Esto se produce después de que una sentencia del Tribunal Supremo diera la razón a un jubilado del sector bancario que pedía que parte de su pensión, ligada a las aportaciones que realizó entre 1969 y 1979 a la Mutualidad Laboral de Banca, no tributase en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El avance de recaudación tributaria de abril de la Agencia Tributaria (AEAT) calcula el impacto en la recaudación de las medidas normativas y de gestión más recientes, que en términos diferenciales respecto a 2023, suponen alrededor de 904 millones.
Parte de este importe (126 millones) corresponde a la incorporación del impacto las devoluciones a mutualistas que se están realizado con motivo de distintas sentencias del Tribunal Supremo, según se explica en el informe de la Agencia Tributaria.
Estas sentencias obligan a la revisión de las declaraciones de los últimos años para aplicar la disposición transitoria segunda de la Ley del IRPF, que ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo de cada ejercicio en el caso de pensiones de jubilación o invalidez de aquellos mutualistas cuyas aportaciones no pudieron ser en su momento objeto de reducción o minoración en la base imponible.
Esta disposición también se está aplicando a las declaraciones de la campaña de 2023 actualmente en curso, según aclara la propia Agencia Tributaria.
Como consecuencia de lo anterior, se incluyen las devoluciones realizadas hasta abril (124 millones; siempre en términos diferenciales respecto a 2023, aunque en los meses iniciales de ese año el importe fue muy bajo). Estas devoluciones son, en su mayor parte, correspondientes a recursos interpuestos en años anteriores. También incluye el impacto de la norma en la declaración de 2023 para aquellos mutualistas que ya han recibido su devolución.
No comprenden, en cambio, las reclamaciones de los años anteriores realizadas a través del formulario puesto a disposición de los afectados por la Agencia Tributaria que se empezarán a pagar en las últimas semanas de mayo.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que 4,8 millones de pensionistas de mutualidades puedan beneficiarse de las sentencias del Tribunal Supremo, y reducir los rendimientos del trabajo por la parte de sus pensiones de jubilación o invalidez que derivan de aportaciones que no pudieron reducir en la base imponible con la normativa vigente en su día.
