Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, Gascón ha explicado que se realiza una previsión presupuestaria que a lo largo del año aumenta por las transferencias del Ministerio de Hacienda en función del crédito que el organismo es capaz de generar, siendo la previsión un presupuesto de 1.600 millones a cierre de ejercicio, un 8,48% más, y de ellos el 80% gasto en personal.
Gascón ha indicado que el objetivo, recogido en el Plan Estratégico 2020-2023, es recuperar la plantilla de 28.000 efectivos que había antes de la anterior crisis, que llevó a su reducción hasta unos 25.000 en el año 2011, en recuperación desde entonces, con la previsión de superar incluso los 27.000 trabajadores el próximo año.
En este sentido, ha resaltado que los próximos años habrá "extraordinarias oportunidades" en Función Pública y ha señalado la dificultad de cubrir algunas plazas porque "no hay suficiente cantera", al tiempo que ha apuntado que el diferencial con países comparables es del 20%, por lo que se marca el objetivo de alcanzar una plantilla de 28.000 trabajadores y, en ese nivel, ver qué hacen los países comparabales.
Defiende que hay "cierta consistencia" en los ingresos
Por tributos, Gascón ha explicado que la previsión de recaudación del IRPF es un alza del 7,8%, unos 6.800 millones más, debido al aumento del 6,8% de la evolución del gravamen sobre las remuneraciones de asalariados y de un alza del 10% estimado para el resto de partidas del IRPF, como las rentas de capital y las ganancias patrimoniales.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, cuyos ingresos subirán un 20,7%, con 3.700 millones más, ha explicado que se debe a las partidas que no son renta también impactan y a unos 455 millones de ingresos por la nueva normativa para la tributación del 5% de los dividendos y plusvalías de fuentes externas.
A esto se suma, ha añadido, "el juego de las devoluciones en términos de caja", sobre lo que ha indicado que la AEAT está agilizando "al máximo", porque hay disponibilidad de fondos, las devoluciones pendientes en el Impuesto de Sociedades para "hacer todas las que se pueda en 2020 y limpiar 2021". También se añade a ello la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a devolver los pagos fraccionados de algunas grandes empresas, algo que se está realizando ya con la intención de "hacerlo en 2020".
Dado que los pagos fraccionados están cayendo, el año que viene cree que habrá menos importes a devolver y podría haber hasta 3.000 millones en términos de caja gracias a que el "juego de devoluciones" va favorecer la recaudación.
En relación al IVA, cuya recaudación crecerá un 13,9% el próximo año según los Presupuestos, ha reiterado la previsión de que la demanda interna nominal suba un 10,8% y que la estimación sobre el gasto final sujeto a IVA crecerá un 12,6% por el aumento "sustancial" de la compra pública en 2021 respecto a 2020 y al mejor comportamiento del mercado de vivienda.
En la recaudación del IVA también influirá el "juego de devoluciones", ya que este año las exportaciones no tendrán el mismo comportamiento que en 2019, de forma que "habrá menos devoluciones en IVA", lo que supone "un mejor dato de caja, pero no de contabilidad nacional".
Por otra parte, sobre la diferencia de 2.000 millones en la estimación de ingresos entre la AIReF y el Gobierno respecto a los nuevos tributos, ha indicado que el problema es si se considera un año completo o se contempla que la parte de los ingresos llegará al año siguiente (criterios de caja o de devengo), que se desconoce por ahora.
En cualquier caso, ve el entorno de previsiones es "muy parecido" y no se constatan "enormes diferencias" más allá de esos problemas metodológicos.
Líneas de actuación y posible nuevo récord en la lucha contra el fraude
El director general de la AEAT ha explicado que el organismo se seguirá centrando en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y hay que buscar perfiles distintos en materia de cualificación ante los nuevos impuestos, y ha explicado que cada segmento presenta una "problemática distinta".
Ha detallado que hay unos 2.000 o 3.000 contribuyentes que facturan más de 100 millones con una central específica y que pueden ser objeto de unas 3.000 actuaciones de comprobación en oficinas en un año y unas 500 actuaciones inspectoras anuales, por lo que tienen un sistema de control "permanente".
Otro segmento, el de los que facturan entre 6 y 100 millones, está formado por unos 30.000 contribuyentes y sobre ellos se realizan 30.000 actuaciones de control general en oficinas y 3.000 inspecciones.
El segmento mayoritario, aquellos que facturan menos de 6 millones, tiene un porcentaje de rotación "muy inferior" y ha indicado que hay un "problema" de estrategia compartida con asociaciones de autónomos y pymes para ser más "efectivos" en la lucha contra la economía sumergida y utilizar mejor los sistemas de selección.
Se implementará también la nueva ley de lucha contra el fraude, que incluye la prohibición de las amnistías fiscales, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas, disminuye a 600.000 euros el umbral para entrar el la lista de 'morosos' o recoge un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas o la prohibición del software de doble uso.
Según Gascón, la caída de las notificaciones acumulada el 1 de julio, cuando se levantó la suspensión de los plazos, era del 43% y en los meses posteriores ha sido del 20%, por lo que se han realizado más notificaciones de lo normal pero siguen un 13% por debajo del año pasado.
La incidencia de la pandemia, ha precisado, llevará a cambiar "alguna cosa" del Plan Estratégico, ya que, por ejemplo "no es el momento de realizar visitas por motivos sanitarios" y, en cambio, ha habido que resolver un millón de solicitudes de aplazamiento de 600.000 contribuyentes.
Por último, ha pedido no fijarse únicamente en el resultado de la lucha contra el fraude, que cree que este año podrá alcanzar un nuevo "récord", sino en si la evolución del cumplimiento voluntario crece más que los indicadores macroeconómicos.
