Melero, que se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid, es ciego total de nacimiento y pudo presentarse a las oposiciones después de que el Consejo General del Poder Judicial aprobara en mayo de 2014 un acuerdo en el que abría a las personas ciegas la posibilidad de ejercer como jueces al responder a la consulta planteada por Gabriel Pérez Castellanos, también ciego total, sobre si podría acceder a la Carrera Judicial en caso de que llegara a superar el proceso selectivo correspondiente.
El acuerdo, adoptado por unanimidad por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, señalaba que, en caso de aprobar las oposiciones, debería procederse a realizar las adaptaciones oportunas en su puesto de trabajo. El CGPJ dispone para ello de los mecanismos normativos necesarios que, de hecho, vienen aplicándose habitualmente para otros supuestos de discapacidad, permanente o temporal, por la Sección de Prevención de Riesgos Laborales.
El CGPJ basó su decisión en un informe del vocal Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad, en el que se recordaba que el artículo 49 de la Constitución obliga a los poderes públicos a realizar políticas de integración de las personas con discapacidad y a ampararles en el ejercicio de sus derechos y que el artículo 301.8 de la LOPJ dispone que en las convocatorias para el ingreso en la carrera judicial se reservará un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 %.
“Asimismo, una vez superados dichos procesos, se procederá a las adaptaciones y ajustes razonables para las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo en los puestos de trabajo y en el entorno laboral del centro o dependencia pública donde desarrollen su actividad”, añade ese precepto.
El informe sostenía que son excepcionales los medios de prueba “que exijan la utilización del sentido de la vista de un modo insustituible” y agregaba que en la actualidad existen instrumentos tecnológicos que hacen fácilmente accesible cualquier documento a las personas invidentes.
El Foro Justicia y Discapacidad, creado por el CGPJ en diciembre de 2003, tiene como objetivo coordinar a las instituciones jurídicas del Estado para conseguir la plena efectividad en la tutela judicial de los derechos de las personas con discapacidad, más de cuatro millones en España.
El Foro está integrado, además de por el propio Consejo, por el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Fiscalía General del Estado; el Consejo General de la Abogacía Española; el Consejo General de Procuradores de España; el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas); el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España; el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI-; y por la Fundación ONCE. También se han incorporado a lo largo de estos años expertos de diferentes actividades, lo que conforma un órgano, que siendo de carácter esencialmente jurídico, no prescinde de otros conocimientos del saber humano.
