En este contexto y en su intervención en la segunda jornada del Fórum del Auditor/a Profesional, Antoni Gómez, presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), ha expresado que “creemos que el diseño contemplado en la Directiva comunitaria, y en la ley española que la traspone, es adecuado para salvar el tejido empresarial susceptible de tener viabilidad”. El número de deudores concursados en España alcanzó la cifra de 2.920 en el primer trimestre de 2022, con una reducción del 14,7% en términos interanuales y una tasa trimestral del -1,8%, de acuerdo con los datos del Colegio de Registradores de España.
El sector defiende que cuenta con “la independencia y los conocimientos adecuados” para que todas las partes que concurran en los procesos de reestructuración contemplados en la nueva legislación confíen en su “buen juicio” con el fin último de permitir, en los casos que sea posible, una “segunda oportunidad” a las empresas.
El nuevo proyecto legislativo que supone la Ley Concursal representará, en el momento de su aprobación definitiva, la trasposición española de la Directiva europea sobre reestructuración e insolvencia. Para ello, solo se requiere su próxima ratificación por parte del Senado.
Este pronunciamiento del sector de la auditoría de cuentas se ha producido en la 32ª edición del Fórum del Auditor/a de Sitges (Barcelona), organizado por el CCJCC y que ha contado durante dos jornadas (7 y 8 de julio) con la participación de cerca de un millar de profesionales de la auditoría de cuentas procedentes de toda la geografía española.
El lastre de la falta de transparencia en la administración local
Un lamento compartido por el conjunto de participantes en el Fórum del Auditor/a Profesional se ha proyectado al terreno de la rendición y auditoría de las cuentas públicas –“muy lejos de lo que se exige al sector privado y de lo que otros países de nuestro entorno realizan”, ha verbalizado Gómez–, con hincapié en el sector local.
En España hay unos 1.200 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. El sector ha reivindicado su participación en la auditoría de estos consistorios desde la voluntad de revertir la “desafección ciudadana” en la gestión pública. “Por supuesto, bajo las directrices de los diversos órganos de control externo autonómicos u OCEX”, han matizado.
Sostenibilidad y talento
En su intervención en el Fórum del Auditor/a que este año se ha desarrollado bajo el lema ‘Enfocando el futuro: sostenibilidad y talento’, el presidente del Col·legi también ha destacado que “la sensibilidad por la sostenibilidad ambiental y social ha devenido una de las preocupaciones más importantes de nuestra sociedad y, en particular, entre las generaciones más jóvenes”. Y ha puesto en valor que “la aportación de nuestro colectivo profesional a la transparencia y a la confianza en las informaciones que divulgan las organizaciones contribuye de un modo relevante a la configuración de una sociedad basada en valores éticos, de respeto y de rendición de cuentas”. Un rol que, en opinión de Gómez, puede visibilizarse todavía más con el liderazgo que debe asumir el sector ante la necesidad de “dotar de confiabilidad” la información no financiera publicada por empresas y organizaciones al calor tanto de la nueva regulación en esta materia como de la creciente exigencia social.
Asimismo y en clave de sector, el presidente del CCJCC ha admitido que “tenemos tareas pendientes en relación a la fidelización del talento”, para glosar a continuación el “desafío intelectual” que supone valorar, en base a unos “conocimientos siempre actualizados” y desde un “riguroso escepticismo profesional”, las más recientes innovaciones financieras.
