La Jornada ha sido clausurada por el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Comunitat Valenciana, Manuel Alcaraz y la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Trini Blanch, organizadores del Encuentro.
En la jornada técnica, se ha analizado cómo introducir en la práctica en las contrataciones de todas las Administraciones Públicas de la Comunitat cláusulas que favorezcan, entre otras cosas, el comercio justo, el respeto a los derechos laborales y los derechos humanos de las personas productoras, las entidades de la economía social, el tejido empresarial local y las PYMES.
Ayuntamientos
Vanesa Felip, presidenta del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) de València ha asegurado que la compra pública ética “supone una utilización más eficiente de los presupuestos públicos, porque no solo se tiene en cuenta el precio a la hora de contratar, sino también si la empresa es socialmente responsable”.
Felip ha explicado que pueden introducirse este tipo de cláusulas sociales, éticas y medioambientales en los criterios de adjudicación de los contratos públicos y en las condiciones de ejecución, pero además es necesario establecer controles a lo largo de toda la vida del contrato, como hacen en L’Alcúdia para supervisar que, en los contratos así adjudicados, se incorporan efectivamente productos de comercio justo.
“La contratación pública no es solo un medio para que las Administraciones obtengan bienes y servicios de forma ventajosa. Es también un instrumento para conseguir sus fines, y entre esos fines está la igualdad y la justicia”, ha afirmado Alcaraz en el encuentro. El conseller ha recordado que, en esta línea, el Consell aprobó el anteproyecto de Ley para el Fomento de la Responsabilidad Social, que remitirán en las próximas semanas a Les Corts para su tramitación.
Universidades
La presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Trini Blanch, ha recordado que “muchas Administraciones Públicas valencianas, ya están incorporando criterios de compra pública responsable en sus contratos, entre ellas la Universitat de València, la Politécnica y la Jaume I. Lo mismo han hecho municipios como el de València, Castellón y Sagunto. Otros, como el Ayuntamiento de Alicante, han aprobado declaraciones institucionales apoyando el comercio justo y la compra pública ética”.
Para las Administraciones Públicas interesadas en impulsar la compra pública ética y sostenible, la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo pone a su disposición un servicio de información sobre buenas prácticas en la materia. Además, la Generalitat Valenciana ha elaborado junto con COSITAL Valencia una Guía Práctica para la Inclusión de Cláusulas de Responsabilidad Social en Contratos y Subvenciones que incorpora la normativa existente a nivel europeo, estatal y autonómico y recopila ejemplos prácticos.
