Entre los casos destacados, se encuentran varios relacionados con actuaciones abusivas de agentes policiales y acoso por parte de clientes.
Uno de los amparos fue concedido a un abogado sancionado injustificadamente por la Guardia Civil, quien denunció insultos y amenazas mientras asistía a un menor. Otro caso involucró a un abogado que fue objeto de acoso constante por parte de un cliente, incluyendo amenazas y campañas de desprestigio en internet. Ambos amparos subrayan la importancia de proteger la independencia y dignidad profesional de los abogados.
La Junta de Gobierno del ICAM también ha amparado a una abogada sancionada por la Policía Nacional en una céntrica comisaría madrileña y a otra que enfrentó un expediente sancionador injustificado en una de otro distrito. Además, se otorgó amparo a una abogada que denunció extralimitaciones por parte de la Guardia Civil en un informe remitido a la Audiencia Nacional.
De los ocho amparos sometidos a consideración de la Junta de Gobierno solo uno no ha sido aceptado por entender que no concurren los presupuestos normativos, al tratarse de una cuestión particular del solicitante y todavía sub iudice.
Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, “estos acuerdos refuerzan el compromiso de esta Junta con la protección de la dignidad, independencia y libertad de los profesionales, asegurando que puedan desempeñar su labor sin ser objeto de intimidación o acoso y sin interferencias ni represalias injustificadas”.
Por su parte, Javier Mata, diputado del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía, recuerda que "el amparo colegial no solo protege al profesional del derecho; su objetivo final es garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos, que es fundamental y constitucional".
Campaña del ICAM
En respuesta a las alarmantes estadísticas que indican una alta incidencia de maltrato y restricciones en el ejercicio del derecho de defensa hacia los abogados madrileños, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lanzado desde marzo una campaña para empoderar a sus colegiados sobre sus derechos y los mecanismos de protección disponibles.
De acuerdo con el “I Estudio integral sobre la situación de la abogacía madrileña” llevado a cabo por el ICAM, un preocupante 71% de los abogados en Madrid ha experimentado algún tipo de maltrato o descortesía en su ejercicio profesional. No obstante, más de la mitad de los afectados (61%) han optado por emprender ninguna medida.
Con todo, desde 2023 se ha registrado un significativo aumento tanto en las solicitudes de amparo respecto a 2022 (un 123% más, pasando de 13 a 29 solicitudes) como en los amparos concedidos (un 166% más, con 8 amparos concedidos en 2023 frente a los 3 del año anterior).
Ampliación de los amparos concedidos
El ICAM concede amparo colegial a abogado sancionado por la Guardia Civil
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha concedido amparo colegial a un abogado, en respuesta a un expediente sancionador iniciado por la Delegación del Gobierno de Madrid. El abogado había denunciado ser objeto de insultos, amenazas y ridiculización por parte de agentes de la Guardia Civil mientras prestaba asistencia a un menor. Según la denuncia, los agentes negaron su identificación como letrado, lo insultaron gravemente, lo amenazaron con arrestarlo y ridiculizaron su actuación profesional delante de otros presentes.
Posteriormente, el abogado aportó documentación que sustentaba su incidencia, incluyendo una copia del acta de denuncia. En esta, se acusaba al letrado de "faltas de respeto y consideración a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.
El abogado solicitó amparo colegial, argumentando que se había vulnerado su independencia y la consideración debida como profesional. Negó haber faltado al respeto a los agentes y aseguró que trató de identificarse repetidamente como letrado, pero los agentes se burlaron de su actuación profesional y lo amenazaron con arrestarlo si no dejaba de exhibir su carnet de abogado.
El ICAM evaluó la solicitud de amparo conforme a varios artículos del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) y del Código Deontológico de la Abogacía Española (CDAE), que garantizan la independencia y dignidad de los abogados en el ejercicio de su profesión. La Ley Orgánica 4/2015 establece que las faltas de respeto a los agentes de seguridad deben ser sancionadas, pero el ICAM consideró que en este caso se había producido una injerencia injustificada en el ejercicio profesional del abogado.
El ICAM concluyó que la sanción impuesta al abogado era desproporcionada y afectaba gravemente su derecho de defensa y prestigio profesional. La Junta de Gobierno del ICAM decidió, por unanimidad, conceder el amparo colegial solicitado, considerando que los hechos denunciados suponían una lesión a la libertad, independencia y dignidad del letrado.
El ICAM trasladará su acuerdo a la Delegación del Gobierno en Madrid, solicitando colaboración para evitar la incoación de expedientes sancionadores similares en el futuro. También comunicará el acuerdo a la Comandancia de la Guardia Civil donde ocurrieron los hechos para que canalicen adecuadamente las quejas contra abogados a través del Colegio, y al Defensor del Pueblo para que supervise estas prácticas por su impacto en la libertad e independencia de los abogados en sede policial.
El ICAM concede amparo colegial a abogado por acoso de cliente
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha concedido amparo colegial a un abogado designado de oficio, quien denunció haber sido víctima de acoso constante y prolongado por parte de un cliente.
Inicialmente la relación entre abogado y cliente era cordial, pero se deterioró cuando la cliente mostró su descontento con las resoluciones e informes emitidos durante el procedimiento. Ante la negativa del abogado a suspender el proceso según las demandas de la cliente, esta inició una campaña de desprestigio en internet.
La cliente creó un blog y una página web donde publicaba información humillante y ofensiva sobre el abogado, utilizando su nombre, fotografía y caricaturas. Estos contenidos fueron diseñados para aparecer en los primeros resultados de los motores de búsqueda, afectando negativamente la reputación del abogado y generando un impacto perjudicial en su actividad profesional.
El ICAM consideró que la actuación de la cliente constituyó un acoso constante y prolongado, diseñado para coaccionar al abogado y menoscabar su libertad e independencia profesional. El uso de blogs y páginas web para desprestigiar al abogado, comparándolo con imágenes de monos y ladrones, tuvo un impacto negativo significativo en su reputación profesional y personal.
La Junta de Gobierno del ICAM, respaldando el informe del departamento de Defensa de la Abogacía, decidió conceder el amparo colegial al abogado afectado. Se acordó ofrecerle apoyo y acompañamiento en el procedimiento judicial en curso, y designar un miembro de la Junta de Gobierno para su defensa en calidad de acusación particular, si así fuera necesario.
Amparo colegial a abogado víctima de acoso por parte de un cliente
La Junta de Gobierno del ICAM ha concedido el amparo colegial a un abogado víctima de acoso y amenazas por parte de un cliente asignado por el turno de oficio. La decisión se tomó tras una serie de denuncias presentadas por el abogado debido al comportamiento intimidatorio y agresivo del cliente.
El caso se remonta al pasado mes marzo, cuando el abogado notificó al Departamento de Defensa de la Abogacía sobre el acoso que estaba recibiendo de su cliente. El cliente, investigado por acoso telefónico a diversas clínicas debido a trastornos psiquiátricos, comenzó a acosar al abogado mediante llamadas y mensajes amenazantes, utilizando varios números de teléfono.
El acoso incluyó un alto volumen de llamadas y mensajes despectivos, con más de 70 llamadas en un solo día y hasta 450 llamadas en un fin de semana. La situación se agravó al punto de que el abogado tuvo que bloquear varios números y soportar llamadas en horarios intempestivos, afectando su tranquilidad y su capacidad para trabajar.
El abogado informó al departamento de Defensa de la Abogacía y presentó una denuncia ante la Policía, la cual dio lugar a la apertura de diligencias previas en un Juzgado de Instrucción de Madrid. El abogado fue citado como perjudicado y decidió personarse en el procedimiento, manteniendo a un procurador y a un letrado para su defensa técnica.
El ICAM, tras analizar el caso, consideró que el acoso sufrido por el abogado constituía una grave perturbación a su libertad e independencia profesional. Las amenazas y el comportamiento intimidatorio del cliente atentaban contra la dignidad del abogado, afectando su capacidad para ejercer su profesión de manera efectiva.
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid acordó conceder el amparo colegial al abogado. Este amparo incluye la protección de su libertad, prestigio e independencia profesional, así como el apoyo necesario para enfrentar la situación. No se consideró necesario designar a un miembro de la Junta de Gobierno para su defensa, dado que el abogado ya contaba con profesionales de su confianza.
Amparo colegial a abogado sancionado injustamente por la policía
La Junta de Gobierno del ICAM ha otorgado el amparo colegial a un abogado que fue injustamente sancionado por agentes de la Policía Nacional en una céntrica Comisaría de Madrid. La sanción, impuesta en el contexto de una asistencia letrada de oficio, ha sido considerada una violación a la independencia y dignidad profesional del abogado.
El incidente ocurrió en febrero de este año, cuando el abogado, que estaba de guardia, acudió a la comisaría para asistir a un detenido. Al llegar, redujo la marcha de su vehículo para detenerse en la señal de alto, pero continuó hacia el aparcamiento mientras atendía una llamada urgente de la Guardia Civil. Los agentes, considerando que había desobedecido una orden, le retuvieron y le sancionaron por una supuesta infracción de desobediencia a la autoridad, establecida en el artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, imponiéndole una multa de 601 euros.
El abogado explicó que se identificó como letrado y mostró su carnet colegial y DNI cuando los agentes se lo solicitaron. Sin embargo, los agentes mantuvieron una actitud hostil y prolongaron innecesariamente el proceso de identificación, llegando incluso a reprocharle su conducta de forma irrespetuosa. Tras finalizar la asistencia al detenido, fue nuevamente abordado por los agentes, quienes le informaron de la denuncia y la sanción.
La Junta de Gobierno, tras analizar el caso, consideró que la sanción impuesta era desproporcionada y constituía un abuso de poder. La actuación de los agentes limitó la intervención del abogado en la defensa de su cliente, afectando su libertad e independencia profesional.
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid decidió así conceder el amparo colegial al abogado. Se notificó a la Delegación del Gobierno en Madrid, al Comisario Jefe de la Comisaría de Policía de dicha comisaría y al Defensor del Pueblo, solicitando medidas para evitar futuras sanciones injustificadas a abogados en el ejercicio de su profesión.
Amparo colegial a abogada víctima de acoso por parte de un cliente
La Junta de Gobierno ha otorgado el amparo colegial a una abogada que ha sido víctima de acoso y amenazas por parte de un cliente asignado por el turno de oficio. La decisión se tomó tras una serie de denuncias presentadas por la abogada debido al comportamiento intimidatorio y agresivo del cliente.
El caso se produjo a principios de año, cuando la abogada se puso en contacto con el Departamento de Defensa de la Abogacía, relatando la situación de acoso sufrida desde el inicio de su relación profesional con el cliente, incluyendo amenazas constantes y mensajes ofensivos en horarios intempestivos. La abogada presentó pruebas, como mensajes de WhatsApp, que mostraban insultos y comentarios despectivos hacia su persona y su condición física.
En los mensajes presentados como prueba, el cliente profirió insultos vejatorios y comentarios despectivos que generaron un ambiente de hostilidad y acoso constante. Estos mensajes no solo cuestionaban la capacidad profesional de la abogada, sino que también eran claramente discriminatorios debido a su discapacidad reconocida.
La Junta ha acordado conceder amparo colegial para proteger la libertad, el prestigio y la independencia profesional de la abogada. Además, se ha designado a un miembro de la Junta de Gobierno para defender los intereses de la abogada en el procedimiento judicial correspondiente, que actualmente se encuentra en fase de averiguación del paradero del denunciado.
Amparo colegial a abogada por expediente sancionador injustificado
La Junta de Gobierno ha concedido el amparo colegial a una abogada que denunció una vulneración a su independencia profesional y consideración debida, tras la apertura de un expediente sancionador por la Delegación del Gobierno en Madrid. La medida se adoptó tras una denuncia de una Comisaría de Policía de Madrid, por supuestas faltas de respeto a los agentes durante una asistencia letrada.
El incidente ocurrió a finales de 2023, cuando la abogada, en servicio de guardia, acudió a la comisaría para asistir a un detenido. La letrada mostró su desacuerdo con la demora en la atención y la falta de información, lo que derivó en una denuncia por falta de respeto y un expediente sancionador que proponía una multa de 400 euros.
La abogada presentó una solicitud de amparo colegial, argumentando que su actuación profesional no encajaba en los supuestos de infracción administrativa de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Resaltó que sus discrepancias con los agentes fueron dirigidas a través de los canales adecuados y que su comportamiento fue malinterpretado.
La Junta de Gobierno ha considerado que la actuación de la abogada fue legítima y orientada a garantizar el derecho de defensa del detenido. La resolución sancionadora fue vista como desproporcionada y represora, afectando gravemente a la libertad e independencia de la abogada.
La Junta de Gobierno acordó por unanimidad conceder el amparo colegial a la abogada. Además, solicitó a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Comisaría de Policía evitar futuras incoaciones de expedientes sancionadores contra abogados en el ejercicio de su profesión. También se notificó al Defensor del Pueblo para que supervise estas prácticas.
Amparo colegial a abogada por extralimitación de la Guardia Civil
La Junta de Gobierno del ICAM ha resuelto conceder el amparo colegial a una abogada que denunció haber sido objeto de una contestación extralimitada por parte de una Unidad de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La abogada alegó que un informe remitido a un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional no solo excedía el requerimiento judicial, sino que además la acusaba de un delito de calumnias y cuestionaba su actuación profesional.
La solicitud de amparo fue presentada el pasado mes de abril, tras la recepción de un oficio de la Guardia Civil que, según la abogada, no respondía al requerimiento judicial, sino que contenía acusaciones infundadas contra ella, identificándola personalmente y sugiriendo la comisión de un delito de calumnias agravadas. La abogada argumentó que estas acciones vulneraban su libertad de expresión y su independencia profesional, pretendiendo influir negativamente en su desempeño como defensora de su cliente.
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía , tras analizar la documentación presentada, concluyó que el informe de la Guardia Civil era inapropiado y afectaba la dignidad y libertad profesional de la abogada. Además, el Juzgado en cuestión ya había reconocido la extralimitación en el informe de la Guardia Civil, ordenando su expurgo y la elaboración de un nuevo informe ajustado a los términos solicitados.
Finalmente, la Junta de Gobierno decidió notificar este acuerdo a la superioridad de dicha Unidad y al Juzgado para que se adopten las medidas oportunas y se garantice el respeto a la dignidad profesional de la abogada.
El ICAM deniega amparo colegial a un abogado por divulgación no consentida de conversación profesional
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha decidido denegar la solicitud de amparo colegial presentada por un abogado que se consideró víctima de la divulgación no consentida de una conversación profesional mantenida con su cliente. La decisión se tomó tras un análisis exhaustivo de la solicitud y la documentación presentada.
La Junta de Gobierno del ICAM, respaldando el informe del Departamento de Defensa de la Abogacía, decidió no conceder el amparo colegial solicitado. La Junta considera que no concurren los presupuestos normativos, al tratarse de una cuestión particular del solicitante y todavía sub iudice.
