El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la prórroga de un convenio entre el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y la Consejería de Economía y Hacienda, para el que se destinarán 36 millones durante 5 años para que los registradores de la propiedad sigan gestionando los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado hasta el año 2019.
Así lo anunció el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, quien destacó que "se trata de la tercera prórroga del convenio suscrito en 2002, y que permitirá que los registradores de la propiedad continúen liquidando y gestionando estos impuestos, evitando así una mayor burocracia a ciudadanos y empresas".
Sucesiones, ITP y AJD más bajo de todas las comunidades
El Gobierno regional rebajó a principios de 2014 un punto el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que es el que grava, por ejemplo, la compra de viviendas de segunda mano, lo que sitúa el tipo general como el más bajo de España. También rebajó un 25% el tipo general del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) quedando en el 0,75%, el más bajo de España.
Además, la Comunidad mantiene en 2014 la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) entre descendientes y adoptados (hijos, nietos), cónyuges, ascendientes y adoptantes (padres, abuelos). La recaudación por ISD hasta septiembre creció un 8% con
respecto al mismo periodo de 2013.
Oficinas liquidadoras
Entre las funciones encomendadas a las oficinas liquidadoras destacan la recepción de documentos y declaraciones, la información al público sobre la gestión completa de los impuestos y la revisión de todos los documentos y autoliquidaciones. Además, los registradores deberán emitir las liquidaciones provisionales, remitir la información periódica que determine la Comunidad de Madrid, archivar la documentación, recibir las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, y resolver los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por las propias oficinas liquidadoras.
Por último, las oficinas liquidadoras se encargan también de la instrucción de los posibles procedimientos sancionadores, así como de todas aquéllas tareas que, surgidas en el curso de la gestión encomendada, sean específicamente encargadas por la Comunidad de Madrid.
Competencias de la Comunidad de Madrid
Por su parte, la Comunidad de Madrid mantiene entre sus competencias la revisión y liquidación de las declaraciones tributarias que excedan de 30 millones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y de 100 millones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Asimismo es competencia de la Comunidad la tramitación de aplazamientos y fraccionamientos y la reclamación de las deudas generadas por las oficinas liquidadoras.
También es competencia de la Comunidad de Madrid la inspección de hechos imponibles de las liquidaciones, las devoluciones de ingresos indebidos, la tasación pericial contradictoria y la resolución de los procedimientos sancionadores instruidos por las Oficinas Liquidadoras. El
Reglamento estatal del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados permite a las Comunidades Autónomas encomendar funciones de gestión y liquidación de los citados impuestos.
