La propuesta de reforma de la LOPJ tiene como objetivo "avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan este ámbito, por ser un elemento clave para una adecuada respuesta judicial".
Asimismo, esta proposición de Ley Orgánica incluye medidas dirigidas a profundizar en la formación de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, tanto de los juzgados especializados en violencia de género, como de los jueces y juezas de familia y menores. Además introduce pruebas específicas en violencia de género, como requisito para concursar a órganos judiciales.
Violencia de género digital y sector de los cuidados
El Pleno de la Cámara Baja votará, también el martes, dos Proposiciones no de Ley relativas a la violencia de género digital entre la juventud y al desarrollo del sector de los cuidados.
En primer lugar, el Congreso debatirá sobre la PnL relativa a la violencia de género digital entre la juventud para instar al Gobierno a seguir impulsando la concienciación y la formación para la igualdad. También a "continuar realizando campañas específicas en medios digitales, utilizando el contexto vital de los propios adolescentes, para informarles del valor de la privacidad y su relación con la ciberseguridad, reforzar la difusión de recursos de apoyo, anónimos y online, que sirvan para formular consultas o denuncias y promover sistemas que evalúen las prácticas de autorregulación, desde el punto de vista de la igualdad, con el fin de eliminar contenidos nocivos".
Por otra parte, se defenderá ante el Pleno una proposición no de ley relativa al desarrollo del sector de los cuidados como una política de empleo, recuperación económica, social y de igualdad prioritaria. En este sentido, el grupo proponente insta al Ejecutivo a poner en funcionamiento "un sistema público de cuidados y atención a la dependencia integrado, complementario y equiparable al sistema público de salud, basado en la asistencia personal para la vida independiente". Y, además, adoptar una serie de medidas para ampliar exponencialmente la inversión y dedicación de recursos públicos a esta materia, recuperar la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras del entorno familiar e implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, entre otras cuestiones.
