Esta suspensión se produjo tras el recurso de inconstitucionalidad que el pasado 20 de julio presentó ante el Tribunal Constitucional el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, tras la aprobación del Consejo de Ministros del 15 de julio.
Desde ese instante, el Gobierno de Extremadura "ha estado trabajando en buscar las soluciones y el consenso necesario tanto en Extremadura como con el Gobierno de España, para defender el interés general y lo mejor para la región", ha explicado el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Fruto de esa gestión lo constituye el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Extremadura y la Administración General del Estado, con fecha 3 de noviembre de 2011, mediante el cual el Estado "desistirá del recurso de inconstitucionalidad planteado, tan pronto como se proceda a modificar algunos de los artículos que fueron objeto del recurso", como se pone de manifiesto en la publicación del jueves 15 de diciembre del Diario Oficial de Extremadura, señala.
Así, y como consecuencia directa del auto del Tribunal Constitucional, "se restablece la plena vigencia" de los artículos de la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, que fueron objeto del recurso de inconstitucionalidad.
Por ello, el Gobierno de Extremadura se congratula por esta decisión, que "termina con la inseguridad e incertidumbre jurídica que producía la suspensión parcial de la legislación extremeña en materia de suelo, que de esa forma recobra su plena vigencia".
