Desde el Gobierno, han señalado que sería "positivo" que las condiciones laborales sean similares en todos los países miembros de la UE, aunque han recalcado que esta es una negociación que corresponde realizar con los agentes sociales y que será propuesta durante el Epsco, que se desarrollará este jueves y viernes en Madrid.
Así, la Presidencia Española del Consejo de la UE buscará sobre todo avanzar en acuerdos del diálogo social en Europa, una materia que lleva más de 13 años sin desarrollarse, por lo que durante estos seis meses se desarrollará una "presidencia muy social", con una "agenda muy ambiciosa".
En materia de inclusión social, fuentes del Gobierno han recalcado que la Epsco pretende abordar temas como la inversión social, la protección de autónomos y las rentas mínimas.
Respecto a la inversión social, la idea vertebral es concebir el gasto social no solo como gasto, sino como inversión, para lo que desde el Gobierno de España han formado junto a Bélgica un grupo de trabajo informal para desarrollar propuestas en gasto social que encajen dentro del marco fiscal de los países miembros de la UE.
El grupo de trabajo será presentado a los estados miembros durante la Epsco para promover su unión, con el objetivo de impulsar a los países de la UE que inviertan a lo largo de la vida de las personas, ya que, "gastar en personas puede tener efecto positivo en crecimiento y creación de empleo".
Por otro lado, el diálogo social en materia de teletrabajo y derecho a la desconexión digital también será otro de los puntos clave durante la Presidencia española del Consejo de la UE. En concreto, está abierta una negociación en materia de teletrabajo junto a tres patronales europeas, que se espera cerrar en septiembre.
EL SMI SE QUEDA SIN SITIO EN LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA
En lo que respecta al SMI, no se prevé actuar sobre salarios mínimos durante la Presidencia española del Consejo de la UE, ya que el texto de la directiva de salarios mínimos ya está aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, han destacado fuentes del Gobierno.
Así, han recordado cómo esta directiva ya obliga a todos los Estados a tener SMI, ya sea por ley o por convenio, una práctica que ha afectado a un tercio de los estados miembros de la UE que no lo tenían y ha impactado de manera positiva en la vida de más de 25 millones de trabajadores en la UE.
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