El informe, publicado en la colección OECD Working Papers on Public Governance con el número 36, señala que la Inteligencia Artificial (IA) es un área de investigación y aplicación de la tecnología que puede genera un impacto significativo en las políticas y servicios públicos de múltiples maneras. En pocos años se estima que será posible liberar casi un tercio del tiempo de los funcionarios públicos, permitiéndoles pasar de tareas rutinarias a trabajos de más valor añadido. Los Gobiernos también pueden aprovechar la utilización de la IA para diseñar mejores políticas públicas y tomar mejores decisiones, así como para mejorar la comunicación y el compromiso con los ciudadanos y residentes y el tiempo de respuesta y la calidad de los servicios públicos. Si bien los posibles beneficios de la IA son importantes, lograrlos no es una tarea fácil. La utilización de la IA por parte de los Gobiernos sigue la estela del sector privado, lo que implica una curva de aprendizaje con una elevada pendiente y una serie de retos a superar.
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