Según Marina Mateo Ercilla, directora corporativa de Relaciones Laborales de Bankia, considera que el contenido de la nueva norma plantea una serie de dudas aplicativas para la práctica empresarial:
En el ámbito organizativo la obligación de suscribir un acuerdo con los trabajadores o con sus representantes, con un determinado contenido, la obligación de dar traslado del acuerdo a la oficina de empleo supone una evidente complicación para las empresas grandes con una plantilla voluminosa.
Asimismo, el contenido mínimo establecido legalmente es muy detallado, lo que deja poco margen a la negociación. Y cualquier modificación de lo acordado debe seguir los mismos trámites (formalización, comunicación a los representantes de los trabajadores…), lo que permite poca flexibilidad.
En el ámbito económico la nueva norma, además de establecer la obligación de la empresa de proporcionar los medios e instrumentos de trabajo, establece la obligación de abonar los gastos que el trabajo a distancia suponga al trabajador. No queda previsto el beneficio, no sólo económico, que conlleva para el trabajador la supresión del desplazamiento, por lo que no se contempla tampoco compensación de algún tipo sino únicamente cargas para la empresa. En definitiva, no se cumple la máxima de que exista beneficio para las dos partes.
Da la sensación de que el legislador ha decidido lo que conviene o no, no dejando margen para la negociación/flexibilidad. Por ello se prevé que las empresas intentarán quedarse por debajo del 30 % establecido como umbral cuya superación, en un periodo de tres meses, determina la calificación de trabajo a distancia y, en consecuencia, la aplicación de la nueva ley.
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