El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe sobre las violaciones más graves de los derechos humanos de los niños y niñas con discapacidad en España, que hacen que la situación sea todavía precaria.
Este documento ha sido remitido por la plataforma de la discapacidad a las organizaciones nacionales de la sociedad civil de infancia y al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, para que no se pase por alto la dimensión inclusiva de la discapacidad en el examen a que será sometida España este lunes sobre su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Para el CERMI, los niños y las niñas con discapacidad que residen en España ven vulnerados sus derechos humanos en múltiples formas, al experimentar una situación estructural y sistemática de discriminación y exclusión social.
En España se viola el derecho de los niños y de las niñas con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad y el derecho de sus familias a elegir la educación que quieren para sus hijas e hijos. Para terminar con esta situación, se requiere de una reforma de la legislación educativa a fin de establecer un sistema educativo inclusivo en el que no exista educación especial ni segregadora, y que se implante un sistema donde todos los niños y niñas con discapacidad estén en entornos compartidos con sus iguales sin discapacidad. Ahora mismo, un 20 % del alumnado con discapacidad sigue sus estudios en sistemas segregados, cosa que es inadmisible desde un punto de vista de la exigencia de inclusión e igualdad de trato.
La esterilización forzosa a niñas con discapacidad es otro elemento sangrante del que aún perviven ciertos vestigios en nuestro ámbito jurídico y que se aplica en la práctica fundamentalmente a mujeres y niñas con discapacidad intelectual, incapacitadas judicialmente, a las que se priva de una función esencial corporal, como es la posibilidad de reproducirse sin que hayan tomado la decisión por sí mismas.
Otro aspecto en que España no protege los derechos de los niños y niñas con discapacidad es el de la institucionalización a la que se ven sometidos muchos menores, que viven de modo forzado en estructuras segregadas, separadas del curso común de la vida social.
En España no existe una adecuada política de especial de apoyo a las familias en las que viven niños y niñas con discapacidad, situación que se agravó durante la crisis económica con consecuencias que siguen sin revertirse. Resulta imprescindible desarrollar una adecuada política de especial apoyo a las familias en las que vivan niños y niñas con discapacidad, de manera que puedan alcanzar su pleno desarrollo en ellas como seres autónomos.
El CERMI plantea en su informe que resulta necesario realizar una revisión exhaustiva de la normativa española, tanto para dar el debido cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como para solucionar los graves problemas que los niños y las niñas con discapacidad afrontan en nuestra sociedad.
La sociedad española está muy lejos de que sea efectivo el derecho que tienen reconocido los niños y las niñas con discapacidad a poder tomar parte activa en los diferentes procesos de toma de decisiones que se realicen en todos los asuntos que les afectan. Hay que eliminar las barreras existentes y establecer los medios y proporcionar la asistencia necesaria para que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercer en todos los ámbitos, de acuerdo con su edad y capacidad, su derecho a participar siempre en la toma de decisiones en asuntos que les afecten.
Este examen, que se realiza periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención, sirve al Comité de los Derechos del Niño de mecanismo de control y supervisión de los mismos. El último examen que se realizó a España tuvo lugar en el año 2010.
