En síntesis, el relato fáctico refiere que la acusada, en su condición de enfermera del Servicio Aragonés de Salud, el día 30 marzo 2017 se encontró con una mujer con la que había tenido una relación de amistad que se había deteriorado, y tras un intercambio de palabras le dijo que “su marido era un cobarde y un sinvergüenza y que sabía que su hermana tenía el VIH, y que si quería que lo dijera, y otras palabras en el sentido de que iba desvelar información médica que tenía acceso por su profesión”.
Narran además los hechos probados que la perjudicada denunció lo ocurrido, y que también lo comunicó a los servicios sanitarios de Aragón, que detectaron dos accesos a las bases de datos por la acusada al historial clínico de la perjudicada. El primer acceso supone el conocimiento de la historia clínica y de varios apartados del historial, en tanto que el segundo, "no resulta acreditado qué es lo visualizado en esta ocasión".
El alto tribunal estima parcialmente el recurso de la acusada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que confirmó la de la Audiencia de Zaragoza, que impuso una pena de 3 años y 3 meses a la acusada al considerar que el delito cometido fue continuado.
El Supremo, en función de los hechos probados, considera que no se puede aplicar la continuidad delictiva ya que “no queda acreditado lo que exactamente visualizó” en su segundo acceso a los datos reservados, lo que no permite declarar la tipicidad de la conducta.
