Lesmes ha pronunciado estas palabras durante el acto de clausura de las jornadas que, bajo el título ”Justicia y desarrollo económico”, ha organizado la Asociación Profesional de la Magistratura en el ámbito de los cursos de verano que la Universidad Complutense organiza cada año en El Escorial.
La Administración de Justicia, un “servicio público”
El presidente del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces ha defendido que la Administración de Justicia es un “servicio público” que ciudadanos y empresas deben percibir como “eficaz” y “capaz de dar respuesta, en un tiempo razonable, a los conflictos que en ella se dirimen.
El correcto funcionamiento de la Justicia, ha explicado, tiene un “indiscutible impacto en la economía y es garantía de la paz social y del progreso del país”. Esto es así en la medida en que un marco legal claro y una actuación de los tribunales mínimamente predecible son garantía de seguridad jurídica y ésta, a su vez, es “clave” para crear un marco económico estable que atraiga la inversión empresarial. “Un sistema judicial eficaz sirve de incentivo a los empresarios para desplegar su capacidad innovadora para mejorar la productividad y potenciar el crecimiento económico”, ha señalado Lesmes.
Para el presidente del Tribunal Supremo resulta evidente que “economía y justicia funcionan como un binomio indisoluble” puesto que “la existencia de un sistema judicial eficiente influye directamente en el mejor funcionamiento del mercado de crédito, lo que claramente favorece el crecimiento”.
Existe, además, otro factor determinante del impacto que el correcto funcionamiento de la justicia tiene en la economía: las cantidades económicas “inmovilizadas” en los órganos judiciales a la espera de una resolución. Se trata de un importante montante de dinero que no revierte en el circuito económico de nuestro país: más de 4.500 millones de euros en 2018, según datos facilitados por Ministerio de Justicia e incluidos por el CGPJ en el informe “Justicia dato a dato” (*)
Por esta razón, ha añadido el presidente del CGPJ, “la reducción de tiempos y el aumento de la seguridad jurídica” deberían tener efectos positivos en la economía, ya que unos procedimientos judiciales más reducidos en el tiempo “comportarán una más pronta puesta a disposición de las partes de cantidades tan importantes de dinero”.
