Para ello, la Corporación contó con Javier Roldán Barbero, catedrático y director del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, un “docente excelente e impulsor de la estrategia internacional de España”, según lo describió el vicepresidente de la RAJYL de Granada, Javier Liñán Nogueras.
El experto comenzó recordando el contexto de apertura internacional de España con la llegada de la democracia. “Europa se había convertido en un objeto de deseo”, aseguró, abogando por una “deseable reforma” de la Carta Magna en clave europea. “Son muchas las cuestiones que habría que retocar y repensar, incluso el mismo título del Poder Judicial”, afirmó, especialmente “en un momento en el que las democracias y los Derechos Humanos están deteriorándose”.
En este sentido, Roldán Barbero insistió en la importancia de que las naciones reaccionen ante esta crisis democrática y se protejan frente a los intentos de división que promueven las autocracias, el riesgo de manipulación de la realidad digital o la decadencia de la verdad y la razón, citando como principales obstáculos para el caso español aspectos como la Ley de Amnistía, la malversación de fondos públicos, el uso sistemático del decreto ley para transponer la normativa comunitaria o la confusión ciudadana sobre el reparto de competencias a nivel local, regional, nacional y europeo.
“La Unión Europea mejora nuestra Estado social y democrático de Derecho y debemos profesar un patriotismo constitucional y europeo”, aseveró el europeísta, en referencia a los beneficios que supone para España su integración en Europa, desde el acceso a subvenciones y préstamos (140.000 millones recibidos, cifró el catedrático) hasta la mejora de la protección de la ciudadanía en temas tan cotidianos como las hipotecas, la situación de los interinos, los permisos parental, o la seguridad digital. También para la Justicia, ya que, según señaló, “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fortalece la independencia del poder judicial”.
Entrega de los Premios Anuales
La ceremonia prosiguió con la entrega de los Premios Anuales 2023 de la Academia, con los que la institución reconoce los mejores trabajos de investigación en Ciencias Jurídicas dentro de su ámbito de actuación, que se extiende a Almería, Jaén, Málaga y la ciudad autónoma de Melilla.
De este modo, Sandra Jiménez Arroyo (Universidad de Granada), con su trabajo ‘Violencia filio-parental: tratamiento jurídico y respuestas desde el ámbito judicial’, y Patricia Viceira Ortega (también de la UGR), autora de ‘Nuevos planteamientos e hipótesis en torno a la resolución de incumplimiento del contrato’, recogieron los reconocimientos que otorga la propia Academia a las Mejores Tesis de Derecho Público y Privado, respectivamente.
Por su parte, su compañero de universidad Javier Luque Castelló recibió el Premio al Mejor Expediente Académico del curso 2022/2023, dotado con 600 euros a cargo de una subvención nominativa de la Junta de Andalucía. Además, el joven graduado también fue galardonado con el Premio Eduardo Roca Roca -dotado con 1.200 euros gracias a la colaboración de la familia del catedrático de Derecho- por su trabajo ‘La reforma de la cifra mínima de capital social de las sociedades de responsabilidad limitada en la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas’, entregándole la distinción Eduardo Roca López de Hierro, nieto del jurista.
El Premio Luis Portero García, subvencionado con 3.000 euros por el Ayuntamiento de Granada, fue entregado por la concejal de Economía, Hacienda y Contratación, María Rosario Pallarés Rodríguez, a María Dolores Requena de Torre por su trabajo ‘Un estatuto común de derechos para los solicitantes de protección internacional en la Unión Europea’.
Mismo importe obtendrá Félix Benito Osma por su obra ‘Gobernanza y sostenibilidad de los fondos de pensiones’, galardonada con el Premio Luis de Angulo Rodríguez gracias a la subvención de Fundación Mutualidad para reconocer los mejores trabajos en Derecho Mercantil, si bien el ganador no pudo recoger la distinción por motivos sobrevenidos.
Gonzalo Campos Ribera, autor de ‘Evaluación de solvencia y credit scoring: perspectivas legales del tratamiento de datos en la era de la IA’, recogió el Premio José Luis Pérez-Serrabona y Sanz, auspiciado por la familia del reputado letrado con 1.200 euros de dotación y entregado en representación por Fernando Pérez-Serrabona González.
Por último, en el apartado de instituciones, el Premio Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, patrocinado con 2.000 euros por esta Corporación, recayó sobre el trabajo de Derecho Privado titulado ‘La facultad del testador de gravar la legítima estricta cuando concurre un legitimario con discapacidad’, de Antonio José Vela Sánchez, quien recibió la distinción de manos de la vicedecana del Colegio Notarial de Andalucía y académica de la RAJYL de Granada, María Teresa Barea Martínez.
