El Gobierno ha avanzado en el plano normativo y de políticas públicas. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual consolida un marco de derechos para las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de proxenetismo. A su vez, el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, consagra en su artículo 47 una acreditación administrativa a efectos de los derechos socio-asistenciales para las víctimas de trata y explotación sexual, con independencia de la denuncia, adoptada por acuerdo en Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022.
Por último, el Gobierno ha adoptado, como política pública estratégica frente a todas las formas de trata de personas, el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, coordinado por el Ministerio del Interior.
Para hacer operativas las obligaciones derivadas de este nuevo marco normativo y de implementación de políticas públicas, el Ministerio de Igualdad, en coordinación con el resto de departamentos ministeriales implicados ha elaborado el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución (2022 - 2026), "Plan Camino".
Este Plan supone un impulso de la acción política para reforzar la atención a los contextos de prostitución, como escenarios complejos en los que las mujeres pueden transitar por diferentes situaciones de explotación y de violación de derechos humanos, articulando actuaciones en los siguientes ámbitos fundamentales:
- Mejorar la información disponible sobre la magnitud de la trata, la explotación sexual y la prostitución, lo que incluye un mapa con información cuantitativa y cualitativa sobre la realidad de estas mujeres y niñas.
- Desincentivar la demanda de trata, explotación sexual y prostitución, a través de la educación y las acciones de sensibilización en sectores diana, como el turismo, el ocio o el deporte, dirigidas especialmente a adolescentes y hombres adultos.
- Promover la detección multi-agencia de la trata y la explotación sexual, a través de la formación y proporción de herramientas a todas las y los profesionales del ámbito social, sanitario, o educativo.
- Consolidar el sistema de acreditación de las víctimas, sin necesidad de denuncia o de haber culminado el procedimiento de identificación formal, como primer paso para el acceso a derechos socio-asistenciales, incluida la atención sanitaria, y como medida de impulso de la identificación formal.
- Garantizar la autonomía económica y habitacional de las víctimas, que les permita dejar atrás los escenarios de explotación, y proporcionar itinerarios de salida de la prostitución, con alternativas reales de vida.
- Facilitar el acceso al Sistema Público de Salud con especial relevancia en la atención primaria y los servicios de salud sexual y reproductiva.
Proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, mediante la articulación institucional de carácter integral y multidisciplinar de medidas de atención y recuperación, sensibilización y prevención, autonomía económica y habitacional, sanción a los responsables y goce de otros derechos. - Impulsar el acceso a la regularidad documental para las mujeres extranjeras víctimas de trata, explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución con indicadores de vulnerabilidad extrema, como vía fundamental para iniciar y consolidar el proceso de salida y emancipación de la situación de explotación.
