En Diciembre de 2002 la Asamblea General de la ONU acordó designar el 23 de junio el “Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública” y alentó a los Estados Miembros a organizar en esa fecha actos especiales para poner de relieve la contribución de la Administración Pública al proceso de desarrollo, rindiendo además un público homenaje a la labor de los funcionarios públicos. En palabras de Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, ya en el 2010: “En el “Día para la Administración Pública”, doy las gracias a todas las personas que trabajan en la actualidad al servicio de su localidad, su ciudad o su país, y aliento a los jóvenes ciudadanos de todo el mundo a que consideren las trayectorias profesionales, dinámicas y diversas, que brinda en la actualidad la Administración Pública.”
Éste debe ser, pues, también un día de reflexión sobre el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social y como principal agente activo, no el único, contra la pobreza y la exclusión de personas o grupos sociales. Un debate fundamental al que no son ajenas las decisiones que se adopten a nivel nacional o europeo sobre refugiados, los Acuerdos sobre el Comercio de Servicios (TISA) y sobre la Negociación Comercial Trasatlántica entre EEUU y la UE (TTIP), la creciente privatización de servicios públicos en España,…
La ONU pide anualmente a todos los Estados Miembros que respeten los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley y la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y rechazo de la corrupción en todos los niveles y en todas sus formas, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Mi breve reflexión no es sino una apuesta decidida por una Administración Pública clara y transparente, por la defensa de los servicios públicos y de su cercanía al ciudadano, el que debe ser real beneficiario de un “servicio público”. TRANSPARENCIA y CERCANÍA AL CIUDADANO en la que el uso de la tecnología (y el libre acceso a la misma) es un factor básico, y en esta línea avanzan las reformas legislativas en España, universalizando los canales on line vía internet para la gestión y solicitud de prestaciones o recursos en los distintos sectores (Hacienda, Seguridad Social, Justicia).
La TRANSPARENCIA afecta a la información acerca del funcionamiento real de instituciones y organismos públicos en aspectos tan básicos como la contratación, las políticas públicas, las subvenciones, las empresas públicas, los sueldos, el empleo público, el horario de los funcionarios, la productividad de las inversiones públicas, las fuentes de financiación de partidos, sindicatos, patronales, y medios de comunicación. Facilitar esta información, y que los gestores conozcan que se facilita al ciudadano, es un paso decisivo para la mejora del modelo de Administración Pública que queremos.
Sin auténtica transparencia no es posible exigir responsabilidades políticas y jurídicas a los gestores públicos, por la sencilla razón de que los ciudadanos carecen de información suficiente para reclamar, ni los políticos tienen incentivos suficientes para ir más allá de lo que les exija su propia conciencia.
Ya sabemos lo que suele ocurrir cuando se deja en manos de las Personas, y no de las instituciones, este tipo de decisiones, pues, como recordaba James Madison en “The Federalist Papers”, si los hombres fueran ángeles no serían necesarios, ni los controles internos, ni los externos sobre el Gobierno. Por eso la rendición de cuentas (accountability), junto con los sistemas de control y equilibrio (check and balance), y la existencia de medios de comunicación independientes, son pilares fundamentales de unademocracia digna de tal nombre.
En democracia, la transparencia es esencial, porque la rendición de cuentas sin acceso de los ciudadanos a toda la información es una burla.
Este modelo de “Gobierno Abierto” exige, eso sí, para su eficaz funcionamiento la implantación de un acceso libre, gratuito y técnicamente fácil a la información pública (open data) y establecer los mecanismos y procedimientos para fomentar la colaboración y participación ciudadana (open action). Medidas no sólo normativas, sino de óptima gestión a aplicar precisamente por el esencial factor humano del sistema, los funcionarios públicos, a quienes se dedica este día.
En pleno periodo electoral, sólo puedo recomendar al futuro Gobierno de España la memorización del listado de 15 medidas concretas que pueden lograr un mayor nivel de transparencia en nuestra Administración Pública, listado elaborado por la ONG “Plataforma de la Sociedad Civil G2020” (Ebook “Exigir Transparencia”, disponible en www.g2020.es):
1. Realizar análisis de productividad en la prestación de servicios entre las Administraciones Públicas, realizados por agencias independientes con criterios públicos, estables y objetivos. PONER DE MANIFIESTO MEJORES Y PEORES PRÁCTICAS.
2. Canalizar, en gran medida, la contratación pública a través de subastas electrónicas gestionadas por empresas especializadas, modificando la normativa que lo impida. SE PUEDE AHORRAR HASTA UN 12% Y SE FRENA LA CORRUPCIÓN EN LAS COMPRAS.
3. Crear un Portal de plazos que permita comprobar que las facturas han sido tramitadas y en el que se recoja la fecha de pago por las Administraciones. MENOR RIESGO DE QUIEBRA PARA LAS PYMES.
4. Contratar los espacios publicitarios de las Administraciones Públicas mediante subastas electrónicas, obligando a los propios medios a darle visibilidad en su web. OPTIMIZA LA INVERSIÓN PUBLICITARIA Y ASEGURA LA INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS.
5. Eliminar las “autorizaciones previas” (un factor que ralentiza y crea espacio para el tráfico de influencias y la corrupción administrativa) y establecer que el silencio administrativo ante las solicitudes de los ciudadanos tenga carácter positivo. DILIGENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.
6. Eliminar la arbitrariedad de los órganos que otorgan licencias o autorizaciones administrativas. MAYOR OBJETIVIDAD ADMINISTRATIVA.
7. Auditar con fuentes externas especializadas (como exige la ley alemana) los ingresos y gastos de los partidos políticos, sindicatos, patronales. CONTROL OBJETIVO DEL GASTO PÚBLICO.
8. Creación de un organismo, independiente de la Administración, que vele por el cumplimiento del derecho del ciudadano a la información, con capacidad sancionadora. SUPERVISIÓN INDEPENDIENTE.
9. Hacer públicas en la red las intervenciones realizadas por las Administraciones Públicas. TRANSPARENCIA VOLUNTARIA.
10. Garantizar los principios de mérito y capacidad para el acceso al empleo público y especialmente en los cargos directivos, así como la promoción y remuneración de los mismos, haciendo público el trámite y los motivos de la decisión con informes justificativos de las decisiones. MERITOCRACIA.
11. Abrir los plenos del ayuntamiento on-line (“streaming”) y recoger las opiniones de la ciudadanía de forma instantánea y on-line (redes sociales) como un input más. SOCIEDAD DEL MINUTO.
12. Realizar consultas on line a la ciudadanía sobre preferencias en temas de interés general, utilizando las tecnologías sociales. PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFORMADA.
13. Exigir que cada administración vaya publicando la información en sus webs mientras se crean los portales de transparencia previstos en la ley. INFORMACIÓN ABIERTA.
14. Exigir transparencia sobre las personas “investigadas” por delitos de administración desleal en procesos judiciales e informar de los cargos que ostentan en cada momento. ÉTICA.
15. Proteger a quienes denuncien prácticas corruptas e ilegales en el sector público, favoreciendo el conocimiento público de tales denuncias. ESTIMULAR EL CONTROL SOCIAL.
El debate sigue abierto, pero, como apuntaba el Decano del ICAB, defendiendo una Administración Pública como modelo garante de los derechos del ciudadano en su vida diaria: “el servicio público no es mercado, está fuera del mercado. Es imprescindible que permita al acceso de todos los ciudadanos que sean acreedores del mismo, sin los avatares de la pura especulación propia del mercado.”
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