Incorporación al proceso del contenido de páginas web

Para responder las distintas preguntas que se plantean, podemos disting...

Para responder las distintas preguntas que se plantean, podemos distinguir prima facie entre la actividad de las partes procesales y la actividad del órgano judicial.

Por lo que se refiere a la actividad de las partes, si quieren introducir en el debate procesal el contenido de una página web, debe distinguirse si los hechos a que se refiere son controvertidos o no. En el primer caso, la controversia puede girar en torno al hecho mismo de que una página web publique una información determinada. Más frecuente será, no obstante, que el contenido de la página web se traiga al proceso como medio para acreditar otro hecho controvertido.

En cualquiera de estos dos supuestos, la introducción de la página web en el proceso debería ajustarse a las prescripciones del art 60.1 L 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-, es decir, expresando en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.

No se aprecia ninguna razón que justifique en estos casos una rebaja del estándar de prueba ordinariamente aplicado, en cuanto a su licitud, proposición, práctica y valoración.

Por otra parte, en orden a garantizar la integridad de la prueba, sería conveniente que la parte que quiere introducir en el proceso el contenido de una página web aportara su contenido como prueba documental -por ejemplo, a través de su impresión privada o de acta notarial y no se limitara a indicar el enlace o link correspondiente. La provisionalidad de la información publicada en internet puede derivar en enlaces rotos -un vínculo a una página de internet que ya no puede ser consultada porque la página ha sido eliminada o trasladada a otra dirección y no se ha notificado la nueva dirección mediante una redirección que frustren el buen fin de la actividad probatoria.

La posibilidad de introducir el contenido de una página web en el proceso es independiente del hecho de que su titular o responsable sea una entidad pública o privada, sin perjuicio de la distinta valoración que proceda en cada caso.

En el caso de que los hechos a que se refiere la página web no sean controvertidos cabe analizar, por una parte, la conexión existente entre la información accesible al público a través de internet y los hechos notorios a efectos de prueba y, por otra parte, la posibilidad de que el órgano judicial valore de oficio esa información.

Así, el art.281.4 L 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC -EDL 2000/77463-, establece: &ldquoNo será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general&rdquo. En la concreción de este concepto, la jurisprudencia civil -por ejemplo, STS -Sala Primera de 9 mayo 2013, rec. 485/2012 -EDJ 2013/53424- ha declarado que la norma no define qué debe entenderse por "notoriedad absoluta y general" y que tal requisito ha sido interpretado con cierto rigor, afirmando que para que los hechos notorios puedan actuar en el área probatoria del proceso &ldquohan de tener unas características rotundas de ser conocidos de una manera general y absoluta&rdquo. Por su parte, en el ámbito contencioso-administrativo, el Tribunal Supremo ha declarado que no puede ser calificado como hecho notorio una afirmación sobre hechos que queda desvirtuada por la prueba -por ejemplo, en STS, Sala Tercera de 4 mayo 2018, rec. 3552/2015 -EDJ 2018/57821--. Finalmente, la STC 59/1986, de 19 mayo -EDJ 1986/59-, FJ 5, apeló a la prudencia judicial en la apreciación de hechos notorios, afirmando que &ldquoestá justificada, pues, la precaución respecto a la prueba por notoriedad del hecho relevante y habrá siempre que discriminar, por tanto, si la notoriedad se refiere al hecho relevante o a los complementarios y circunstanciales, por ser la aportación y alegación del primero una carga de la parte y un derecho de la contraria&rdquo.

A partir de los anteriores parámetros, podemos preguntarnos si toda la información publicada en internet y de acceso libre debería considerarse incluida en la categoría de hechos notorios, o si este concepto debe circunscribirse a la información que efectivamente responda a esa caracterización -hechos conocidos de una manera general y absoluta-.

La primera interpretación se sostiene en la STS de 6 mayo 2013 -rec. 5320/2011 -EDJ 2013/67971-, al declarar rotundamente que &ldquola información sobre Ibercenter, suministrada a través de su sitio en la Web, esto es, de un documento situado en la red informática al que se accede libremente mediante enlaces de hipertexto, constituyen datos de público conocimiento que, por ello, están exentos de prueba&rdquo y que el acceso a dicha información por parte del Tribunal no constituye una diligencia final practicada sin intervención de las partes y determinante de indefensión pues &ldquola Sala de instancia no ha practicado una prueba a espaldas de las partes, sino que, para decidir, ha accedido a unos hechos públicos, susceptibles de general conocimiento, que por su notoriedad están exentos de prueba, conforme dispone el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento civil&rdquo.

Esta posición &ldquomaximalista&rdquo, que equipara información accesible públicamente en internet con el concepto de hecho notorio y con la posibilidad de introducción de oficio por el órgano judicial, ha sido posteriormente matizada.

Alguna matización relevante se introduce, en este sentido, en la STS de 24 febrero 2015 -rec. 5777/2011 -EDJ 2015/36535-. Así, aun cuando también se afirma que la información disponible en internet consultada por la Sala es de acceso público y que está a disposición de cualquier interesado y que, por tanto, su cita no puede considerarse que haya podido causar indefensión, el Tribunal Supremo limita su pronunciamiento al caso de que se trate de una información corroborativa de la conclusión a la que había llegado la Sala de instancia en base a documentación obrante en autos y sometida al debate procesal. Además, señala expresamente que &ldquosu eventual utilización ha de evitar que pueda producir indefensión a cualquiera de las partes&rdquo.

También resulta interesante consignar el contenido de dos dictámenes de la Comisión de Ética Judicial del CGPJ a propósito de la práctica conocida con el verbo híbrido &ldquogooglear&rdquo -buscar en Google-. Aunque se trata de opiniones emitidas en un contexto deontológico y no estrictamente procesal, resulta sumamente ilustrativa la posición expresada por la Comisión. Así, en relación con la búsqueda de oficio en internet de información adicional sobre el caso, en el dictamen de 9 de abril de 2019 -consulta 1/2019-, la Comisión sostuvo que, salvo que la Ley procesal lo permitiera, el Juez no debía introducir en el proceso hechos distintos de los alegados por las partes, debía atenerse al resultado de la prueba practicada y debía ser consciente de que la búsqueda de información en internet podía alterar su imparcialidad en el enjuiciamiento. Por otra parte, en el dictamen de 5 de junio de 2019 -consulta 7/2019-, la Comisión advirtió del riesgo de sesgo en el enjuiciamiento que esta práctica podía comportar y subrayó la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades de las partes, en relación con la aportación de información y la prueba.

Como síntesis de las anteriores posiciones, respecto a los hechos controvertidos y el derecho extranjero -necesitado también de prueba ex art.281.2 LEC -EDL 2000/77463--, puede concluirse que la búsqueda de información en internet por el órgano judicial debería efectuarse con respeto a las normas procesales, con plenas garantías de igualdad de oportunidades para las partes y con total transparencia, evitando resultados sorpresivos en la sentencia.

Si la información que publica una página web viene referida a hechos notorios, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo imponen la prudencia en su apreciación, por lo que su introducción en el proceso a través de la cita de páginas web debería restringirse a los hechos que realmente respondan a su caracterización jurisprudencial. Además, al referirse a hechos notorios, la mención a páginas web no serviría para acreditarlos, sino para reforzar la motivación de la sentencia.

En estos casos, cuando la referencia a páginas web se utiliza a los efectos de reforzar la motivación o, como expresa la STS de 24 febrero 2015 -rec. 5777/2011 -EDJ 2015/36535-, de una &ldquoinformación corroborativa&rdquo de los hechos que ya están acreditados por otros medios de prueba, las garantías no deberían ser tan estrictamente interpretadas, pudiendo asimilarse la cita de una página web a un obiter dicta. Así, por ejemplo, en el ATS 29 junio 2020 -rec. 150/2020 -EDJ 2020/583138-, puede considerarse &ldquoinformación corroborativa&rdquo la alusión a la página web institucional en la que figuraba el listado completo de aspirantes que habían obtenido la puntuación mínima en unas pruebas selectivas, pues esa misma conclusión ya había sido previamente alcanzada por la Sala Tercera en virtud del principio de facilidad probatoria.

El tema a debate exigiría ampliar la perspectiva y hacer refe...

El tema a debate exigiría ampliar la perspectiva y hacer referencia a un concepto más amplio como es el de la prueba electrónica. Como tal podría entenderse toda información obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital y que es aportada al proceso con la finalidad de lograr la convicción del Juez sobre determinados aspectos relevantes en el mismo. Asimismo, al hablar de prueba electrónica nos estamos refiriendo a la «fuente de prueba» y no a tanto a un «medio de prueba». Como decía Carnelutti, fuente de prueba es cualquier elemento de la realidad extraprocesal que sirva al convencimiento de unos hechos, y medio de prueba, el procedimiento o instrumento que sirve para su incorporación al proceso.

Es decir, Internet y los nuevos sistemas de comunicación son fuente de prueba, debiéndose analizar en qué concreto medio de prueba se materializa el contenido que se quiere aportar al proceso, y que puede ser muy variado: un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, un vídeo de YouTube, una página web, un pen drive, un ordenador&hellip

El art. 299 LEC -EDL 2000/77463 se refiere a los medios de prueba, enumerando en su apartado primero los considerados clásicos -documental, testifical, pericial, reconocimiento judicial-, y en el apartado segundo los medios de reproducción de la palabra, el sonido o la imagen y los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. Pero, además, el apartado tercero menciona «cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias».

El Legislador, por lo tanto, tiene en cuenta la realidad cambiante y la aparición de nuevas fuentes y medios de prueba, de modo que éstos no queden circunscritos a los que tradicionalmente han venido siendo utilizados y permitiendo así su adaptación a los nuevos avances tecnológicos.

En el caso sobre el que se nos pregunta, relativo al contenido de páginas web, las mismas como tal constituyen una «fuente de prueba» cómo se incorporen al proceso judicial es lo que debemos determinar, siendo efectivamente muy variados los casos que pueden plantearse.

En primer lugar, nada que objetar a la posibilidad de que las partes en sus correspondientes escritos de demanda y contestación puedan hacer mención y remitirse a una concreta página web, supuesto muy frecuente en la actualidad. Dado que el acceso a internet está al alcance de todos, no parece necesario que deba reproducirse su contenido en el escrito, al margen de que pueda hacerse así para facilitar su consulta por el órgano judicial. Es posible acudir a lo dispuesto en los arts.382 a 384 LEC -EDL 2000/77463 que regulan los supuestos de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso, si bien la facilidad de acceso a páginas de Internet con la referencia a un link no exige siempre aplicar estos preceptos, pensados para casos distintos del acceso a una página web.

Tampoco resulta precisa en estos casos la proposición específica como medio de prueba, pues es sabido que los documentos aportados con los escritos de demanda y contestación forman parte de los autos y pueden ser tomados en consideración por el tribunal, al igual que el expediente administrativo, sin necesidad de la formalidad de recibir a prueba el procedimiento.

En principio, el contenido de una página web participa de la naturaleza de la prueba documental y, como tal, podrá ser pública, privada o administrativa, según de dónde provenga o quién sea su titular. Es posible la remisión a una página web sea de carácter público o privado, pues en ambos casos puede servir para acreditar algún aspecto determinado relacionado con el pleito. Evidentemente, este carácter público o privado influye en la valoración que haga el tribunal, lo mismo que las objeciones que plantee al respecto la parte contraria sobre la veracidad de la información, sobre la solvencia y credibilidad de la página web, la aportación de otras pruebas que lo contradigan&hellip Todo ello se ajustará a las reglas generales sobre la fuerza probatoria de los documentos, los medios de impugnación de su valor probatorio, las reglas sobre valoración de la prueba, etc., que son distintos en función del medio de prueba de que se trate.

En cuanto al empleo de estos links o enlaces por parte del órgano judicial al redactar su sentencia, es perfectamente posible su inclusión por remisión y sin necesidad de reproducir su contenido completo, lo mismo que sucede con cualquier otro medio de prueba. Piénsese que, a la hora de valorar una prueba testifical o pericial, o un reconocimiento judicial, puede valorarse y motivarse en relación a su contenido sin necesidad de realizar una transcripción de las mismas. Igual debe suceder en el caso de páginas web, de acceso público y general.

Para finalizar, y respecto a la última pregunta, hay que hacer algunas apreciaciones. Las posibilidades cuasi infinitas que Internet ha traído consigo en cuanto a la búsqueda y acceso a la información por parte de cualquier ciudadano puede convertirse, en manos del Juez, en un instrumento tentador para buscar información relacionada con el caso más allá del marco procesal fijado por las partes con sus alegaciones y medios de prueba. El Juez debe garantizar el principio de igualdad de oportunidades de las partes, y no colocarse en una posición que pueda afectar a su deber de imparcialidad. Por ello, siempre y cuando se trate de hechos controvertidos oportunamente planteados por las partes, el tribunal podrá acudir a algún medio de prueba distinto a los propuestos por las partes, como es el acceso al contenido de Internet, si bien como regla general se exigirá su traslado a las partes para alegaciones. No obstante, la casuística puede ser muy variada y en el día a día encontramos supuestos que harían innecesario o irrelevante dicho traslado previo, como sucedería con aquellos casos en los que el contenido de una determinada página web aclara definitivamente el hecho antes controvertido, convirtiendo el mismo en un hecho notorio que, como tal, estaría exento de prueba conforme dispone el art.281.4 LEC -EDL 2000/77463-.

Es un hecho incuestionable que las nuevas tecnologías est&...

Es un hecho incuestionable que las nuevas tecnologías están impactando en el ámbito judicial. Como se afirma en el planteamiento de la cuestión que se nos suscita, cada vez es más frecuente que se incorporen al proceso enlaces al contenido de páginas web, bien como parte de las alegaciones de los escritos procesales y, en ocasiones también, como parte de la motivación de las resoluciones recurridas y de las propias resoluciones judiciales.

Dicho lo anterior, la regulación legal sobre la materia es escasa y deficitaria. La L 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC -EDL 2000/77463-, aplicable con carácter subsidiario a la jurisdicción contencioso-administrativa, recoge en el Apartado IX de su Exposición de Motivos lo siguiente: &ldquoNo habrá de forzarse la noción de prueba documental para incluir en ella lo que se aporte al proceso con fines de fijación de la certeza de hechos, que no sea subsumible en las nociones de los restantes medios de prueba. -&hellip y no es de excluir, sino que la ley lo prevé, la utilización de nuevos instrumentos probatorios, como soportes, hoy no convencionales, de datos, cifras y cuentas, a los que, en definitiva, haya de otorgárseles una consideración análoga a la de las pruebas documentales&rdquo.

En consonancia con esta declaración, su art.299, tras detallar los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio, en sus apartados 2 y 3 estable que también se admitirán los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso y añade que, que cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

Pues bien, aun con la parquedad normativa con la que contamos, se puede concluir que las páginas web constituyen una modalidad de documento informático al que se accede por internet a través de la previa identificación de un enlace y mediante un software de navegación. Este tipo de prueba podría encuadrarse en el arts.299.2 y 384 LEC -EDL 2000/77463-, ya que es un instrumento que permite conocer, archivar o reproducir datos que pueden ser relevantes para el proceso.

Así las cosas, en mi opinión, con carácter general ha de admitirse la incorporación al proceso del contenido de páginas web, ya sea como alegaciones en los escritos rectores de demanda o de contestación, o como medio de prueba de los hechos que en ellos se afirma o niegan, o como cita de la fuente que advera el contenido de la información suministrada, pero siempre con pleno sometimiento al principio de contradicción, de forma que la parte contraria pueda impugnar su contenido. En el caso de que no se impugne, entiendo que la remisión a una página web o a su link de acceso, incluida como alegaciones del escrito de demanda o contestación puede ser valorada por el juez aun cuando no hubiera sido propuesta como prueba, pues la falta de impugnación supondría la conformidad de la parte contraria con su contenido, de acuerdo con lo dispuesto en el art.405.2 LEC -EDL 2000/77463-. Sin embargo, si dicha remisión fuera impugnada, su contenido únicamente podrá ser tenido en cuenta por el Juez, como cualquier otro hecho controvertido, previa valoración de la prueba propuesta y admitida, salvo que venga referido a un hecho notorio sobre el que sea innecesaria la prueba.

Si el contenido de una página web es propuesto como medio de prueba, compete al Juez resolver caso por caso sobre su admisión conforme a los criterios de pertinencia, utilidad y licitud, de acuerdo con lo preceptuado en el art.283.3 LEC -EDL 2000/77463-. En definitiva, se trata de una decisión eminentemente casuística y será el Juez quien, a la vista de los términos en los que se haya formulado, valorará, al tiempo de decidir sobre su admisión si, en el caso concreto, es o no suficiente la simple cita del enlace de acceso a la página web, motivando cumplidamente la decisión adoptada para salvaguardar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva.

Por lo demás, entiendo que, con carácter general, tan lícita puede ser la remisión a páginas web de órganos o entidades de carácter público y oficial, como a otras de carácter privado o particular, sin perjuicio de la valoración que pueda hacer el juez, atendiendo a la fuente de la que provenga la información y a su carácter oficial o privado, en orden tanto su admisión como prueba como, en su caso, a su eficacia probatoria.

En todo caso, la licitud de la prueba que examinamos, como la de todas las demás, queda salvaguardada en el art.287.1 LEC -EDL 2000/77463-.

Dicho lo anterior, de haber sido admitido como prueba el contenido de una página web o su link de acceso, será valorada por el Juez «según las reglas de la sana crítica» tal y como ordena el art.348 LEC -EDL 2000/77463 y, en consecuencia, puede ser incorporado como motivación de la resolución que se dicte, si bien, en mi opinión, tratándose de un simple link de acceso, deberá explicitarse su contenido como parte inherente a dicha motivación. Y aun no habiendo sido expresamente alegado por las partes o propuesto y admitido como prueba, la resolución judicial podrá incorporar una página web o su link de acceso para referirse a un hecho notorio o al derecho extranjero.

Recordemos a estos efectos que el art.281 LEC -EDL 2000/77463 dispone que el &ldquoderecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación&rdquo y que &ldquono será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.

Como ejemplos de la incorporación de oficio por el Juez de una página web para acreditar el derecho extranjero, al amparo de lo previsto en el mencionado precepto, podemos citar las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, sec 1 del 22 mayo 2020 -ROJ: STSJ M 11273/2020 -ECLI:ES:TSJM:2020:11273 -EDJ 2020/753245 y del 24 abril 2018 -ROJ: STSJ M 6901/2018-ECLI:ES:TSJM:2018:6901 -EDJ 2018/548198-.

Por lo demás, conviene recordar que los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial carecen de fuerza jurídica obligatoria y de efectos vinculantes, operando, como se recoge el en el Código Ético para la Carrera Judicial, como estímulo positivo dirigido a la excelencia en la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Dicho lo anterior, comparto con carácter general las conclusiones contenidas en los Dictámenes de la Comisión de Ética Judicial del CGPJ de 8 de abril de 2019 -Consulta 1/2019 y de 5 de junio de 2019 y -Consulta 7/19-, en cuanto sostienen que:&rdquo -&hellip que en la búsqueda de información adicional por internet existe un riesgo que debe ser tenido en cuenta, que consiste en conocer cuestiones, más o menos relacionadas con el pleito o con las partes y sus letrados, que puedan, de forma inconsciente, influir a modo de prejuicio o sesgo en el enjuiciamiento. Se trata de una información que, en el caso de no llegar a aportarse al proceso, puede influir en la interpretación de la prueba practicada y en el enjuiciamiento de los hechos, sin que haya podido haber contradicción al respecto. En este sentido, el juez además de tratar de evitar aquello que pueda sesgar su enjuiciamiento, para lo que resulta muy útil ser consciente de este riesgo, ha de velar por preservar la igualdad de oportunidades de las partes, en relación con la aportación de información y la prueba&rdquo.

En cualquier caso, es importante destacar que el propio dictamen 7/2019 precisa que la pertinencia de la búsqueda de oficio en internet de información adicional relacionada con lo que es objeto de enjuiciamiento se enmarca en el concreto régimen legal procesal que rige ese enjuiciamiento -en el caso de la consulta, el contencioso administrativo-, sin que corresponda a la Comisión la interpretación de estas normas legales, sino a los tribunales competentes.

Llegados a este punto, procede examinar el pronunciamiento contenido en el ATS de 29 junio 2020, ROJ: ATS 4057/2020, FJ 2. En dicha resolución la Sala resolvió la solicitud de medida cautelar de suspensión de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, así como de la Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de los grado/licenciatura/diplomatura referidos. Para ello, en primer lugar, tuvo que pronunciarse sobre sobre la legitimación de los recurrentes cuestionada por el Abogado del Estado, lo que hizo en los siguientes términos:

&ldquoLa Sala constata así, por la propia documentación presentada por la Abogacía del Estado, que son aspirantes con derecho a concurrir al acto de adjudicación. Y respecto a los demás recurrentes, es significativo que tampoco se alega por la Administración que no reúnan el requisito de puntuación mínima, lo que dado el principio de facilidad de prueba de que dispone la Administración, que confecciona el listado completo de aspirantes con puntuación mínima para comparecer a la adjudicación de plazas, ninguna dificultad le habría supuesto facilitar ese dato o negar de forma tajante que concurra, si así fuera. No lo hace limitándose a ponerlo en duda. No obstante, la Sala ha comprobado que todos y cada uno de los recurrentes figuran en el listado de participantes en las pruebas selectivas de la convocatoria de 2019, Medicina, con la puntuación mínima para concurrir al acto de adjudicación de plazas. El listado completo de aspirantes está accesible en la siguiente dirección de internet:

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/listadospublicados/listado.xhtml&rdquo.

Así las cosas, el Alto Tribunal incorporó al proceso datos contenidos en una página web que no habían sido suministrados por las partes. Sin embargo, teniendo en cuenta que las bases de la convocatoria han sido tradicionalmente calificadas como &ldquola Ley del Concurso&rdquo y que en el caso entonces examinado, la propia Orden de Convocatoria preveía de forma expresa que: &rdquoMediante resolución de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, se aprobarán y publicarán las relaciones definitivas de resultados en la página web del Ministerio de Sanidad, en el mes siguiente a la publicación de las relaciones provisionales de resultados&rdquo, considero que tal proceder fue ajustado a derecho por cuanto que con ello se evitó un resultado irracional, y por consiguiente arbitrario, contrario al mandato del art.9.3 CE -EDL 1978/3879-, y que, a mi juicio, no se apartó de las Recomendaciones de la Comisión de Ética Judicial a las que nos hemos referido.