La proposición de ley orgánica, que continúa ahora su trámite en Comisión, ha recibido 342 votos a favor y 1 abstención. Una vez estudiadas las enmiendas al articulado la comisión elaborará un dictamen que deberá ser elevado a Pleno, ya que al tratarse de una reforma de ley orgánica necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara antes de ser remitida al Senado, según fuentes parlamentarias.
El objetivo de esta reforma es incluir las medidas que recoge el Pacto de Estado en materia de violencia de género para avanzar hacia una efectiva especialización de los profesionales que trabajan en este ámbito.
En concreto, se pretende "una formación especializada más amplia en esta materia tanto en los juzgados especializados en violencia de género, como también de los jueces y juezas de familia y menores" y también aumentar "la capacitación judicial en Derecho Antidiscriminatorio, incluyendo la perspectiva de género y la transversalidad, en las oposiciones a judicatura, Escuela Judicial, y formación continua anual, impartida por el Consejo General del Poder Judicial, pasando esta materia a ser obligatoria y evaluable".
Con el objetivo de cumplir lo que establece el Pacto de Estado, la reforma que propone la proposición de ley orgánica introduce pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer. Se trata de "previsiones análogas a las que ya existen para las pruebas de especialización en mercantil o en menores, con especificaciones que garanticen la adquisición de conocimientos multidisciplinares".
La selección y preparación de los jueces que aspiren a ocupar los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que deberá prever un sistema de especialización preferente. A este proceso de selección podrán participar los miembros de la Carrera Judicial y "quienes superen las pruebas y obtengan las plazas deberán participar antes de tomar posesión en su nuevo destino en las actividades específicas de formación".
La proposición de ley orgánica también recoge la necesidad de implantación de Juzgados Penales Exclusivos de Violencia sobre la Mujer en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos. En la actualidad, "de los 345 Juzgados de lo Penal existentes, sólo 26 se encuentran especializados, y no en todas las Comunidades Autónomas".
