El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un acuerdo por el que se autoriza una inversión de 11,7 millones de euros para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia en el marco de las competencias de la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El objetivo es mejorar la atención al ciudadano en sus trámites con el Ministerio de Justicia a través de la web institucional y la Sede Electrónica y avanzar hacia una gestión cada vez más digital y eficiente de los servicios generales del Ministerio para dar respuesta a la demanda creciente de la sociedad en este ámbito y en conformidad con lo dispuesto en el actual marco normativo.
La finalidad del contrato es la prestación de un servicio integral que abarcará desde la concepción de las aplicaciones hasta su construcción y posterior validación de los requisitos funcionales y de seguridad y permitirá asegurar su evolución de acuerdo a las necesidades de modernización y simplificación en la tramitación de los servicios. El plazo de ejecución del contrato es de dos años prorrogable por un periodo de otros dos.
En la actualidad, Justicia dispone de un parque de aplicaciones informáticas que posibilitan la prestación de servicios al ciudadano. Estos sistemas informáticos facilitan la actividad habitual del Ministerio en materia de recursos humanos, contratación y gestión de registros administrativos, así como la gestión de los procedimientos administrativos sectoriales en el ámbito del departamento. En su mayoría se trata de desarrollos propios o de adaptaciones de aplicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública de uso común en la Administración General del Estado. Asimismo, se gestionan la página web institucional y los cuadros de mando que explotan los datos generados por las aplicaciones propias del Ministerio o adquiridos de otras fuentes para la toma de decisiones de diseño de políticas públicas.
Este proyecto supone un nuevo paso hacia la plena transformación digital de la administración pública y reafirma el compromiso del Ministerio de Justicia con la Estrategia en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado.
