La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha acordado en su reunión del pasado jueves mantener la fase 1 de la desescalada en la Administración de Justicia. La decisión, que supone continuar con la prestación del servicio con entre un 30% y un 40% de la plantilla, se ha adoptado ante la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.
Tanto el ministerio, como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas –las administraciones que, junto con el Consejo General de la Abogacía Española, conforman la Comisión de Coordinación- han transmitido durante el encuentro que los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales han transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables.
Sin embargo, la mayoría de las administraciones que tienen atribuida la gestión tanto de los medios como del personal en los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios (el Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias transferidas) han expuesto la necesidad de continuar en la fase actual, iniciada el pasado martes, ante la necesidad de evaluar de manera sosegada las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede.
La Orden del Ministerio de Justicia por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19, publicada el pasado 9 de mayo, prevé que la fase 1, denominada “Inicio de la reincorporación programada”, se prolongue durante al menos una semana, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La disposición recoge otras tres fases hasta la vuelta a la nueva normalidad. La fase 2, denominada “Preparación para la reactivación de los pasos procesales”, prevé la reincorporación de entre el 60% y el 70% de los funcionarios. La fase 3, “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”, establece la vuelta al trabajo del 100% de la plantilla para el momento en que se levante la suspensión de actuaciones. Por último, la fase 4, “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”, comenzará en el momento en que se supriman las recomendaciones sanitarias permitiendo el retorno al funcionamiento ordinario de cada órgano.
La norma, también consensuada en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19, busca conjugar el retorno escalonado al trabajo en los órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el máximo rigor en las medidas de seguridad laboral para garantizar la salud de todos los
operadores jurídicos y los usuarios del servicio público de la justicia.
Durante la reunión, a la que ha asistido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los participantes se han comprometido a compartir en próximos encuentros sus propuestas para la creación de juzgados especializados en asuntos derivados de la crisis del Covid-19 que prevé el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer
frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, convalidado por el Congreso de los Diputados ayer.
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