Se trata de un total de tres contratos destinados a suministrar certificados y tarjetas criptográficas imprescindibles para el uso del expediente electrónico, así como a la implantación de medidas de seguridad y antivirus que protejan los equipos de soporte e infraestructuras de estas redes de datos.
El cierre del ejercicio 2016 el pasado mes de julio comprometía las contrataciones previstas para el segundo semestre del presente ejercicio en relación con el cumplimiento de los proyectos de Justicia Digital y Fiscalía Digital en Fase II. La obligación para todos los profesionales de la Justicia, oficinas judiciales y fiscales de emplear desde enero de 2016 los sistemas telemáticos en todos sus escritos, así como la de los juzgados y tribunales de tramitar electrónicamente los procedimientos, exige una dotación de medios necesaria para cumplir los plazos establecidos y evitar posibles reclamaciones de los profesionales ya adaptados al nuevo sistema.
Por ello, la excepción aprobada en el Consejo de Ministros permitirá tramitar tres contratos que permiten cumplir en plazo los objetivos previstos en esta fase de implantación de la Justicia Digital.
El primer contrato consiste en una encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para el suministro de tarjetas criptográficas y la prestación de servicios técnicos y de seguridad aplicables a la certificación de firma electrónica en el ámbito de la Administración Electrónica por un importe estimado de 137.063,70 euros. Esta encomienda posibilitará el trabajo con el expediente judicial electrónico e impulsará la eficiencia de las actividades propias de la Administración de Justicia tanto en infraestructura tecnológica como en interoperabilidad y seguridad.
El segundo contrato incluye un paquete de medidas de seguridad que permitirán detectar, prevenir y proteger la infraestructura de comunicaciones ante cualquier tipo de ataque malicioso. El incremento de tráfico de datos como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto de Justicia Digital y la utilización del expediente electrónico exige la puesta en marcha de medidas la monitorización y correlación de eventos vinculados a la seguridad de las redes de datos. El importe de esta partida es de 244.968,52 euros (importe con IVA).
Por último, el tercer contrato incluye el suministro de un sistema antivirus que permita defender los equipos de cualquier tipo de intrusión externa o de cualquier irrupción forzada en el sistema. El importe alcanza los 72.454,80 euros (importe con IVA).
