El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con los representantes de las doce comunidades autónomas con competencias transferidas que han asistido a la Conferencia Sectorial celebrada en la sede del Ministerio. En la reunión, se ha acordado la distribución del crédito incluido en el presupuesto de este departamento en 2016 para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, que se concedió por primera vez en 2015, según ha informado el propio Ministerio.
Los criterios que se han valorado para la distribución del crédito han sido:
- Población de derecho a 1 de enero de 2015.
- Litigiosidad: número de asuntos ingresados en juzgados y tribunales en el pasado año.
- Planta judicial: número de unidades judiciales a 1 de enero de 2016.
Las comunidades autónomas beneficiarias de este crédito se han comprometido a destinarlo a la reforma de la Administración de Justicia y en concreto, al impulso de las nuevas tecnologías, la dotación de medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial y a la implementación de mejoras.
El objetivo final es alcanzar una Justicia digital, abierta e innovadora. El ministro ha señalado que la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la obligatoriedad en el uso de medios electrónicos en las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia ha exigido la extensión de las comunicaciones a todos los órdenes jurisdiccionales, y ha necesitado establecer los medios suficientes para hacerlo posible.
El ministro ha subrayado que las comunicaciones electrónicas están permitiendo acortar los plazos de tramitación de los procedimientos judiciales. Si para un procedimiento ordinario se empleaba antes una media de 60 días en la presentación de escritos y los actos de comunicación, ahora el plazo se reduce a apenas 19 días.
Desde el día 1 de enero, el sistema de comunicaciones electrónicas LexNET se ha ampliado a 145.600 nuevos usuarios, un 240% más que en 2015, lo que ha permitido hasta la fecha el intercambio electrónico de cerca de 8 millones de notificaciones y la presentación por esta vía de 166.800 escritos iniciadores de procedimiento y de 738.000 escritos de trámite. Datos que reflejan, ha dicho el ministro, que el sistema LexNET es robusto pero que requiere una estricta monitorización hasta su plena estabilización, así como el desarrollo de actuaciones que aseguren la disponibilidad del sistema cuando se registra una alta concurrencia de usuarios.
Catalá ha señalado que en este proceso de ajuste de LexNET se está trabajando de forma conjunta con los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales a través de comisiones mixtas provinciales que se reúnen semanalmente para hacer el seguimiento de la aplicación e identificar y resolver las incidencias.
Además de las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, el ministro ha recordado otras nuevas leyes que han echado a andar en los últimos cinco meses, desde que se celebró la última Conferencia Sectorial. Ha destacado el inicio desde el pasado 15 de octubre del nuevo sistema de comunicación electrónica y gratuita de los nacimientos desde los hospitales. Hata ahora el servicio se ha implantado en 162 hospitales, casi un 67% de la red pública sanitaria, y se han realizado cerca de 23.000 comunicaciones de nacimientos. En este punto, el Ministerio ha solicitado la colaboración de las comunidades autónomas para potenciar la implantación de esta medida CORA a través de las correspondientes Consejerías de Sanidad.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, Ministerio y comunidades autónomas han estudiado el plan de acción de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que establece un funcionamiento progresivo de manera que su ámbito de actuación llegue a todo el territorio del Estado el 1 de enero de 2017. La ORGA nació gracias a la reforma del Código Penal para optimizar los frutos obtenidos del decomiso, de manera que con ellos se pueda hacer frente a la restitución pecuniaria de las víctimas, abonando las indemnizaciones reconocidas en el marco del proceso penal, así como realizar proyectos sociales de apoyo y asistencia a las víctimas y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada.
Para ello, se ha solicitado la colaboración de los gobiernos regionales para que se realicen inventarios en cada una de las comunidades que permitan determinar la necesidad de actuar ante la posibilidad de que los bienes tengan elevados costes de conservación o puedan estar sometidos a una depreciación.
Por otro lado, el ministro de Justicia ha pedido a las comunidades autónomas trabajar conjuntamente para facilitar a los ciudadanos la obtención del certificado de antecedentes penales por delitos sexuales que se exige a quienes quieran ejercer una actividad que implique contacto habitual con menores, en cumplimiento de la Ley de protección a la infancia y adolescencia.
Por último, el Ministerio ha informado a las comunidades autónomas del acuerdo suscrito el pasado mes de diciembre con las organizaciones sindicales respecto a las relaciones laborales, oferta de empleo público y formación, que puede servir de ejemplo para las administraciones con competencias transferidas en materia de Justicia. Rafael Catalá ha recordado a los consejeros que un Gobierno en funciones no puede aprobar nuevas creaciones de juzgados si bien les ha explicado que se está trabajando en un escenario que contempla su creación y distribución territorial a futuro.
