Los datos que se han recogio en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado han mostrado todas las acciones llevadas a cabo por la institución durante el último año.
Terrorismo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha subrayado que los delitos por terrorismo han ido aumentado de "forma importante" durante los últimos años, en especial los relacionados con el yihadismo, pues en 2015 las investigaciones de este tipo han superado "con creces" por primera vez los relativos a la banda terrorista ETA.
En la memoria anual de la Fiscalía General del Estado relativa al año 2015, el Ministerio Público señala que el 40% de las investigaciones que realiza la Audiencia Nacional se dedica al terrorismo.
Del total de las diligencias previas incoadas en 2015 (808), 331 son de terrorismo, de las cuales 179 son de corte yihadista.
El 22% del total de las investigaciones que ha realizado la Audiencia Nacional es sobre terrorismo yihadista, lo que convierte a la lucha contra el yihadismo en "uno de los pilares fundamentales" de su trabajo.
Por otro lado, el Ministerio Público ha lamentado que las reformas que se llevaron a cabo para criminalizar los actos de captación, adoctrinamientos, adiestramiento de personas para integrarse en organizaciones terroristas es "insuficiente" ante el actual escenario, en el que Internet y las redes sociales son el principal mecanismo para difundir el mensaje yihadista.
Por ello, asegura que es "muy probable" que ante la evolución de este fenómeno haya que hacer reformas legales en un "futuro inmediato" y ha solicitado con "mayor urgencia" el incremento de fiscales especializados y dedicados a la investigación de estos crímenes.
Autorización de escuchas
La Fiscalía General del Estado propone que los fiscales, y no sólo los jueces, tengan competencia para autorizar la utilización de dispositivos electrónicos, como las grabaciones telefónicas, en los seguimientos policiales a investigados, con el fin de "agilizar" el desarrollo de las instrucciones.
En la memoria anual, se destaca que es necesario hacer "pequeños ajustes" en el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula la utilización de dispositivos electrónicos en investigaciones policiales. El objetivo de esta propuesta es "agilizar" el desarrollo de investigaciones penales.
Para el Ministerio Fiscal, "una de las mayores ventajas" de conocer la investigación desde el principio y "controlar" las grabaciones a investigados es propiciar al magistrado una investigación "suficientemente fundamentada".
Anticorrupción
La actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada no ha dejado de aumentar en los últimos años. En 2015, este departamento intervenía en un total de 371 procedimientos relativos a delitos económicos de especial trascendencia, corrupción política o blanqueo de capitales cometidos por grupos criminales organizados, 144 de los cuales se investigaban en la Audiencia Nacional. Solo un año antes había 31 causas menos, un total de 340.
Ha aumentado, aunque ligeramente, el número de sentencia dictadas por este tipo de asuntos en el año 2015, al haberse dictado 22 sentencias en primera instancia, todas ellas condenatorias total o parcialmente, menos 4 absolutorias, frente a las 19 dictadas en el año 2014 en este sentido. Igualmente ha aumentado el número de escritos de acusación en el año 2015 (47) frente a los presentados durante el año 2014 (35).
En el Registro de Anticorrupción se presentaron a lo largo de 2015 un total de 2.405 frente a 2.163 del año 2014, de los que 621 correspondieron a denuncias.
Delitos perseguidos
Respecto a los delitos que constituyen el objeto de estos procedimientos, y siempre hablando de 2015, 60 se seguían por estafa o apropiación indebida, 2 por corrupción en el deporte, 102 por delito contra la Hacienda Pública, 45 por falsedad en documento, 161 por delitos contra la Administración Pública, 31 por delito contra la ordenación del territorio, 15 por delito de fraude de subvenciones, 98 por blanqueo de capitales, 29 por delito societario, 36 por delito de asociación ilícita y 8 por delitos contra el mercado y los consumidores.
Comisiones rogatorias
Anticorrupción también observa en su memoria que a lo largo de 2015 se mantuve el número de las Comisiones Rogatorias Pasivas tramitadas por esta Fiscalía siendo 22 en el año 2014 y 24 en 2015. La procedencia es primordialmente de países europeos, concretamente Italia, Francia, Portugal, Suiza, Liechtenstein y Lituania, así como de Bielorrusia (1) y Colombia (1).
La mayor parte de estas peticiones de auxilio judicial en el extranjero vino referida a delitos de blanqueo de capitales (13) y crimen organizado (4). En algunos casos los delitos cometidos son fraudes fiscales (4) y, en algún caso, delitos de prevaricación y cohecho.
Presos en las cárceles
El número de población reclusa en España ha disminuido en 8.858 personas entre en el año 2010 y el 2015, además la cantidad de reclusos en la actualidad es de 61.614, divididos entre 56.892 hombres y 4.722 mujeres.
Procedimientos penales
La Fiscalía impulsó a lo largo de 2015 un total de 3.649.253 de diligencias en el ámbito penal que dieron lugar a otros tantos procedimientos abiertos en los juzgados españoles según refleja la última memoria de la Fiscalía. El descenso en el número de asuntos respecto a 2014, que es casi de medio millón, debe atribuirse a las últimas reformas legislativas.
De estos datos se deduce que a lo largo del pasado año se incoaron 498.526 procedimientos penales menos que en 2014, lo que representa casi un 10% menos en total. Por lo que se refiere a los tiempos de la Justicia, la Memoria constata que el tiempo medio entre la interposición de un recurso contra una sentencia y su resolución en 2015 fue de 159 días.
Las causas de este descenso de causas se debieron, según se explica en el documento, a la despenalización de algunas conductas que hasta el 1 de julio de 2015 eran constitutivas de faltas y en menor medida a la entrada en vigor, en fecha 6 de diciembre de 2015, de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sobre el nuevo régimen de remisión de atestados sin autor por la policía a los juzgados.
Como consecuencia de esta reforma y desde la fecha indicada dejaron de tener entrada en los juzgados los atestados sin autor que con la legislación anterior daban lugar a la incoación de diligencias previas que eran archivadas, generalmente, en el mismo día de la guardia.
Los delitos contra el patrimonio fueron los que dieron lugar a mayor número de incoación de diligencias previas, con un 48% de las incoadas en total.
Los gráficos facilitados por la Fiscalía reflejan que los más habituales son los robos con fuerza -se incoaron 15.440 procedimientos-, seguidos de los robos con violencia, por los que se abrieron 7.212 causas instadas por la Fiscalía.
En el año 2015 el Ministerio Fiscal asistió a la celebración de 412.622 juicios, que se distribuyeron entre 195.501 juicios de faltas, 160.331 juicios ante los juzgados de lo Penal y 8.835 ante las salas penales de las Audiencias Provinciales. Y por delitos leves un total 47.951 desde 1 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor de la reforma de la LeCRIM.
En el año 2014 el número de total de juicios a los que asistió el Fiscal fue de 475.956, produciéndose en el año 2015 un descenso en la asistencia a juicios del 13 por ciento motivada por la derogación de las faltas que generaba un ingente volumen de señalamientos que finalizaban en el casi 50% en sentencias absolutorias.
Siniestralidad laboral
La Fiscalía General del Estado ha alertado del aumento de la siniestralidad laboral en 2015, que ha vuelto a niveles del año 2011 después de una caída en los años intermedios.
Así lo pone de manifiesto en la memoria del último ejercicio, donde indica que el número de muertos en accidentes laborales ha aumentado un 10,1% respecto a 2014, al pasar de 454 a 500 personas.
Mientras que en el año 2014 se incrementaban las cifras de accidentes mortales y leves, pero se mantenían a la baja los de los accidentes graves, en 2015 este grupo también sufrió un sensible incremento de 124 personas, hasta los 3.358 lesionados graves. Los leves aumentaron en 31.676 personas, hasta los 445.365 casos.
Así, aunque la siniestralidad laboral ha disminuido en un lustro (2011-2016) un 11,86%, el organismo que encabeza Consuelo Madrigal señala que esta disminución es engañosa de cara al futuro, ya que en el lustro 2009-2013 la disminución fue algo superior al 30% y la del 2010-2014 algo superior al 25%.
La Fiscalía reclama la autonomía de la Unidad especializada de siniestralidad laboral respecto a las jefaturas provinciales y de área, lo que, a su juicio, contribuiría a una mayor unidad en la aplicación de la doctrina sobre estos delitos, permitiendo a la Unidad sobrepasar el campo de la "sugerencia" al de la orden para una más efectiva y eficaz aplicación de la norma.
