Dentro de estas iniciativas se diseñarán programas para familias monoparentales con el objetivo de ver su capacidad de incorporación al mercado de trabajo, planes de integración social y formación para el empleo a los que se realizará un seguimiento, pero también programas nutricionales, de vulnerabilidad energética o de acceso a vivienda.
"Vamos a hacer estos convenios para ver si reforzando toda esta parte los resultados mejoran y de qué manera se reduce el absentismo laboral y escolar", ha indicado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el V Foro sobre fondos europeos organizado por EFE y KPMG.
El ministro ha destacado la importancia de estos planes porque "la prestación del ingreso mínimo vital no debe ser algo estático, sino un conjunto de políticas cuyo fin último es la inclusión".
Escrivá ha admitido la situación de desigualdad existente en España respecto a otros países de sus entorno y ha reconocido que las políticas públicas han tenido "una eficacia limitada desde el punto de vista de su capacidad redistributiva", a lo que hay que añadir que "el mercado de trabajo tiende a producir altos niveles de desempleo y precariedad, que contribuyen a la desigualdad social". "Es un círculo vicioso", ha admitido el ministro.
En este sentido, ha destacado la importancia del IMV para corregir desigualdades especialmente a nivel territorial al desplegar la prestación en todas las comunidades autónomas y que ha permitido "corregir anomalías que existían anteriormente, porque las comunidades con más rentas tenían una mayor capacidad redistributiva que las más pobres".
El titular de Inclusión se ha referido, por otra parte, a los 150 millones previstos en el plan de resiliencia para reforzar el sistema de acogida de personas migrantes. "Hemos visto el problema en Canarias, Ceuta y Melilla, donde las instalaciones son antiguas y hay que invertir en mejorar la sostenibilidad de los edificios o en unos nuevos, tenemos un plan de inversiones y son una parte importante de los fondos europeos", ha añadido.
Igualmente, ha destacado la inversión de 3.500 millones en servicios sociales y ha puesto el énfasis en el gasto previsto en dependencia. "Hay una apuesta muy grande en un modelo de cuidados distintos que requiere un esfuerzo, trabajar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos que son los que, al final, tienen responsabilidad en la atención domiciliaria", ha concluido.
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