El texto constaba de un artículo único, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y dos disposiciones finales.
El real decreto-ley preveía modificar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y disponía que, cuando venciera un contrato de arrendamiento de vivienda habitual o alguna de sus prórrogas, si no se notificaba por alguna de las partes la voluntad de no prorrogarlo, este "se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años o de siete si el arrendador es una persona jurídica".
Si el arrendador comunicaba la voluntad de no prorrogar el contrato, estaría "obligado a indemnizar al arrendatario con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades".
La indemnización no habría procedido si el arrendador acreditaba debidamente su necesidad de destinar la vivienda arrendada de forma "permanente para sí, para sus familiares en segundo grado o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial". No obstante, el arrendatario podría recibir la indemnización por parte del arrendador "si en los tres meses siguientes desde la entrega de la vivienda esta no hubiera sido ocupada por las personas indicadas salvo causa de fuerza mayor".
Entre otras causas por las que el arrendatario no podría recibir la indemnización se encuentra el "no haber habitado la vivienda arrendada durante más de seis meses en los doce anteriores salvo causa justificada".
