Entre ellas, rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real y plantea que las prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado, destinando las cotizaciones sociales exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, así como que el Estado, antes de 2023 y a través de los Presupuestos Generales del Estado, asuma gastos hasta ahora sufragados por la Seguridad Social que no le corresponden.
Consideran que se debe fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, aproximando la edad de salida efectiva del mercado laboral a la edad de jubilación legalmente establecida, así como reforzar el principio de contributividad, sin menoscabo de la solidaridad del sistema, mantener y mejorar las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven la cotización, reformular de forma íntegra las prestaciones por muerte y supervivencia, en especial la de viudedad, manteniendo su carácter contributivo, y mejorar de la gestión de la Seguridad Social, creando una agencia que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, y abordando de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal.
También solicita un análisis de convergencia de los diferentes regímenes para reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, anima a continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del Régimen General y a promover, en el marco del diálogo social, las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.
Con respecto al sistema de incentivos al empleo, aseguran, debe priorizarse a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género y deben adoptarse medidas de fomento de la contratación de los parados de larga duración, y de los jóvenes, así como incentivar el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años.
El informe hace también recomendaciones para determinados colectivos, como las personas con discapacidad, trabajadores migrantes, mujeres y jóvenes.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo comenzó a trabajar en este informe en el año 2016, durante la XI Legislatura. Durante este tiempo tanto la Comisión como la Mesa y Portavoces han celebrado más de cien reuniones y han acogido más de 40 comparecencias de autoridades y expertos en la materia.
Es la tercera vez que esta Comisión actualiza el Informe y las Recomendaciones que desde 1995 tienen por objeto el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deben acometerse para asegurar la viabilidad y suficiencia del sistema de pensiones.
Por todo ello, en el informe, además de las recomendaciones señaladas, la Comisión, a modo de contextualización, plasma como ha ido evolucionando en nuestro país el sistema de pensiones de la Seguridad Social y hace un análisis de la situación actual del mismo. Asimismo, evalúa cual es la evolución demográfica prevista para España durante los próximo años y señala cuales son las orientaciones de las autoridades europeas en esta materia.
Tal y como se establece en su última recomendación, este informe volverá a revisarse transcurridos cinco años. En ese momento también se evaluará el grado de cumplimiento del mismo. Asimismo, se fija que el Gobierno deberá comparecer anualmente ante la Comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas.
