Una DANA no constituye, por sí misma, un riesgo extraordinario a efectos del seguro. Esta distinción, que puede pasar inadvertida para muchos afectados, resulta determinante para saber quién debe indemnizar los daños y cuáles son los límites de esa indemnización. Los recientes episodios de inundaciones vuelven a poner de manifiesto la importancia de esta cuestión, especialmente cuando los informes de la AEMET advierten de que el calentamiento del Mediterráneo intensificará estas tormentas, con el consiguiente aumento de la siniestralidad en viviendas, industrias y vehículos.
La cuestión fundamental es determinar cuándo corresponde indemnizar al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y cuándo puede entrar en juego la aseguradora privada.
El derecho a indemnización depende de que el daño encaje en el catálogo cerrado de acontecimientos extraordinarios fijados por el Real Decreto 300/2004, que define con precisión conceptos como la inundación extraordinaria o la tempestad ciclónica atípica. Por tanto, para activar la cobertura consorcial debe acreditarse un nexo causal directo entre el riesgo regulado y el perjuicio sufrido.
Riesgo extraordinario
La aseguradora privada no opera, con carácter general, como una cobertura residual frente a la del Consorcio. Si el daño deriva de un riesgo extraordinario cubierto por el CCS, será este quien deba asumirlo conforme a su normativa. La posible cobertura privada de otros daños producidos durante el mismo episodio dependerá de que respondan a riesgos ordinarios incluidos en la póliza.
Así, un mismo fenómeno meteorológico puede provocar daños sujetos a distintos regímenes de cobertura.
El Consorcio asume los daños derivados de inundaciones extraordinarias y tempestades ciclónicas atípicas. En este último caso, deben acreditarse rachas de viento superiores a los 120 km/h o la presencia de tornados, según los parámetros del artículo 2 del Real Decreto 300/2004.
Su intervención, sin embargo, no constituye una ayuda pública para compensar cualquier daño causado por una catástrofe. Es necesario disponer de una póliza vigente que reúna los requisitos previstos en la normativa del seguro de riesgos extraordinarios.
Tampoco significa que todos los daños vayan a ser indemnizados íntegramente. En los riesgos comerciales, industriales y de oficinas se aplica, con carácter general, una franquicia del 7 % sobre los daños indemnizables, de la que quedan exentos los daños en viviendas, comunidades de propietarios y vehículos asegurados.
Para las empresas, la pérdida de beneficios tampoco queda cubierta automáticamente: esta garantía debe estar expresamente contratada y la paralización de la actividad debe ser consecuencia de un daño material cubierto.
Por otro lado, cuando los daños no procedan de un riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio, habrá que examinar la póliza privada. Es el caso, por ejemplo, de determinadas filtraciones a través de cubiertas o tejados, problemas en redes de desagüe o daños derivados de vientos que no alcancen los umbrales exigidos. Su cobertura dependerá de las garantías contratadas y de los límites, sublímites, franquicias y exclusiones de cada póliza.
Por ello, la peritación resulta esencial para identificar la causa de cada daño y determinar quién debe indemnizarlo. En una misma nave industrial o un edificio residencial pueden coexistir desperfectos por inundación extraordinaria, cubiertos por el Consorcio, y otros derivados de filtraciones cuya cobertura deba analizarse conforme al seguro privado.
También importa el estado de conservación de los bienes. La normativa del Consorcio excluye los daños debidos a vicios o defectos propios de la cosa asegurada o a su manifiesta falta de mantenimiento. En el seguro privado, las consecuencias de una conservación o prevención deficientes dependerán de las circunstancias del siniestro y de lo previsto en la póliza.
Cobertura consorcial
A estas cuestiones se suma el infraseguro. Si los capitales declarados por el asegurado en la póliza son inferiores al valor real de los intereses, puede aplicarse la regla proporcional tanto en el seguro ordinario como en la cobertura consorcial, salvo que exista una modalidad de aseguramiento que excluya o module su aplicación. Por ello, mantener actualizadas las sumas aseguradas resulta fundamental para evitar indemnizaciones inferiores a las esperadas.
La creciente intensidad de estos fenómenos exige mejorar la coordinación con el Consorcio, reforzar la peritación causal y revisar si los productos aseguradores responden a los nuevos escenarios de riesgo. Para empresas y particulares, la prevención también pasa por revisar capitales, garantías y exclusiones antes de que se produzca el siniestro. De lo contrario, el verdadero alcance de la protección contratada puede descubrirse cuando los daños ya se han producido.
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