La sentencia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde a la demanda interpuesta por CGT contra el operador público y los sindicatos UGT, CC.OO. y Semaf, que suscribieron el convenio colectivo, pero que finalmente se adhirieron a la demanda, junto con el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I).
El artículo anulado del convenio hace referencia al 10% de jornada anual vinculado a los servicios sin actividad predefinida (SAP), en el que la empresa defiende su derecho a asignar el servicio el día anterior.
No obstante, el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores fija en cinco días el preaviso mínimo en el que una compañía deberá informar a sus empleados del horario y lugar de trabajo en los casos de jornadas irregulares de trabajo.
El convenio fijaba en 14 horas el tiempo mínimo de antelación para conocer el horario en el que el trabajador debe estar disponible para prestar el servicio y en dos horas para conocer la hora y el lugar concreto de trabajo.
En aplicación del Estatuto de los Trabajadores, la sentencia ha anulado ese artículo y entiende que se le debe imponer un límite de cinco días de preaviso. Según fuentes sindicales, la empresa ha comunicado su intención de recurrir la sentencia.
Mientras tanto, debe ser ejecutada. Durante los próximos meses, CGT también interpondrá una demanda respecto al preaviso para los supervisores de los servicios de abordo, que están ahora supeditados a 48 horas de antelación.
