Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, después de que la vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, haya afirmado este miércoles en Davos que España no renuncia a implantar el impuesto, a la espera de que la OCDE defina una "buena" propuesta en el ámbito internacional.
Mollinedo cree "posible" que la ministra empiece a trabajar en el proyecto legislativo, pero opina que su entrada en vigor se demorará hasta que se consensúe definitivamente una solución en el marco de la OCDE y en el G-20. Si el proyecto de Presupuestos entrase en vigor tras el verano, el proceso legislativo de la tasa entraría en funcionamiento el próximo 1 de enero "en el mejor de los casos", ha indicado Mollinedo, quien cree que podría coincidir con la culminación de la propuesta de la OCDE.
"No creo que España la aplique unilateralmente si no va respaldada de otros apoyos de la UE. Si va en coordinación con otros Estados miembros serán más fuertes y sólidos para poder abordarlo", ha dicho. "En el hipotético caso de que el Gobierno de coalición decida finalmente aprobar la tasa de forma unilateral, podría suponer la imposición de nuevos aranceles a productos españoles por parte de la Administración norteamericana", ha avisado.
A su juicio, el año 2021 podría ser la fecha en la que se acompasase la iniciativa nacional con el avance del proyecto internacional, ya que los servicios técnicos de la OCDE tienen voluntad de cumplir el programa de trabajo previsto, pero "falta impulso político". Las palabras de Calviño desde Davos son, a su parecer, una "advertencia" a los países que puedan ser más reacios a tomar decisiones políticas al respecto de la fijación de un impuesto a determinados servicios digitales.
El futuro impuesto
La ministra de Economía ha dicho esperar que pueda haber una propuesta más específica en el ámbito de la OCDE, conforme a los dos pilares. El primero busca normas sobre la reubicación de los beneficios de gigantes digitales que establezcan dónde deben pagarse los impuestos, mientras que el segundo, que está generando más debate, explora el diseño de un sistema fiscal internacional que asegure que las multinacionales digitales pagan un nivel mínimo de impuestos, con el objetivo de evitar la erosión de las bases fiscales y la transferencia de beneficios.
La idea del Gobierno de coalición es recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que aprobó ya en enero de 2019 y cuya tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones generales. El tributo que proyectó entonces gravaba aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, el impuesto aprobado en enero gravaba el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
