La sesión de apertura corrió a cargo del Alfredo González-Panizo Tamargo, quien en su primera comparecencia pública tras su nombramiento como subsecretario de Economía, Industria y Competitividad, señaló que el principal propósito de todas las medidas que se han adoptado en los últimos años ha sido reforzar y añadir garantías adicionales a la actividad de auditoría, destacando el interés público de esta actividad.
Así mismo, González Panizo, manifestó que la Ley de Auditoría de Cuentas, en vigor desde el pasado mes de junio, es el resultado de la transposición en España de la nueva normativa comunitaria aprobada para dar respuesta al objetivo de alcanzar los más altos estándares posibles en la realización de auditorías en toda la Unión Europea.
La definición de Entidad de Interés Público, aspecto esencial de la reforma; mayor transparencia e información; y refuerzo de la independencia del auditor, son las principales novedades introducidas por la Ley.
El presidente del REA+REGA Auditores, Carlos Puig de Travy, corroboró las palabras del subsecretario y reconoció que la Ley de Auditoría, aprobada en 2015, introdujo algunas mejoras con el objeto de aumentar la fiabilidad de la información financiera. No obstante, Puig de Travy aprovechó la presencia de González-Panizo en el 7º Audit Meeting, para solicitar, en nombre del REA+REGA, “el desarrollo de un marco de colaboración entre el Ministerio, el sector de la auditoría y el resto de agentes implicados para consensuar la redacción de un reglamento que permita corregir algunas deficiencias técnicas de la Ley”.
Entre estas deficiencias, Puig de Travy destacó el régimen de independencia –de redacción confusa y de difícil cumplimiento en la práctica–, que incluye la problemática asociada a la concentración de honorarios. A este último respecto hizo hincapié en que, en Europa, esta causa de incompatibilidad solo está contemplada para las entidades de interés público. Así mismo, señaló que “el reglamento deberá simplificar los requerimientos normativos para quienes auditen entidades pequeñas, en consonancia con lo que dicta la Directiva europea”. En cuanto al actual modelo de supervisión, el presidente del REA+REGA cree necesario que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) debería volver a contar con los profesionales en ejercicio, en cuanto conocedores del sector, y restaurar el Comité de Auditoría previo a la nueva Ley. Por último, manifestó su confianza en que el reglamento –norma a la que la ley deriva los requisitos que deberán reunir las firmas que auditen entidades de interés público– no establezca barreras a la entrada de nuevos operadores.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, hizo hincapié en los avances logrados en materia de transparencia en el sector privado, pero señaló que no ha sido así en el sector público. “En el sector público español se encuentran más de 22.000 entidades –recalcó Pich– y de ellas solo se auditan aproximadamente el 10%”.
El presidente del Consejo General de Economistas valoró positivamente que, tanto a nivel nacional como en algunas Comunidades Autónomas, se haya legislado en materia de transparencia del sector público, recogiendo el sentir de la ciudadanía en cuanto a una mayor demanda de información y una gestión más eficiente de los recursos colectivos. No obstante, señaló que “en este contexto, a pesar de estos avances, si alguien intenta obtener información exacta de datos económicos esenciales de algunas Administraciones, sigue resultando una tarea muy compleja la mayoría de las veces. Por tanto, sería recomendable estimular el trabajo de los profesionales de la auditoría –públicos y privados–, ya que constituyen un colectivo fundamental para incrementar la transparencia y la claridad”. Valentín Pich concluyó su intervención diciendo que “deberían impulsarse avances normativos en esta materia que, quizá, podrían materializarse en una Ley del Sector Público”.
