La invocación de la prescripción la Administración Pública

1. Con relación a la cuestión planteada en el prese...

1. Con relación a la cuestión planteada en el presente foro, debe partirse de la afirmación, incontrovertida, de que a partir del 2-10-16, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa -L 39/2015 -EDL 2015/166690-, PAC-, ya no es necesario formular reclamación previa a la vía judicial en pleitos sobre Derecho privado del Trabajo que son aquellos en los que la Administración Pública interviene en su condición de empresario. Sin embargo, subsiste el requisito preprocesal del agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial que acontece en aquellas controversias sobre Derecho Administrativo del Trabajo, que son precisamente casos en los que la Administración Pública interviene en el proceso como autora de un acto administrativo sobre materia laboral, pero no como empresario. Por tanto, ceñida la cuestión planteada en este foro a pretensiones frente a la Administración Pública, en materia de Derecho del Trabajo -por ejemplo, unas diferencias retributivas-, la impugnación ante la jurisdicción social no está sujeta al requisito de la reclamación previa, al actuar la Administración Pública como empresario.

2. Por otra parte, debe también repararse en las diferencias entre reclamación previa y agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial, que tienen notas en común pero se diferencian en aspectos esenciales. Ambas son requisitos para poder demandar ante el orden jurisdiccional social a las Administraciones Públicas -«al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad vinculadas o dependientes de los mismos« -LRJS art.69.1 -EDL 2011/222121--. La diferencia entre una y otra ésta en el tipo de actividad de la Administración Pública objeto del proceso jurisdiccional.

-El escrito de reclamación previa está pensado cuando la Administración Pública va a ser demandada en su condición de empleadora de su personal laboral y por sus actuaciones realizadas con ese carácter. En pocas palabras, cuando quien demanda contra la Administración Pública lo hace por decisiones realizadas como empresario en los términos del ET/2015 art.1.2 -EDL 2015/182832-.

Tras la reforma operada por L 39/2015 -EDL 2015/166690-, al desaparecer la necesidad de reclamación previa cuando la Administración Pública actúa como empresario ya no es necesario relatar expresamente los procesos de tal índole que con anterioridad estaban exceptuados de reclamación previa. Por eso desparece el contenido del art.70.1 LRJS/2011 -EDL 2011/222121 que refería los supuestos no precisados de reclamación previa -«procesos relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, disfrute de vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, procedimientos de oficio, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, siendo en estos últimos potestativo, y reclamaciones contra el Fondo de Garantía Salarial»-. La razón es elemental: este amplio listado de excepciones se encuentra embebido en la regla general de supresión de la reclamación previa a la vía judicial. Sólo se mantiene como excepción expresa con relación la necesidad de agotamiento de la vía administrativa los casos de demanda por lesión de derechos fundamentales -LRJS art.70 versión L 39/2015 -EDL 2015/166690--, para matizar y precisar las reglas de cómputo de plazos de 20 días según se trate de actos expresos, situaciones de inactividad, o de previa interposición de recurso potestativo de reposición.

El agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial procede cuando el objeto del proceso social venga dado por la impugnación de actos administrativos de contenido laboral que la Administración Pública haya realizado no como empresario sino como poder público en el ejercicio de las potestades de esta naturaleza que el ordenamiento jurídico le atribuye en material laboral -en este sentido, Maurandi Guillén, N. Comentarios a la LRJS, VV.AA Lex nova, 2011-. Un ejemplo claro del cuidado de la ley es la sustitución de la rúbrica del artículo -«reclamación administrativa previa» por «agotamiento de la vía administrativa previa» en el caso de demanda al Estado para el reintegro de los salarios de tramitación -LRJS art.117 -EDL 2011/222121--.

3. Sin embargo, la claridad expositiva de estas premisas de partida ante el punto de inflexión que provocó la L 39/2015 -EDL 2015/166690 comienza a oscurecerse cuando con relación a la admisibilidad de la excepción de prescripción -hecho excluyente invocada en el acto de juicio por la Administración pública en su condición de empresario, los Tribunales Laborales dan respuestas dispares a situaciones litigiosas en las que el empleado de la Administración Pública formula pretensión laboral contra su empleadora ante la jurisdicción social, y, previamente a la presentación de la demanda, ha interpuesto reclamación previa administrativa -aun en principio, no siendo necesaria y ésta no ha sido contestada expresamente. La pregunta es: ¿es admisible que la Administración Pública empleadora invoque la excepción de prescripción en el acto de juicio?

4. Las tesis de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, son dispares en este punto.

-a Unas Salas de lo Social, como la del TSJ de Extremadura -sentencia 20 de diciembre de 2018, núm. 754/2018, rec 686/2018 -EDJ 2018/683697-, con apoyo en las sentencias de la Sala de lo Social del TSDJ del País Vasco, de 20-6-17, rec 1166/2017 -EDJ 2017/126649 y 22-11-18 rec 603/2018, sostienen que habiendo alegado por primera vez la Administración Pública, la excepción de prescripción en el acto de juicio, y no habiendo contestado expresamente a la reclamación previa, dicha excepción debe ser rechazada o inadmitida. En dicho caso, se acreditó &ldquoque el actor formuló ante la Administración demandada reclamación previa, resulta evidente que le concedió la oportunidad de responder a su pretensión y de invocar, si lo consideraba oportuno, la excepción de prescripción. No habiendo hecho uso de tal posibilidad, al no haber dado respuesta a la reclamación formulada, tal y como ya se ha pronunciado esta Sala, hemos de estar a la doctrina del Tribunal Supremo en la materia. Cabe destacar la STS 30-5-07, rec. 2317/2006 -EDJ 2007/68260-, que, interpretando los artículos citados por el recurrente, razona que: «... sobre tal cuestión ha mantenido ya la Sala desde la sentencia de 28-6-94 -rec 2946/93 -EDJ 1994/5670 dictada en Sala General, y en otras posteriores que se citan en la sentencia de fecha 2-3-05 -rec 448/04 -EDJ 2005/23471-, distinguiendo entre los hechos impeditivos y extintivos que pueden ser conocidos de oficio por la Sala o alegados en cualquier momento por las partes, de los hechos excluyentes y en concreto del más característico de ellos que es precisamente la prescripción, respecto de la cual se ha de alegar expresamente por la parte para que pueda ser judicialmente apreciado, lo que trae como consecuencia a la luz de las exigencias del art.72 precitado -&hellip-&rdquo. Y para reforzar la argumentación, añade dicha sentencia que &ldquoA ello no es óbice, como ya dijimos en nuestra Sentencia de 29-11-18 -rec 615/2018 que la demandada no haya contestado expresamente a la reclamación previa o la solicitud cursada por el actor, pues en modo alguno le puede beneficiar el incumplimiento de la obligación de resolver expresamente que le impone el art.42.1 LRJPAC -EDL 1992/17271-, en relación con el art.69 LRJS -EDL 2011/222121-&rdquo. Y parece apuntar en esta línea, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ Cataluña de 7-3-19, núm. 1218/2019 -EDJ 2021/501114-, si bien la inadmisión de la excepción de la excepción de prescripción alegada, se fundamenta al quebrantar el principio de congruencia entre la vía administrativa y la judicial por no haber invocado esa excepción al resolver la reclamación previa.

-b En cambio, las sentencias de la Sala de lo Social del TSJ/Andalucía/Sevilla, 17-70, núm. 2451/2020, rec 226/2019 -EDJ 2020/685057-, admiten la excepción de prescripción invocada por la Administración Pública demandada, al considerar que no se produce variación sustancial puesto que no existe resolución administrativa expresa dando respuesta a la reclamación previa. Textualmente concluye señalando que: &ldquoentendemos que acierta la sentencia recurrida cuando aprecia la prescripción alegada por la Consejería en el acto del juicio, y que dicho criterio no infringe en absoluto la jurisprudencia del Tribunal Supremo alegada en el recurso por cuanto la misma se refiere a supuestos en los que existió resolución expresa en vía administrativa en la que no se alegó la prescripción, mientras que en el presente supuesto no hubo resolución expresa. Y no estimamos infringido el art.72 LRJS -EDL 2011/222121-, pues no se ha producido una variación sustancial respecto de lo que fue objeto de la vía administrativa, dado que tal precepto ha de interpretarse en relación al art.43.2 L 30/92 -EDL 1992/17271 -sic "la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente" con lo que, no existiendo en el presente caso, resolución expresa de la Reclamación Previa, el único efecto de la desestimación por silencio ha de ser el del art. 43.2 citado, y por ello es ajustada a derecho la alegación de prescripción por la demandada en el acto del juicio&rdquo.

5. Bajo mi punto de vista, la tesis expuesta de esta última doctrina de suplicación es la que resulta más ajustada a Derecho. Si no es necesario formular reclamación previa en vía administrativa, y sin embargo, se realiza -reitero, aun siendo innecesaria-, y ésta no es contestada expresamente, la Administración Publica cuando es demandada en su condición de empleadora es admisible que pueda invocar en el acto de juicio la excepción de prescripción. No se le puede exigir una conducta preprocesal no debida por la ley. Por ello, si no ha contestado expresamente a la reclamación previa, invocar la excepción de prescripción por primera vez en el acto de juicio no puede conceptuarse esa alegación como sorpresiva para el demandante ni tampoco le causa indefensión, puesto que su pretensión en vía judicial no está vinculada a ningún agotamiento de la vía administrativa prevista en la ley que hasta ese momento no podía conocerse. En este caso, es evidente que el régimen de privilegio que entrañaba la reclamación previa ha desparecido y no hay razón legal, examinada la cuestión bajo parámetros de igualdad procesal de partes, para establecer limitaciones procesales a la Administración Pública en cuanto a su condición de empleadora pública, que la LRJS no prevé al suprimir las exigencias de formular reclamación previa.

6. Las previsiones contenidas en el art.1 L 39/2015 -EDL 2015/166690-, sobre obligatoriedad de resolver, no resulta contradictorias con lo anteriormente expuesto. De entrada, en la práctica, cuando se formulen reclamaciones en materia laboral contra la Administración Pública en vía judicial, sería muy extraño que éstas se produjeran ayunas de previas actuaciones administrativas, sin una previa solicitud o petición -que no reclamación previa por parte del empleado, lo que da sentido a lugar a que existan actuaciones y actos administrativos sobre la reclamación cuestión. Esto es, habrá normalmente antecedentes administrativos previos. Además, tal precepto es además de más amplio espectro si se tiene en cuenta el régimen del silencio administrativo -desestimatorio en este caso -art.24 de la citada Ley 39/2015 -EDL 2015/166690-, y en particular el ap 3 b del citado precepto-, pero también con relación al ámbito subjetivo de los destinatarios -cualquier administrado-.

7. De ahí que, a lo sumo, y con fundamento en el principio de confianza legítima -principio que protege la seguridad jurídica de quienes se relaciona con la Administración, considerando ilegítimos los cambios arbitrarios e injustificados de criterios por parte de ésta-, en mi opinión, sólo de haber existido una contestación expresa por la Administración Pública, reviviría la doctrina jurisprudencial sobre inadmisibilidad de invocación de hecho excluyente -la prescripción en el acto de juicio para el supuesto de que no hubiera alegado la prescripción al contestar esa reclamación previa, puesto que sí y solo si -insisto contesta expresamente la Administración Pública a una reclamación previa -que aun no siendo necesaria para interponer la demanda en vía judicial está generando una expectativa legítima en el destinatario que le vincula en orden a las reglas de congruencia entre la vía administrativa -real y existente, aun cuando no fuera preceptiva y la vía judicial.

La excepción material de prescripción, al tratarse de un hecho excl...

La excepción material de prescripción, al tratarse de un hecho excluyente, precisa de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciada, sin que sea suficiente con que simplemente su realidad pueda deducirse de la prueba. En su consecuencia, y por un elemental principio de congruencia, su falta de alegación al resolver en vía administrativa la petición impide también que pueda invocarse en el seno del proceso, porque de no ser así la introducción de esta excepción por primera vez en el acto del juicio sería sorpresiva para el actor y, por lo tanto, le causaría indefensión, en tanto que no le permite preparar debidamente su estrategia de defensa, si es que pensara que podría rebatir la alegación que en tal sentido se le hubiera hecho al resolver administrativamente su petición, o, en otro caso, esto es, si estimara que realmente su derecho hubiera prescrito, la falta de alegación temporánea de la repetida excepción material le ha inducido a interponer una demanda que, de otro modo, quizás, no hubiera planteado, o la habría ejercitado en otros términos [SSTS, 4ª, 2-3-05 -rcud. 448/2004 -EDJ 2005/23471 17 -EDJ 2007/68202 y 30 abril 2007 -rcud. 1586/2006 y 2582/2006 30-5-07 -rcud. 2317/2006 -EDJ 2007/68260-, 23-7-15, -rcud 2903/2014 -EDJ 2015/161642-. Y más recientemente la núm. 754/2020, de 10 septiembre, rcud. 135/2018 -EDJ 2020/661015-].

Este criterio jurisprudencial ha sido seguido sin fisuras por la doctrina de los TSJ, de la que como exponente, y por todas, citaremos la sentencia de la Comunidad de Andalucía -Sevilla de 29-11-17, nº 3539/2017, rec 3190/2016 -EDJ 2017/275595-.

Bien mirado esta doctrina de unificación es una derivación del art.2 LRJS -EDL 2011/222121 conforme al cual en el proceso no pueden introducir las partes variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de los que fueran objeto del procedimiento administrativo y de las actuaciones de los interesados o de la Administración, bien en fase de reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o de recurso que agote la vía administrativa, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

Con carácter general la Administración, a diferencia de los particulares, cuenta con numerosos privilegios orientados a la defensa del interés público -art.103 CE -EDL 1978/3879--, entre los que descuella la necesidad de tramitación de un procedimiento administrativo previo en la que estima o deniega la pretensión formulada por el administrado, el cual no puede impetrar la tutela judicial hasta haber agotado esa vía administrativa. Pero la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -art.9.3 CE y el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva de los ciudadanos -art. 24 CE impide que la Administración decida ocultar la prescripción como excepción material en la vía administrativa reservándose su alegación sorpresiva en juicio.

La L 39/2015 -EDL 2015/166690 suprimió la exigencia de reclamación administrativa previa en las vías civil y laboral para demandar a las entidades públicas -dejando a salvo las demandas en materia prestacional sustituyéndola por la exigencia de agotamiento de la vía administrativa previa, toda vez que el legislador entiende que aquélla carece de utilidad para los trabajadores. En efecto, la Exposición de Motivos de la L 39/2015 -EDL 2015/166690 dice que se suprimen las reclamaciones previas en las vías civil y laboral por la &ldquoescasa utilidad práctica que aportaban a los administrados&rdquo. La finalidad de la reclamación administrativa previa es facilitar a la Administración el conocimiento anticipado de la pretensión deducida en su contra, permitiendo la posibilidad de preparar adecuadamente su oposición. Pero, en línea con la exposición de motivos de la L 39/2015 -EDL 2015/166690-, el legislador ha estimado que estas finalidades no quedan correctamente salvaguardadas con el instituto jurídico actualmente vigente y no reportan ventaja alguna para los trabajadores -administrados-, por lo que resulta más adecuado su sometimiento al régimen jurídico general del Derecho administrativo, salvo en las demandas prestacionales para las que la LRJS continúa manteniendo el régimen general de la reclamación administrativa previa.

El nuevo marco normativo surgido tras la L 39/2015 -EDL 2015/166690-, señaladamente su disposición final 3ª, genera dudas y una cierta confusión que es preciso despejar separando los distintos supuestos:

A-. En las demandas en materia de contrato de trabajo y demás relaciones de Derecho Privado en las que sea parte la Administración, -Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público y que no están sujetas al Derecho Administrativo, sino al Derecho Laboral, desde el 2 de octubre de 2016 no es ya preciso presentar reclamación previa ni tampoco agotar ninguna vía administrativa previa. Y esta supresión de la reclamación administrativa previa no supone someter los litigios en materia de contrato de trabajo frente a las Administraciones a la obligación de conciliación previa, aunque no estén expresamente excluidos, ya que cuando la parte demandada es un ente público no es exigible la conciliación, dado que tiene prohibida la transacción judicial.

Así pues, esta clase de demandas frente al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes se deben interponer directamente ante los órganos de la jurisdicción social dentro de los plazos de prescripción o caducidad que en cada caso corresponda, sin necesidad de cumplimentar ningún requisito preprocesal. De este modo cuando la Administración sea demandada como empleadora en el ámbito del contrato de trabajo las acciones deben ejercitarse de forma directa ante los órganos judiciales, sin trámite previo alguno.

Para este primer supuesto entendemos ha dejado de tener sentido, y por tanto no es aplicable, la doctrina jurisprudencial que impedía a la Administración invocar la excepción de prescripción en el acto del juicio si no la había invocado en la vía previa, sostenida por la jurisprudencia con anterioridad, dado que ninguna clase de indefensión ni de incongruencia supone, una vez desaparecida la reclamación previa a la vía laboral, invocar la prescripción como excepción material por la Administración empleadora por primera vez en la vista oral, en trámite de contestación de la demanda, ante la reclamación del trabajador.

B-. En las demandas en materia de prestaciones de Seguridad Social -art.71 a 73 LRJS -EDL 2011/222121--, es necesario los interesados interpongan reclamación previa ante la Entidad gestora de las mismas, salvo cuando se trate de impugnar las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerde el alta médica emitidas por los órganos competentes de las entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de 365 días de la prestación de incapacidad temporal.

En este segundo supuesto de demandas en materia de prestaciones de Seguridad Social consideramos sigue siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial expuesta, en virtud de la cual la Administración demandada no puede alegar la prescripción de la acción en el acto del juicio oral cuando no se alegó previamente al dar contestación a la reclamación previa.

C-. Demandas en materia de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social cuyo conocimiento está atribuido al orden social.

En estos casos sí es exigible agotar la vía administrativa previa -art.69 y 151.2 LRJS -EDL 2011/222121--, presentándose con carácter general recursos administrativos como el de alzada o reclamación previa, como ocurre en el proceso especial de Seguridad Social y en el proceso especial de reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido -art. 117 LRJS-. Sin embargo no se exige el agotamiento de la vía administrativa previa en los casos de las demandas de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical y en los de las demandas interpuestas por una Administración para impugnar un acto administrativo de otra Administración.

En este tercer supuesto cabe colegir que sigue siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial expuesta, en virtud de la cual la Administración demandada no puede alegar la prescripción de la acción en el acto del juicio oral cuando no se alegó previamente al dar contestación a la reclamación previa.

La L 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Com&ua...

La L 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -EDL 2015/166690 en su expositivo V, nos refiere que de acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, que venían reguladas en los art.122 a 126 L 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -EDL 1992/17271-, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas, a lo que no es óbice que el art.69.1 LRJS -EDL 2011/222121-, en la redacción dada por esta Ley, en su disposición final 3.2, mantenga como requisito necesario haber agotado la vía administrativa, para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, ya que indica también el precepto, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo aplicable, por tanto, a partir de dicha Ley, estas son solo las reclamaciones para las que se deberá agotar la vía administrativa, quedando suprimida la reclamación previa en vía laboral.

La STS 4ª, núm. 754, 10-9-20, rec. 135/2018 -EDJ 2020/661015-, recoge la doctrina de la Sala IV, del Tribunal Supremo albergada en las SSTS 2 marzo 2005 -rcud. 448/2004 -EDJ 2005/23471 17 -EDJ 2007/68202 y 30-4-07-EDJ 2007/70545 -rcud. 1586/2006 y 2582/2006 30-5-07 -rcud. 2317/2006 -EDJ 2007/68260-, las que pusieron de relieve la necesidad de que la causa por la que la Administración denegó lo solicitado no se altere en el caso de judicializarse el asunto, porque la excepción material de prescripción, al tratarse de un hecho excluyente, necesita de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciado, no bastando con que simplemente su realidad pueda deducirse de la prueba. Esto trae como consecuencia que su falta de alegación al resolver en vía administrativa la petición impide también su alegación en el seno del proceso, so pena de quebrantar la congruencia, pues la introducción de esta excepción por primera vez en el acto del juicio es sorpresiva para el actor y le causa indefensión, porque no le ha permitido preparar debidamente su defensa, si es que pensara que podría rebatir la alegación que en tal sentido se le hubiera hecho al resolver administrativamente su petición, o, en otro caso -esto es, si opinara que realmente su crédito hubiera prescrito-, la falta de alegación temporánea de la repetida excepción material le ha inducido a interponer una demanda que de otro modo quizá no hubiera ejercitado, o la habría planteado en otros términos, poniendo de relieve estas sentencia que sigue siendo válida la doctrina construida bajo la vigencia de los anteriores textos procesales "pues el contenido de la LRJS en lo que aquí y ahora interesa no ha sufrido variación respecto a la LPL", por lo que la excepción de prescripción constituye un hecho excluyente, necesitado de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciada, no bastando con que simplemente su realidad pueda deducirse del expediente administrativo, siendo necesario que la resolución administrativa invoque la prescripción, lo que trae como consecuencia que su falta de alegación al resolver en vía administrativa la petición, impide también su alegación en el seno del proceso. La alegación sorpresiva para el actor, es sin lugar a dudas causa de indefensión, pues no ha podido preparar su defensa sobre este concreto extremo.

De toda la sentencia que se cita y en el resto que contiene, podemos extraer diversas conclusiones. La primera es que la excepción de prescripción, al tratarse de un hecho excluyente, necesita de expresa alegación para que pueda ser judicialmente apreciado, no bastando con que simplemente su realidad pueda deducirse de la prueba. La segunda es que obviamente, para que la Administración pueda alegar la prescripción en un anterior procedimiento administrativo, este tiene que existir porque se haya incoado alguno de aquellos no afectados por la supresión de la reclamación previa a la vía laboral, que se inician, art. 54 L 39/2015, de 1 octubre -EDL 2015/166690-, de oficio o a solicitud del interesado, sin perjuicio del expediente que se pudiera formar tras la demanda directa, art. 70 de la norma anterior y que se debiera aportar al juicio, art.151.8 LRJS -EDL 2011/222121-. La tercera es que si ello es así y en este tipo de reclamaciones laborales, demandas frente a actos de la administración pública fundados en derecho laboral, ha sido suprimida la reclamación administrativa previa, salvo en materia de prestaciones de Seguridad Social, art.71 LRJS o la reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido, art.117 LRJS, debiendo interponerse directamente ante los órganos de la jurisdicción social, sin necesidad de cumplimentar ningún requisito preprocesal, no pudiendo la administración alegar tal excepción en procedimiento administrativo anterior, habiendo quedado suprimida cualquier tipo de reclamación, salvo las indicadas, como requisito para demandar, STS 4ª, núm. 720, de 24 de julio 2020, rec. 1338/2018 -EDJ 2020/649147-, también precisado en la comunicación laboral de la Abogacía General del Estado 67/2016, de 18 de octubre, dado que ninguno se ha iniciado, la excepción de prescripción, podrá solamente hacerse valer en el momento de contestación a la demanda, art.85.2 LRJS o si acaso, en el momento anterior al juicio, art.85.1.2º LRJS, cuando se susciten las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear, con lo que no parece que genere algún tipo de indefensión que era el fundamento de la jurisprudencia, para impedir tal alegato ex novo, en el juicio, dado que quien reclame deberá encontrase preparado para defenderse de cualquier cuestión que se suscite, la alegación por la administración de la excepción de prescripción en el acto de la vista, cuando no haya sido posible alegarla con anterioridad, en algún procedimiento administrativo incoado, sin que por ello, no obstante, resulte inaplicable la consolidada doctrina jurisprudencial elaborada sobre la prescripción que al tratarse de un hecho excluyente, necesita de expresa alegación en vía administrativa, en los procesos en que la misma se haya iniciado, dado que si falta esta, nada impide también su válida alegación en el seno del proceso.