Competencia para conocer de la acción de división de cosa común acumulada al proceso de separación, divorcio o nulidad (art. 438.3.4ª LEC)

Se nos plantea la cuestión de si son competentes los Juzgados de Familia esp...

Se nos plantea la cuestión de si son competentes los Juzgados de Familia especializados para conocer de la acción de división de la cosa común cuando se ejercite esta acción conjuntamente con la demanda de separación, divorcio o nulidad o en las demandas sobre eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas, acumulación permitida tras la introducción de la excepción cuarta en el aptdo. 3º del art. 438 LEC (EDL 2000/77463).

Esta modificación del precepto citado se produce por la disposición final tercera de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (EDL 2012/130653), disposición que se introduce por las enmiendas presentadas en la tramitación de la ley por el grupo parlamentario catalán Convergencia i Unió (CIU). Ello para dar respuesta al vacío producido tras declararse inconstitucional y nulo el art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de quince de julio, del Código de Familia -CF (EDL 1998/45031) y por la posibilidad de serlo también el actual art. 232-12 del Código Civil de Cataluña (EDL 2010/149454).

El art. 43 del Código de Familia disponía que u0022en los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y de ejecución en el orden civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas a que hace referencia el art. 42, de matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción de división de cosa común con respecto a los que tengan en pro indiviso. Si los bienes afectados son más de uno y la autoridad judicial lo estima procedente, aquellos pueden ser considerados en conjunto a efectos de la división. Si la sentencia da lugar a la acción de división de la cosa común, puede procederse a la indicada división de los bienes en el trámite de ejecución de la sentenciau0022.

En aplicación de este precepto la acción de división de bienes comunes se podía presentar conjuntamente con la demanda de nulidad, separación o divorcio y, al menos en Barcelona, de estas demandas conocían los Juzgados especializados de Familia, y ello por considerar que siendo competentes para conocer de los procesos de nulidad, separación o divorcio lo eran también para conocer de las acciones a ellos acumuladas al amparo del art. 43 CF. Pero como he indicado, este precepto ha sido declarado inconstitucional, y ello por Sentencia del TC de 16 de febrero de 2012 (EDJ 2012/17599), por entender que el legislador catalán se excedió en sus competencias legislativas, vulnerando el art. 149.1 de la Constitución Española (EDL 1978/3879), que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal, y ello por mucho que pueda entenderse que el precepto declarado nulo podía suponer una mejora de la legislación procesal para la Comunidad Autónoma. Como se señala en la citada sentencia u0022Como ya ha dicho este Tribunal, que una especialidad procesal pueda considerarse más o menos adecuada desde la perspectiva de la política legislativa en función de la realidad (Sentencia del TC 83/1986, de 26 de junio, FJ 2º) no es una razón que legitime constitucionalmente una innovación procesal de origen autonómico. La traslación de la precitada doctrina a la presente cuestión de inconstitucionalidad conduce inexorablemente a estimar que la norma procesal cuestionada no se adecua al orden constitucional de distribución de competencias, por lo que procede su declaración de inconstitucionalidadu0022.

Por la experiencia acumulada en los años de vigencia del precepto he de decir en su favor que con él se agilizaban los tramites al poder ejercitar las dos acciones conjuntamente, la relativa al vínculo matrimonial y la de división de los bienes comunes, evitando la multiplicidad de procedimientos, favoreciendo también a las partes por la considerable reducción de las costas procesales.

Pues bien, con la modificación introducida por la Ley 5/2012, de 6 de julio, se da respuesta al debate producido tras la sentencia del TC citada, pues el Código de Familia ha sido derogado por el Código Civil del Cataluña y su art. 232-12 tiene una redacción similar a la del art. 43 derogado. Se planteaba la cuestión de si era inconstitucional este nuevo precepto por el mismo motivo que fue declarado inconstitucional el derogado art. 43 y si, por tanto, debía plantearse una nueva cuestión de inconstitucionalidad con relación al nuevo precepto.

Como indico el problema ha sido solucionado con la introducción del núm. 4º del aptdo. 3º del art. 438 LEC, que recoge expresamente la posibilidad de acumular la acción de división de la cosa común con la de nulidad, separación o divorcio.

La cuestión que ahora se nos plantea es si el Juzgado competente para conocer esta demanda es el Juzgado especializado de Familia, o si éste no es competente por disponerlo así su decreto de creación que limita a muy determinadas materias su competencia, de forma que en las localidades donde existan Juzgados de Familia no podrán acumularse las acciones, debiendo conocer de la demanda de nulidad, separación o divorcio el Juzgado de Familia y de la acción de división de los bienes comunes el Juzgado ordinario. Siguiendo esta interpretación solo acumularse las acciones ante los Juzgados ordinarios que también tengan competencia en materia de familia.

El Real Decreto 1322/1981, de tres de julio, por el que se crean los Juzgados de Familia (EDL 1981/2862), dispuso en su art. 2 que u0022los nuevos Juzgados de Primera Instancia conocerán de forma exclusiva, por vía de reparto, de las actuaciones judiciales previstas en los títulos IV y VII del libro I del Código Civil, así como de aquellas otras cuestiones, que en materia de derecho de familia, les sean atribuidas por las leyesu0022. Con base en este precepto se ha venido manteniendo una competencia objetiva de estos juzgados especializados muy limitada, pudiéndose citar, entre otras, la Sentencia del TS de 2 de junio de 1994 (EDJ 1994/5079), que disponía que la competencia de estos juzgados u0022solamente abarca las actuaciones previstas en los títulos IV (artículos 42 a 107) y VII (artículos 154 a 180) del libro I del Código Civil y aquellas otras cuestiones que en materia de derecho de familia le sean atribuidas por las leyes (...) por lo tanto la exclusividad es de proyección negativa en cuanto no puede comprender otras cuestiones que las explicitadasu0022.

El art. 438, aptdo. 3º, núm. 4º, no hace una atribución expresa de la competencia a los Juzgados de Familia para estas acciones acumuladas, lo que dejaría zanjada la cuestión, pero implícitamente sí. Únicamente dispone que en los procedimientos de nulidad, separación o divorcio se puede acumular la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Pero sería contrario al espíritu de la nueva norma entender que esta acumulación solo podrá hacerse ante los Juzgados de Primera Instancia ordinarios y no ante los de Familia por el hecho de que el decreto de creación de estos limite su competencia a unas materias muy concretas y el artículo modificado no les atribuya expresamente competencia para ello.

No olvidemos que el precepto se introduce a consecuencia de la enmienda a la que antes he hecho referencia y ello para solventar el problema surgido tras la declaración de inconstitucionalidad del art. 43 CF, y que en Cataluña los Juzgados de Familia ya conocían de la acción acumulada. Entender lo contrario supondría un tratamiento discriminatorio para aquellas parejas que instan su demanda de divorcio ante un Juzgado especializado, ya que se verían obligadas a iniciar dos procedimientos, con mayores gastos y dilatando en el tiempo el conflicto, además de dejar apenas sin efectividad este precepto puesto que el mayor número de demandas de nulidad, separación y divorcio se tramitan por Juzgados especializados.

Para finalizar, he de indicar que a mi entender la redacción del precepto deja muchas incógnitas. ¿Se puede hacer la división de los bienes en la sentencia o debe dejarse para la fase de ejecución? ¿Debe ejercitarse la acción de división sobre todos los bienes comunes o pueden dejarse algunos en indivisión? ¿Qué procedimiento debe seguirse cuando hay una pluralidad de bienes y el Juez los considera en conjunto para realizar la división? ¿Además de la división de los bienes pueden plantearse otras cuestiones como por ejemplo la titularidad exclusiva de un bien o pagos realizados por uno solo de ellos o estas cuestiones deben dejarse para el procedimiento ordinario que corresponda?

Cierto es que el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, por el que se crean l...

Cierto es que el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, por el que se crean los Juzgados de Familia (EDL 1981/2862), establece en su art. 1.2 el ámbito de conocimiento de las actuaciones judiciales que los nuevos juzgados de primera instancia, de familia, conocerán de forma exclusiva, a la sazón, actuaciones previstas en los Títulos cuarto y séptimo del Libro primero del Código Civil, si bien se añade que también conocerán u0022de aquellas otras cuestiones que en materia de derecho de familia les sean atribuidas por las Leyesu0022.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (EDL 2012/130653), por medio de su Disp. Final 3ª, añade la excepción 4ª al núm. 3 del art. 438 LEC (EDL 2000/77463), en referencia a la reconvención y acumulación objetiva y subjetiva de acciones en los juicios verbales, en la redacción a la que se hace mención en el documento adjunto sobre la cuestión a debatir, y que no es necesario reproducir.

De la misma manera que los juzgados de familia tienen competencia para el conocimiento del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, de conformidad con lo establecido en el art. 806 y ss del texto procesal citado, como quiera que el art. 808 permite la posibilidad de solicitar la formación de inventario una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en cuestión, y a tenor de esta normativa específica contenida en dicha excepción cuarta del número 3 del citado precepto, y por tratarse de una cuestión meramente económica entre los cónyuges, no se entendería que siendo competente el juzgado de familia para la liquidación de cualquier régimen matrimonial, no lo sea para conocer de la acción de división de la cosa común, en virtud del artículo que se ha transcrito en el documento remitido por el foro abierto, si es que los cónyuges hacen uso de la facultad que legalmente se les reconoce.

En definitiva, la nueva normativa ofrece a los cónyuges la posibilidad u0022cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente...u0022 de ejercer simultáneamente a la acción principal de separación, divorcio o nulidad, y los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria e indivisa, y siendo ello así, es decir, el ejercicio de dicha acción en sede de procedimiento matrimonial, entiendo perfectamente asumible por los juzgados de familia la competencia para conocer de dicha pretensión económica.

Dicho lo que antecede, y por cuanto que la citada excepción 4ª del número 3 del art. 438 antes analizado permite el u0022EJERCICIO SIMULTÁNEO DE LA ACCION DE DIVISIÓN DE COSA COMÚNu0022, la demanda en cuestión deberá contener un otrosí por el que expresamente, al tiempo que se interpone la acción principal de carácter matrimonial, se solicite el ejercicio de dicha acción, a la que se dará el cauce procesal adecuado, procedimiento declarativo ordinario que corresponda, formándose pieza separada al respecto.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles ...

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (EDL 2012/130653), incurriendo de nuevo en una práctica legislativa viciosa que, no por reiterada y frecuente en los últimos tiempos, dejada de ser menos anómala e inadecuada, consistente en aprovechar la tramitación parlamentaria de una ley para regular cuestiones completamente ajenas a la materia u objeto de la misma. En este caso, la mencionada Ley 5/2012 introduce en su Disp. Final 3ª, dedicada a la modificación de la LEC, una excepción 4ª al número 3 del art. 438 LEC (EDL 2000/77463), referido a la reconvención y a la acumulación objetiva y subjetiva de acciones, con la redacción que se recoge en el planteamiento de la cuestión sometida a nuestra consideración, que no guarda relación alguna con la mediación, objeto de regulación en la citada ley, ni constituye una norma dirigida a adaptar un precepto de la LEC a lo dispuesto en la citada Ley de Mediación.

En efecto, la nueva excepción 4ª del número 3 del art. 438 LEC no tiene por objeto u0022cohonestar la regulación (de la LEC) con el encaje de la mediación en los procedimientos judicialesu0022, pese a ser ese el objetivo que, según el Preámbulo de la Ley 5/2012 (aptdo. V), persiguen las disposiciones finales de dicho texto legal. Tampoco supone una modificación de carácter procesal que facilite la aplicación de la mediación dentro del proceso civil, ni el artículo 438.3.4ª es un precepto que articule la adecuada interrelación entre la mediación y el proceso civil. Se trata de una norma que viene a dar solución al problema procesal creado en el territorio de Cataluña por la declaración de inconstitucionalidad del art. 43.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, del Código de Familia (EDL 1998/45031), llevada a cabo por la STC de 16 de febrero de 2012 (EDJ 2012/17599), de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera en la cuestión de inconstitucionalidad nº 5394/2006.

Dicha sentencia, en aplicación del art. 149.1.6 CE (EDL 1978/3879), declara inconstitucional el art. 43.1 del Código de Familia de Cataluña aprobado por la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1998, de 15 de julio, porque invade una u0022competencia exclusivau0022 del Estado al permitir la acumulación de la acción de divorcio y liquidación de bienes en los matrimonios sujetos al régimen de separación de bienes, algo que no permite la LEC.

Dicha declaración de inconstitucionalidad afecta al actual art. 232-12 del Código Civil de Cataluña, Libro II (EDL 2010/149454), reproducción del art. 43.1 anterior, que dispone:

u0022En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los dirigidos a obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la acción de división de cosa común respecto a los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa.u0022

Ante la declaración de inconstitucionalidad del art. 43.1 del Código de Familia catalán, de idéntica redacción a la del actual 232-12 del Código Civil de Cataluña y su subsiguiente nulidad, el legislador nacional sale al paso y, para evitar en el territorio de Cataluña las consecuencias derivadas de dicha nulidad, incorpora a la LEC un precepto, prácticamente idéntico al declarado nulo, que viene a constituir, cuando menos, un elemento extraño en dicha Ley en la medida en que, de una parte, en los territorios de derecho común el régimen económico matrimonial legal supletorio es el de gananciales y no el de separación absoluta de bienes, como en Cataluña, por lo que en aquellos no se siente necesidad alguna de regular esta cuestión, y, de otra parte, porque cabe cuestionar si, en los territorios de derecho civil especial o foral que establecen como régimen económico matrimonial legal supletorio de primer grado el de separación absoluta de bienes, resulta necesaria una norma como la analizada e, inclusive, su verdadera utilidad práctica. Piénsese que el ejercicio conjunto de la acción de división de los bienes comunes junto con la acción de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia únicamente conducirá a que en la sentencia recaída en el proceso matrimonial el juez declare procedente la acción de división, dejando para la fase de ejecución de dicha sentencia, la materialización de la división, pero sin resolver el problema del procedimiento que deba seguirse para la efectiva división.

En suma, ante la polémica doctrinal existente en torno a si cabe o no seguir el procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial regulado en los arts. 806 a 810 LEC para la liquidación de los regímenes económico matrimoniales de separación de bienes (en la medida en que tales regímenes u0022no determinan la existencia de una masa común de bienesu0022, como exige el art. 806 LEC), el legislador, obviando tal cuestión, opta por admitir la acumulación de la acción de división de cosa común en el proceso matrimonial, dejando sin resolver el problema, también existente en Cataluña antes de la STC indicada, de qué procedimiento debe seguirse para la efectiva división del bien o bienes comunes afectados por la acción divisoria, aunque parece apuntar al procedimiento previsto en el art. 810 LEC al decir que u0022si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlosu0022. Nada dice el precepto para el supuesto de que ninguno de los cónyuges solicite del tribunal la formación de lotes de bienes para adjudicarlos o enajenarlos. Habría sido mucho más sencillo y correcto, desde una perspectiva técnica, modificar el art. 806 LEC para establecer la aplicabilidad del procedimiento de liquidación previsto en el mismo a las masas de bienes que los cónyuges tengan en comunidad ordinaria indivisa. Eso sí, daría solución al problema al reconducir el ejercicio de la acción de división de cosa común sobre una multiplicidad de bienes tenidos por los cónyuges en comunidad ordinaria a un procedimiento de liquidación de masas patrimoniales, lo cual no es equivalente al ejercicio acumulado, en un mismo proceso, de la acción de división de cosa común que un cónyuge ejercite contra el otro respecto de varios bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa, en el que, salvo petición expresa de una de las partes, el juez no puede considerar los bienes comunes en conjunto a efectos de formar lotes o adjudicarlos a uno de ellos.

Pues bien, prescindiendo ahora de los múltiples problemas interpretativos que, tanto desde una perspectiva sustantiva como procesal, el nuevo precepto plantea, y centrándonos en el análisis de la cuestión formulada en el presente foro abierto, mi respuesta a la misma es afirmativa.

Los Jugados de Familia especializados son competentes objetivamente para conocer de la acción de división de la cosa común que cualquiera de los cónyuges ejercite, por vía de demanda o de reconvención, en el proceso de separación o divorcio o reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas. Ha de tenerse en consideración que el efecto principal de la acumulación objetiva de acciones es que todas las acciones acumuladas se discutan en el mismo proceso y se resuelvan en la misma sentencia, conforme dispone el art. 71.1 LEC.

En consecuencia, al establecer la nueva excepción 4ª del art. 438.3 LEC, la posibilidad de ejercitar simultáneamente, acumulándolas, las acciones de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas, y la acción de división de la cosa común, es evidente que atribuye competencia objetiva para conocer de la acción acumulada (la de división de la cosa común) al mismo juzgado que tiene competencia para conocer de la acción principal. Es la propia LEC la que establece la competencia objetiva para conocer de la acción de división acumulada y, por tanto, frente a ese título de atribución competencial objetiva, no puede esgrimirse que los juzgados especializados en familia carecen de competencia objetiva para conocer de la acción de división según su Decreto de creación puesto que, en virtud del principio de jerarquía normativa, ha de prevalecer lo establecido en una ley posterior sobre lo dispuesto en un Decreto anterior. Es cierto que el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, de creación de los Juzgados de Familia (EDL 1981/2862), atribuye a estos, en su artículo 1.dos, competencia objetiva para conocer, de modo exclusivo, por vía de reparto, de las actuaciones judiciales previstas en los Títulos IV (u0022Del matrimoniou0022) y VII (u0022De las relaciones paterno filialesu0022) del Libro I del Código civil (EDL 1889/1) y que la acción de división de cosa común aparece regulada en Título III del Libro II del Código civil, por lo que, en principio, el conocimiento de la acción de división queda fuera del ámbito competencial de dichos juzgados de familia. Es cierto también que el art. 73.1.2º LEC dispone que no es admisible la acumulación cuando las acciones a acumular deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo y que, siendo el juicio matrimonial un proceso especial (arts. 769 a 778 LEC) no cabe acumular a él acciones que deben sustanciarse en un proceso común, verbal u ordinario, como la acción de división de cosa común. Pero la nueva regla 4ª del apartado 3 del art. 438 LEC supone una excepción, para el juicio especial matrimonial, a las normas generales sobre acumulación objetiva de acciones y esa nueva norma legal, además, atribuye la competencia objetiva para conocer de la acción de división de la cosa común, acumulada a la acción matrimonial de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento, al mismo juez de primera instancia al que corresponda conocer de la acción matrimonial, tanto si se trata de un juzgado de primera instancia ordinario como si lo es de uno especializado en familia.

Por otra parte, no puede dejar de recordarse que el art. 1.dos RD 1322/1981, de 3 de julio, de creación de los Juzgados de Familia, atribuye a éstos competencia para conocer de las actuaciones judiciales previstas en los Título IV y VII del Libro I del Código civil, y u0022de aquellas otras cuestiones que, en materia de Derecho de Familia, les sean atribuidas por las leyesu0022 y es evidente que la nueva excepción 4ª del apartado 3 del art. 438 LEC les atribuye competencia para conocer de una cuestión relacionada con el Derecho de Familia, cual es la acción de división de bienes que los cónyuges tengan en comunidad ordinaria indivisa siempre que ejerciten dicha acción acumulada a la matrimonial de separación, divorcio, nulidad o reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas.