Asimismo, ha señalado que las organizaciones de autónomos han trasladado la necesidad de ampliar el cese de actividad extraordinario hasta el 30 de junio como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y, según Amor, el Gobierno ha tomado notas y se ha comprometido a estudiarlo.
Así lo ha señalado en un encuentro telemático con los medios tras reunirse, junto con UPTA y Uatae, con la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Amor ha trasladado a Calviño que la prestación por cese de actividad es algo que ha funcionado y que va a llegar al 40% de los autónomos. Por ello, según Amor, las tres organizaciones han coincidido en que la prestación por cese de actividad debe llevarse hasta el 30 de junio y que habrá que ver de qué forma.
También ha insistido en que está a favor del acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales y el Gobierno para extender los ERTE, pero ha recordado que en España hay 500.000 autónomos que son empleadores de entre 1 y 2 trabajadores y con los que "indiscutiblemente" se debe tener una especial sensibilidad para que puedan mantener el empleo.
"Nos preocupa aquellos autónomos que puedan causar baja, porque no puedan soportar la caída de la demanda", ha afirmado Amor, tras apuntar que ha pedido al Gobierno que se impulse la prestación ordinaria por cese de actividad para todo aquel autónomo que haya sido beneficiario de la extraordinaria pueda acceder a la misma.
Durante la reunión, ATA ha puesto de relieve que en los próximos seis meses habrá sectores que lo van a tener muy difícil para mantener la actividad. De hecho, cree que si la prestación termina en junio para todos los sectores puede haber una "baja masiva" de autónomos. Así, insta a aprobar o una ampliación de la prestación para los autónomos de los sectores con más dificultades o a impulsar una serie de bonificaciones o incentivos para que puedan mantener su actividad.
Además, ha subrayado la situación por la que atraviesan los autónomos de temporada, que normalmente se dan de alta en Semana Santa y causan baja en octubre, "unos 150.000 trabajadores que tienen poca previsión de trabajo conforme se presenta la campaña turística y que se han quedado fuera".
Los autónomos crecen en 11.000 personas en lo que va de mayo
Por otro lado, ha señalado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones les ha trasladado que, en lo que va del mes de mayo, los autónomos han crecido en 11.000 personas, hecho que, según Amor, es gracias a la prestación por cese de actividad.
Amor también ha hecho hincapié en las dificultades que tienen los trabajadores por cuenta propia que no pueden asistir a una casa habitual a trabajar, como son el caso de los agentes inmobiliarios o peritos. "No parece muy lógico que se pueda ir a una peluquería o a un comercio y no se pueda ir a trabajar con las condiciones de seguridad a una vivienda habitual de un ciudadano", ha apostillado.
Además, el presidente de ATA ha puesto de relieve la necesidad de establecer una línea ICO de microcréditos de hasta 15.000 euros para los autónomos y en lo importante que es que de verdad exista una Ley de segunda oportunidad, porque prevé "mucho cierre de negocio y procesos concursales" y, según Amor, "el hecho de que no haya una verdadera Ley de segunda oportunidad que permita a los autónomos volver a emprender lo hace complicado".
Así, Amor ha dejado claro que ha habido prácticamente coincidencia respecto a que la ampliación de las prestaciones extraordinarias vayan por el mimos camino de los ERTE y que posteriormente, a partir de ahí, se monitorice qué sectores son los que más lo necesitan.
No obstante, ha insistido en que no solo son sectores, sino que dependerá de localidades o incluso provincias, porque el sector del comercio en una zona determinada puede ir bien, pero, según ha puesto de ejemplo, el sector del taxi en Ibiza, conforme se prevé el turismo, "tiene un problema, ya que solo están trabajando la mitad".
UPTA pide un subsidio extraordinario para feriantes
Por su parte, en declaraciones a los medios tras el encuentro, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha hecho hincapié en que, además de la "imperiosa necesidad de que se amplíe la duración del cese de actividad al igual que los ERTE", se apruebe un subsidio extraordinario para los sectores que no van a poder iniciar su actividad económica, como son feriantes o trabajadores de actividades sujetas al turismo, "que viven de lo que generan en primavera y verano".
Asimismo, Abad también ha trasladado a la vicepresidenta y los ministros lo necesario que es que se eliminen las rebajas, tanto por Internet como presenciales, porque "no se puede permitir que ningún autónomo del comercio más se caiga".
"Es fundamental restringirlas, como mínimo, hasta el 15 de agosto, ya que no se puede permitir que las grandes estructuras económicas pongan en marcha rebajas 'online' cuando los autónomos presenciales no tienen la capacidad tecnológica para llegar al gran mercado".
Por otro lado, ha pedido "la máxima coordinación de las acciones que desarrollan la administración central, autonómica y locales" y también ve necesario que se modifique todo lo que tiene que ver con las condiciones para acceder a moratorias de pagos de hipotecas y pagos de alquileres.
"Queremos saber también el segundo y tercer paso de desescalada porque los autónomos de este país necesitan estar preparados para las condiciones en el futuro del desarrollo de las actividades", ha añadido.
Por su parte, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, espera que se concrete algo "lo antes posible" y ve imprescindible un mayor apoyo para los ERTE por fuerza mayor de autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores, "de manera que puedan acceder a mayores exoneraciones de sus obligaciones en la Seguridad Social".
También ha insistido en aumentar el umbral de aval público del ICO hasta el 100% (frente al 80% actual) para los autónomos y micropymes por debajo de esa estructura de 10 trabajadores
asalariados.
Landaburu ha subrayado su preocupación porque "sean quienes más dificultades tienen, y a la vez quienes sostienen realmente el tejido productivo sobre sus espaldas, los que tengan una red asegurada de protección que les permita afrontar con apoyo la recuperación económica, que será lenta y asimétrica".
