de la crisis de 2008. Según el análisis del Gobierno, la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal se debe, por un lado, a las características del tejido productivo, pero también al "elevado" peso de la economía sumergida.
De esta forma, apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan 'España 2050' es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.
De hecho, el Gobierno ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre el sistema fiscal español, que deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022, y la intención del Gobierno es que algunos de los cambios fiscales puedan entrar ya en vigor en 2023, siempre que la recuperación económica se haya consolidado.
En el caso concreto del IRPF y del IVA, que son las figuras tributarias que más recaudan en España, el documento del Gobierno afirma que los beneficios fiscales de ambos merman su recaudación; mientras que en el caso del Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han caído "sustancialmente" desde la crisis de 2008.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, afirma que la falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, "notablemente" su alcance.
A la vista de este análisis, propone una serie de cambios en el sistema tributario, "de forma progresiva en el tiempo", que afecten, también, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Concretamente, apuesta por ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y para ello, propone un "mayor escrutinio" de los beneficios fiscales manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de "efectividad, eficiencia y equidad".
Eliminación progresiva de módulos y estimación objetiva
Asimismo, afirma que los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, apuesta por racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional, con el fin de eliminar las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales en este impuesto, que acaban "sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles".
Tipo mínimo en Sociedades
En el ámbito internacional, indica que se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países, y añade que si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE, España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de 'Base Imponible Común Consolidada', además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en este impuesto.
La reforma "integral" de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE-15, es otro de los objetivos que se marca el Gobierno a largo plazo.
Asimismo, asegura que debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas "para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables", las cuales "minan" el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad.
Elevar la fiscalidad del alcohol, tabaco y combustibles
También apuesta por modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, y por crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.
Finalmente, y de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.
Elevar la tributación del capital
Igualmente, apunta que si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, "como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas", habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos.
Por ejemplo, afirma se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.
