La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido en que el impuesto acordado entre el Gobierno y Podemos para gravar a las empresas de intermediación en línea afectará solo a las grandes compañías que pongan en contacto a un ciudadano con un comercio o negocio y no a aquellas que conecten a particulares.
"Es la intermediación que hace que se ponga en conexión comercios con personas particulares, por supuestos descartando plataformas que ponen en conexión ciudadanos con ciudadanos", ha aclarado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 contempla la creación de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
En concreto, el documento del acuerdo detalla que este nuevo impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
En este sentido, Montero ha remarcado que fijar un impuesto para los servicios de intermediación en línea era una demanda que venía realizando parte del sector del comercio tradicional, que consideraba que los negocios "más consolidados" tienen una fiscalidad "más a medida" que los que se mueven en entornos digitales.
La ministra de Hacienda ha indicado que la fiscalidad actual "no se adapta tan bien" al nuevo entorno digital en el comercio, por lo que parte del sector entendían que se estaba produciendo una "competencia desleal".
Asimismo, ha explicado que las otras dos actividades que gravará este impuesto son la publicidad que se hace en las plataformas o redes, así como la actividad de aquellas empresas que se benefician de la venta de datos, aunque cuenten con el consentimiento del usuario.
Además, la ministra remarca que este nuevo impuesto se aplicará sólo a grandes corporaciones, ya que únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
