Según un borrador del proyecto el objetivo principal del sistema es afrontar las campañas de desinformación que interfieran o pretendan minar los procesos democráticos europeos, con especial atención en dos categorías: las campañas originadas o difundidas con el apoyo o la implicación de actores extranjeros y las que pretendan influir en elecciones nacionales o europeas, y específicamente en los comicios a la Eurocámara del próximo 26 de mayo.
De hecho, después de esas elecciones se dará por finalizada la fase inicial de la iniciativa, y entonces se revisarán su estructura y sus funciones. El sistema comenzará su andadura este lunes con una reunión, en Bruselas, de los llamados "puntos de contacto" que designe cada Estado miembro y que serán, junto a la Comisión y el SEAE, los miembros del sistema de alerta.
Estos puntos de contacto serán los encargados de coordinar la información que se recaba en sus respectivos Estados y suministrársela al sistema europeo. La idea es compartir información no solo sobre campañas de desinformación concretas, sino también sobre tendencias detectadas o análisis de determinadas situaciones.
EN ESPAÑA, LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN
También serán los encargados de difundir las alertas que se emitan y compartan en la red europea. En el caso español, el punto de contacto será la Secretaría de Estado de Comunicación, según decidió el pasado viernes el Consejo de Ministros, tras escuchar un informe sobre el proyecto europeo a cargo del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell.
En línea con las pautas sugeridas desde Bruselas, la Secretaría de Estado se encargará también de coordinar, en España, la recién creada Comisión Permanente contra la Desinformación, en la que participará personal de Presidencia, Exteriores, Defensa, Interior y Economía.
Para no generar suspicacias, el borrador sobre el nuevo sistema deja claro que éste trabajará con pleno respeto al principio de libertad de expresión. También, que esta plataforma no servirá en ningún caso para intercambiar inteligencia ni información clasificada, sino solo contenidos de fuentes abiertas. A la plataforma tendrá acceso un número limitado de individuos.
La intención es que la red sirva a los Gobiernos para compartir desinformaciones o actividades transfronterizas maliciosas y pedir ayuda para analizar actividades sospechosas. Además, se emitirán resúmenes periódicos de la información publicada en la plataforma y se compartirán análisis de tendencias e informes, para facilitar un análisis común de las situaciones que permita dar respuestas rápidas. Los Gobiernos también podrán intercambiar experiencias sobre cómo afrontar este desafío.
PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES Y UN FACILITADOR
En esta primera fase, la red funcionará con información suministrada por los Estados miembros y el SEAE actuará como facilitador para asegurar que la información fluye correctamente. Tanto éste como los puntos de contacto nacionales podrán emitir alertas, pero a partir de criterios claramente definidos. El SEAE y la Comisión también podrán evaluar, en contacto con los Gobiernos, si algún asunto requiere una respuesta concreta, como contactar con las plataformas online o con 'fact-checkers' o discutir una respuesta política concreta -cosa que harían los 28 al margen de esta plataforma--.
Es más, la reunión de este lunes servirá, entre otras cosas, para que los puntos de contacto nacionales y las instituciones europeas definan mejor qué información suministrarán y cuáles serán los criterios para emitir alertas, además de las modalidades de cooperación con otras redes y otros actores.
El motivo es que el nuevo sistema tendrá que cooperar con las redes que ya existen sobre ciberseguridad, amenazas híbridas u organización de elecciones, e intercambiar información con otros organismos como la OTAN o el mecanismo de respuesta rápida del G7. También podrá interactuar con expertos de la sociedad civil y con la red de 'fact-checkers' puesta en marcha en el marco del mismo Plan de Acción europeo contra la desinformación.
