En esta línea añadió, “invertir en innovación y sostenibilidad es, además de una cuestión ética, la forma más inteligente de reforzar la competitividad europea y contribuir a un mundo mejor”. En este sentido, “desde las instituciones europeas somos optimistas y, frente a las voces que cuestionan el multilateralismo, nosotros creemos firmemente en él”. Y añadió, “donde otros construyen muros, Europa construye puentes”.
En el foro, organizado por el despacho Eversheds Sutherland, intervino también Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia y presidente de Ruiz Gallardón Abogados, que recordó que durante décadas Europa ha vivido una etapa de prosperidad apoyada en el acceso energético barato, la externalización de la defensa y seguridad y una menor inversión tecnológica.
En este sentido, “la guerra en Ucrania y la pandemia provocada por la Covid-19 han actuado como catalizadores que ponen en evidencia la necesidad de una mayor autonomía estratégica para recuperar el liderazgo económico de la UE”. A su juicio, este reto exige “una mayor integración europea, mayor coordinación en política industrial, fiscal y de defensa, y un refuerzo institucional que permita a la Unión hablar con una sola voz en el escenario global”.
En el plano nacional, Joaquín Manso, director de El Mundo, aseguró que, pese a la inestabilidad política, “España sigue siendo un país atractivo para la inversión”. En su opinión, esta inestabilidad provoca una parálisis legislativa y una erosión institucional “que tiene un coste de oportunidad para reformas estructurales pendientes como en educación o pensiones”. El resultado, dijo, “es un escenario que condiciona la toma de decisiones económicas y la confianza de inversores”.
A este respecto, Ruiz-Gallardón, sostuvo que, “en un mundo globalizado, la seguridad jurídica es, por encima de todo, el factor decisivo de competitividad y de la atracción de inversión, por delante de cualquier otro factor clave como las infraestructuras o la cualificación y el talento”. Explicó que “seguridad jurídica significa un sistema efectivo de resolución de conflictos conforme a una normativa preexistente, normas estables que no se modifiquen con efectos retroactivos y jueces independientes que dicten sentencia exclusivamente aplicando la Ley”.
También implica, indicó, “estabilidad normativa, pues los inversores, que arriesgan su capital, necesitan certeza sobre el marco regulatorio a medio y largo plazo”. Para lograrlo, añadió, “es fundamental que los grandes partidos alcancen acuerdos de Estado en políticas y cuestiones estratégicas, garantizando un marco regulatorio continuista al margen de cambios políticos, lo que aumentaría decisivamente la competitividad de España al ofrecer a los inversores la estabilidad que necesitan”.
