Los mayores registros de esta opinión se encuentran en los Juzgados de lo Social y los Juzgados de Primera Instancia por otra parte, un 27 por ciento de los encuestados consideran la carga adecuada y un 2 por ciento llega a calificarla de "baja".
El estudio se ha centrado en las características y desarrollo de la actividad de dicho personal para conocer los problemas a los que se enfrenta este personal en su labor cotidiana y tomar las medidas pertinentes para su mejora.
Las preguntas, según esta organización de carácter internacional, tiene como objeto de estudio doce áreas de análisis y han sido recogidas en un cuestionario enviado a los 5.390 Jueces y Magistrados en activo en España, de los cuales han contestado 1.285.
Transparencia Internacional destaca que los juzgados de Primera Instancia e Instrucción han sido los órganos más participativos en esta encuesta y que Andalucía, Madrid y Cataluña han sido los ámbitos geográficos desde los que se ha contestado en mayor medida.
Sobre su remuneración, un 84 por ciento de los jueces y magistrados en activo no están conformes con su retribución. Esta postura se manifiesta en términos generales, aunque disminuye inversamente proporcional a la edad y años en ejercicio.
Además, y en relación con la ampliación de plantilla, casi la mitad de los encuestados consideran necesario incrementar el número de jueces y funcionarios. Este enunciado es apoyado en un 60 por ciento de los magistrados que trabajan en tribunales superiores de justicia y en audiencias provinciales, y en un 70 por ciento por aquellos miembros de la Carrera que ejercen en los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Perspectiva de género
En cuanto a conciliación personal y de la vida familiar, los jueces consideran que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los órganos de gobierno de la carrera judicial no favorecen suficientemente la promoción y aplicación de medidas de conciliación de la vida personal y familiar.
Esta opinión es subrayada por el 61 por ciento de los jueces y magistrados preguntados al respecto. Casi tres cuartas partes de las mujeres encuestadas lo secundan, según se refleja en el estudio.
Además, un 72 por ciento los jueces y magistrados en activo consideran que en la carrera judicial no existe discriminación atribuible a cuestiones de género. Un cuarto de las mujeres que han respondido a la encuesta se manifiesta contraria a esta afirmación.
Preguntados por el régimen disciplinario del CGPJ, el 67 por ciento jueces y magistrados consideran que en los nombramientos que realiza el CGPJ no predominan los criterios de capacidad y mérito. Esto es apoyado por un 79 por ciento de los encuestados de los Juzgados del Contencioso Administrativo y un 77 por ciento en los TSJ, según la encuesta
Defensa de la independencia
Preguntados sobre si el CGPJ defiende la independencia judicial, tres cuartas partes de los jueces y magistrados en activo piensa que el órgano de gobierno de su carrera no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia. Esta opinión se mantiene por encima de un 70 por ciento independientemente de la edad, sexo, años en ejercicio u órgano de pertenencia.
Además, la mitad de los encuestados indica que el CGPJ no posee mecanismos y procedimientos adecuados para defenderla.
En relación con otros asuntos, casi un tercio de los encuestados en los Juzgados de lo Social quiere que se cambie el sistema de oposiciones para acceder a la Carrera y casi un 85 por ciento de los encuestados piensa que la asunción de competencias de Justicia por las Comunidades Autónomas no ha sido beneficiosa para la Administración de Justicia.
Sobre los medios de comunicación, 9 de cada 10 jueces y magistrados creen que los medios de comunicación no reflejan con objetividad las informaciones y quehaceres judiciales.
Sin embargo, casi la mitad de los encuestados considera necesario para su profesión el seguimiento de los medios de comunicación. Además, el 51 por ciento de la carrera judicial se encuentra muy o bastante preocupado por el posible impacto mediático de un asunto de su competencia.
