Victoria Ortega: "En esta nueva era de la globalización tecnológica parece razonable que la ley se ocupe de abrir un catálogo de derechos digitales a proteger"

Esta entrevista a Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, tiene ocasión con motivo de la celebración del XII Congreso Nacional de la Abogacía 2019

1.- Encaminados a la denominada Abogacía 4.0, en su opinión cómo están afrontando los Colegios de abogados españoles el reto de la transformación digital.

Como han asumido siempre todos los retos, con valentía, decisión y compromiso, liderando proyectos y apoyando a los colegiados para que la transformación digital no suponga una brecha en el ejercicio profesional. Para ello, en los programas formativos de los Colegios se imparten cursos específicos, tanto para el manejo de herramientas básicas como otros más especializados para quienes quieran explorar la transformación digital como un nuevo nicho de mercado. Y desde el Consejo también estamos implicados en esa cultura del cambio tecnológico, con nuevas herramientas que les permitan tener su despacho a un clic y en la nube (Correo Abogacía), organizando jornadas monográficas, fijando la innovación y el desarrollo tecnológico en nuestra agenda de prioridades (Plan Estratégico Abogacía 2020) o haciéndola protagonista destacada de nuestro Congreso Nacional de Valladolid.

2.- ¿Y los abogados, cree usted que se hallan preparados para seguir el ritmo que impone la transformación digital para afrontar las demandas del mercado legal? 

La Abogacía siempre está preparada porque estamos en constante aprendizaje, entre otras cosas porque los cambios legislativos nos exigen un reciclaje continuo y muy exhaustivo. No sólo estamos absolutamente preparados para seguir el ritmo de los nuevos escenarios tecnológicos, sino que ya lo hemos demostrado, como así lo hicimos, por ejemplo, cuando se implantó la obligatoriedad del uso del sistema LexNet. Pese a las dificultades, estuvimos a la altura. Los estuvieron los profesionales y lo estuvieron los Colegios, que se volcaron para facilitar esa transición, implicándose a fondo en la formación de sus colegiados y buscando acuerdos con proveedores para que aquellos despachos que necesitaran cambiar sus equipos informáticos lo pudieran hacer en condiciones económicas asequibles.

3.- ¿La irrupción de los nuevos derechos digitales hace preciso disponer de una carta de derechos digitales? 

El pasado mes de diciembre, justo el mismo día que conmemorábamos los 40 años del referéndum de la Constitución de 1978, se publicaba en el BOE el nuevo marco legislativo en materia de protección de datos, situando a España entre los países pioneros en el reconocimiento de nuestros derechos digitales. El mismo nombre de la norma es elocuente: Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

En esta nueva era de la globalización tecnológica parece razonable que la ley se ocupe de abrir un catálogo de derechos digitales a proteger, como la privacidad y nuestro derecho a saber quién recoge nuestros datos, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y qué va a hacer con ellos; el derecho a la seguridad digital, al acceso universal a internet, a la neutralidad de internet, a la educación digital, a la rectificación en internet, al testamento digital, o incluso derechos laborales digitales.

4.- De un tiempo a esta parte se está experimentando una deriva en la que todo -o al menos gran parte- del Derecho se encuadra en una dimensión tecnológica o de Derecho TIC ¿considera que dicho auge justificaría la creación de juzgados especializados en Derecho Tecnológico? 

Sin duda alguna la existencia de juzgados especializados por materias siempre es de utilidad. No obstante, si hoy por hoy ya es difícil dotar a la Justicia de todos los recursos que necesita, creo que la existencia de juzgados especializados en Derecho Tecnológico, por muy deseable que nos pueda parecer, ahora mismo es una utopía. Por otro lado, al igual que los abogados somos capaces de adaptarnos y enfrentarnos a nuevas materias y realidades, la judicatura española también lo está, por lo que debemos tener la tranquilidad de que por muy complejo o novedoso que pueda ser el objeto de un procedimiento, los profesionales que intervendrán en el mismo lo harán con suficientes conocimientos.

5.- Las facultades de Derecho siguen en su mayoría sin formar a los estudiantes de grado en habilidades tecnológicas que precisarán para el ejercicio de la profesión. En este sentido, ¿qué puede hacer el Consejo y los Colegios de abogados para paliar esta carencia en la etapa de la precolegiación?

Desde el Consejo estamos plenamente concienciados de la necesidad de dotar a los estudiantes de habilidades tecnológicas. Si bien se trata de una tarea que corresponde fundamentalmente a las Universidades, desde el Consejo y los Colegios buscamos fórmulas para dar ese apoyo a los estudiantes antes de colegiarse. Una muestra de nuestro interés en formar en habilidades tecnológicas es el Convenio firmado el pasado mes de noviembre entre el Consejo y el Instituto Jurídico de Blockchain Intelligence, con el fin de colaborar para diseñar y organizar distintas actividades formativas en torno a esta nueva herramienta tecnológica. Además, de cara a nuestro próximo Congreso Nacional, donde la tecnología será protagonista, hemos facilitado el acceso con condiciones especiales a los estudiantes de Derecho y del Máster de Acceso.

6.- Ahora que se habla de la necesidad de un nuevo código deontológico de la Abogacía ¿hasta qué punto es conveniente extender la deontología al ámbito de la e-Abogacía o ejercicio de la Abogacía digital? 

El pasado mes de marzo, el Pleno del Consejo aprobó un nuevo Código Deontológico de la Abogacía que será presentado en el Congreso de Valladolid. Ha sido un Código muy trabajado, debatido y participado, en cuya redacción se ha tenido en cuenta, lógicamente, la Abogacía digital. En todo caso, seguimos haciendo el mismo trabajo con herramientas diferentes, por lo que la esencia de nuestras obligaciones deontológicas permanece intacta con independencia de esta nueva era digital.

7.- Entre las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial se habla mucho de la justicia predictiva. Pero hasta qué punto cabe hablar de justicia predictiva si cada juez es independiente en su labor de impartir Justicia y si aún sigue siendo habitual que ante casos idénticos o similares recaigan pronunciamientos judiciales dispares. ¿Inteligencia artificial o inteligencia automatizada, justicia predictiva o justicia previsible y segura, qué opinión tiene al respecto?

Creo que en este tema no podemos generalizar. Entiendo que la justicia predictiva puede servir para determinados tipos de procedimientos en los que los hechos y circunstancias sean idénticos, pero la realidad es que cada caso tiene que ser tratado de forma individualizada porque siempre hay matices que, en mi opinión, tienen que ser percibidos por un juez y no por una máquina.

Cosa diferente es utilizar esa justicia predictiva por los despachos de abogados para poder dar un mejor asesoramiento a sus clientes. Ser capaces de ofrecer a un cliente datos fiables sobre la posibilidad de ganar o no un procedimiento judicial, es sin duda uno de los avances tecnológicos más interesantes para la Abogacía. De todo ello nos ocuparemos en nuestro Congreso Nacional, incluso de las experiencias de la inteligencia artificial aplicadas a nuestra profesión.

8.- Y para terminar, pensando en el importante colectivo al que representa ¿qué espera y qué pedirá del nuevo titular del Ministerio de Justicia?

Espero compromiso, interés e implicación para resolver los muchos problemas que tiene nuestra Justicia. Y le pediría que cuidara a la Abogacía porque somos indispensables en nuestro Estado de Derecho. Cuidarla es, entre otras prioridades, impulsar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa; una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la actualización de baremos y pagos puntuales para dignificar el Turno de Oficio; la reforma del sistema de acceso a la Abogacía, con un modelo de prueba eminentemente práctico y útil para el ejercicio de la profesión; un nuevo Estatuto de la Abogacía, pues llevamos 6 años esperando un mejor marco regulatorio; proteger a los Colegios y Consejos de la Abogacía como prestadores de servicios públicos (justicia gratuita) y los derechos básicos de sus colegiados (secreto profesional); o sumar a la profesión en la elaboración de leyes, contar con ella en la lucha contra la violencia de género y promoción de la igualdad, o facilitar la conciliación en el ejercicio profesional (p.ej. suspensión de procedimientos y vistas). Para todo ello, como siempre, contará con nuestra total colaboración.

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