Se ha producido un ligero descenso de apenas un 1 % en la incoación de diligencias previas, lo que supone una estabilización de esta tendencia, en relación con los dos años anteriores (2016 y 2017). Por el contrario, se ha observado un aumento significativo de casi el 7% en la incoación de las diligencias urgentes, por las que se tramitan los denominados “juicios rápidos”, una vía “que ofrece una notable eficiencia que merece ser reforzada con una reforma legal que amplíe su ámbito de aplicación”.
En cuanto a las actuaciones propias del Ministerio Fiscal, la Fiscal General ha señalado que el año pasado se incoaron casi 15.000 diligencias de investigación, lo que supone un ligero aumento del 3% frente al año anterior. El volumen total de acusaciones formuladas por las distintas Fiscalías durante el año 2018 fue de casi 270.000, lo que implica un aumento del 2% con respecto al año 2017.
Cataluña
Segarra se ha referido también a la respuesta ofrecida ante el desafío secesionista catalán y ha recordado que el juicio se ha desarrollado con plenas garantía y transparencia: “la respuesta del sistema judicial ha sido la aplicación serena, firma y rigurosa de la Ley”
La Fiscal ha señalado que “todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia, sea cual sea el sentido de la misma”, “el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de Justicia es uno de los pilares en lo que ha de basarse la convivencia”.
Trata de seres humanos
La Fiscal General ha abogado por la tipificación penal de toda forma de proxenetismo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, e intensificar los instrumentos de protección de testigos, particularmente con la reforma del artículo 730 LECrim para contemplar expresamente la posibilidad de eximir a toda víctima especialmente vulnerable de la necesidad de volver a prestar declaraciones que implicarían una victimización secundaria, previo dictamen emitido por el correspondiente especialista.
Delitos sexuales
La delincuencia sexual afecta particularmente a las mujeres. Los procedimientos iniciados han aumentado hasta casi 19.000 asuntos, es decir, un 23 % más que las cifras recogidas en el año anterior. En este sentido, el Ministerio Fiscal ha mantenido desde el primer momento la misma postura que finalmente ha sido ratificada por el Tribunal Supremo sobre un conocido caso de agresión sexual en grupo, considerando que “nos encontrábamos ante una agresión sexual y no ante un abuso sexual”.
Corrupción
La Fiscalía General ha incrementado su actividad como muestra de su compromiso en materia de corrupción. Los procedimientos judiciales en trámite han pasado de 600 a 700 el año pasado. Segarra ha apostado por una reforma en profundidad de la legislación sobre protección de denunciantes y testigos, así como reformas para exigir responsabilidad al Tribunal de Cuentas para mejorar el control en el mal uso del dinero público.
Violencia de Género
En el 2018 se dictaron 41.000 sentencias en esta materia. De ellas, 29.000 fueron condenatorias, de las que 17.000 fueron por conformidad del acusado. Además, se ha producido un incremento del 2 % en el número de medidas cautelares solicitadas (45.045 en el año 2018, frente a las 44.106 del año 2017).
De las 49 mujeres fallecidas, 16 habían denunciado. “Las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscalías desde hace algunos años apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas, lo que debe hacernos reflexionar sobre la suficiencia de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional”.
Reforma del artículo 324 LECrim
Desde la Fiscalía General se ha insistido en la necesidad de reformar el art.324 LECrim, mediante la supresión del actual diseño y su eventual sustitución por un modelo alternativo de control de plazos que atienda a la realidad del funcionamiento y medios de los Juzgados y Fiscalías, ya que a día de hoy “no se ha reducido la carga real del trabajo cotidiano en los Juzgados de Instrucción, que siguen anclados en una gestión burocrática. Otro tanto se puede decir de los órganos de enjuiciamiento, cuyas oficinas se ven incapaces de superar la congestión derivada del número de asuntos asumidos.
El acto ha sido presidido por el Rey Felipe VI. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pronunciado el discurso inaugural.
Han asistido el vicepresidente y los magistrados del Tribunal Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ, la ministra de Justicia, Dolores Delgado; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, entre otras autoridades.
